La Dirección Provincial de Energía comunicó a los vecinos de Ushuaia que este jueves 11 de diciembre habrá una interrupción del servicio eléctrico para facilitar reparaciones urgentes de la DPOSS, lo que reactiva el debate sobre la estabilidad de la infraestructura urbana.
Actualidad10/12/2025
Polo Sur
USHUAIA.- El jueves 11 de diciembre, en esta ciudad, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica que comenzará a las 09:30. La Dirección Provincial de Energía (DPE) confirmó que la medida se toma para garantizar la seguridad durante las tareas de reparación de una cañería. Estos trabajos, que estarán a cargo de personal de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), se centran en la calle Maipú, justo enfrente de la Fábrica de Talento.
La población capitalina ya no disimula su malestar ante la seguidilla de interrupciones del suministro que se registraron durante la actual gestión del gobernador Gustavo Melella. El hartazgo de la comunidad ante la recurrencia de estos incidentes genera un clima de fuerte indignación y reclamos a las autoridades.
Para que las cuadrillas de la DPOSS puedan trabajar sin riesgos, resulta indispensable desconectar temporalmente el Alimentador Nº 2. La DPE argumenta que en esa zona crítica atraviesa un cable de media tensión, lo que obliga a extremar las precauciones de seguridad. Según la información provista por la DPOSS, la interrupción del servicio se estima entre tres y cinco horas.
Este nuevo episodio de corte programado afectará a un amplio sector de la ciudad.
Zonas afectadas:
El cuadrante que va desde la calle Guaraní hasta 9 de Julio, y que se extiende desde Gobernador Paz hasta Maipú.
El sector delimitado por las calles 25 de Mayo y Don Bosco, con extensión desde Magallanes hasta Deloqui.
Todas las áreas circundantes al Cuartel de Bomberos ubicado en la intersección de Magallanes y Don Bosco.
La totalidad del Barrio 245 Viviendas.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.
Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.
Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.
Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.
En los últimos días se concretó el inicio del hormigonado de la estructura, una instancia fundamental que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio y dar forma definitiva al proyecto.
Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.
Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.
Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.
Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.
Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.
Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.
El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.