Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
Melella reconoce la destrucción de empleo, pero evita señalar a los responsables y acompaña cambios productivos que profundizan la crisis. Entre el silencio frente a Nación y la complicidad provincial, el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores fueguinos.
Desde hace tres meses consecutivos, trabajadores del Gobierno de la Provincia que se desempeñan bajo la modalidad de locación de servicios vuelven a atravesar una situación que ya se había denunciado públicamente en noviembre y que, lejos de resolverse, se transformó en una práctica habitual: el cobro de apenas el 50% de sus honorarios mensuales.
Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.
Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
La Comisaría de Género y Familia de Río Grande, ubicada en el barrio Intevu, en Thorne N° 2140, atraviesa una grave situación luego de que se le retirara el medidor de gas por falta de pago, dejando al edificio sin calefacción en un contexto climático adverso
La Dirección Provincial de Energía comunicó a los vecinos de Ushuaia que este jueves 11 de diciembre habrá una interrupción del servicio eléctrico para facilitar reparaciones urgentes de la DPOSS, lo que reactiva el debate sobre la estabilidad de la infraestructura urbana.
Tras rechazar la propuesta del gobierno, ATE anticipó que podrían profundizarse las medidas si el lunes no surge una propuesta superadora.
La pulseada entre el gremio y el Gobierno fueguino se endureció con una medida de fuerza que interrumpió la circulación en el acceso a Ushuaia, en reclamo por una recomposición salarial urgente frente a la inflación.
El gremio docente definió una intensa agenda del 27 al 31 de octubre con mandatos, mesas de diálogo con Educación y un congreso provincial en Río Grande.
Solo un tercio de las jornadas completas; Tierra del Fuego vive un colapso educativo silencioso. Con apenas 60 días de clases en lo que va del año, la provincia más austral del país está hipotecando el futuro de miles de chicos. La escuela pública fueguina se apaga entre paros, falta de gestión y desinterés de la dirigencia, mientras una generación entera crece sin aprender, sin rutinas y sin esperanza.
La escalada del conflicto escolar empujó a los padres fueguinos a una medida de fuerza. Ante la incertidumbre y la falta de clases, el colectivo "Padres en Lucha" se movilizará este martes 14 para interpelar a las autoridades provinciales. Exigen la normalización inmediata del ciclo lectivo y que los chicos dejen de ser "rehenes" del tire y afloje sindical y político.
Soledad Rottaris, secretaria General Adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), se refirió a la situación actual del sector docente tras la mesa paritaria salarial llevada a cabo con el Ejecutivo. Rottaris informó que la propuesta presentada está siendo evaluada por los docentes, pero aseguró que aún no alcanza las expectativas de los trabajadores.
En medio de apagones, hospitales sin recursos y escuelas en conflicto, el Gobierno provincial se sigue desmoronando: renuncias en cadena, cambios improvisados y un gabinete cada vez más debilitado reflejan una gestión en crisis que no logra dar respuestas a las necesidades básicas de los fueguinos.
En otra jornada donde varias zonas de la localidad se encuentran sin servicio por las interrupciones programadas, los vecinos hartos de esta situación se movilizaron hasta la Delegación de Gobierno de la Provincia para exigir una solución urgente.
Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.
Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.
En los últimos días se concretó el inicio del hormigonado de la estructura, una instancia fundamental que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio y dar forma definitiva al proyecto.
Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.
Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.
El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.