En medio de un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo en la industria fueguina, el intendente de Río Grande, Martín Perez, avanzó con una propuesta concreta ante el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina que busca dar respuesta inmediata a los trabajadores afectados y, al mismo tiempo, generar condiciones reales para su reinserción laboral.

El equipo económico de la gestión de Melella encabezado por Alejandro Barrozo, expuso ante los parlamentarios la delicada situación de las arcas estatales, marcada por un déficit que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones básicas. Durante el encuentro, se analizó la dependencia de los adelantos de coparticipación nacional para poder afrontar el pago de los salarios estatales que podrían pagarse de forma escalonada y hasta en cuotas.

En el marco de la reunión de comisión, el legislador Löffler recriminó al ministro de Economía que el gobierno provincial ajusta a los municipios, a los trabajadores y a las familias, sin avanzar en una reducción de la planta política del gobernador Melella. Asimismo, cuestionó un modelo de gestión sin rumbo, basado en una mayor presión fiscal y en el deterioro de servicios esenciales como la salud y la educación.

En plena crisis fiscal, con una provincia que se endeuda para pagar sueldos y sostener el funcionamiento básico del Estado, el gobernador minimiza el costo de 1200 cargos políticos y deja al descubierto una lógica preocupante: mientras el ajuste golpea a la sociedad, el gasto de la política sigue siendo intocable.

Mientras declama soberanía en cada discurso y se muestra en escenarios cargados de simbolismo patriótico, el gobernador que autorizó la instalación de un radar de origen británico con capacidad militar en territorio fueguino enfrenta una contradicción imposible de disimular: cuando las decisiones de gobierno van en sentido opuesto a las palabras, la soberanía deja de ser una causa y pasa a ser un recurso político vacío.

La imagen negativa de la gestión ya roza el 60% en medio del caso $Libra, polémicas internas y una creciente preocupación social por salarios y empleo.

Un nuevo apagón general expuso otra vez la vulnerabilidad de la capital fueguina. Esta vez, el problema estuvo en la presión de gas que alimenta la usina, mientras tanto Melella y Castillo siguen vendiendo humo.

Un gobernador ausente, una provincia sin rumbo, mientras Tierra del Fuego enfrenta una de sus etapas más críticas de su historia, el principal responsable político parece haberse mudado a Buenos Aires, lejos de los problemas reales de los fueguinos y cada vez más cerca de una desconexión que empieza a pasar factura.

En medio de un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo en la industria fueguina, el intendente de Río Grande, Martín Perez, avanzó con una propuesta concreta ante el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina que busca dar respuesta inmediata a los trabajadores afectados y, al mismo tiempo, generar condiciones reales para su reinserción laboral.

El equipo económico de la gestión de Melella encabezado por Alejandro Barrozo, expuso ante los parlamentarios la delicada situación de las arcas estatales, marcada por un déficit que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones básicas. Durante el encuentro, se analizó la dependencia de los adelantos de coparticipación nacional para poder afrontar el pago de los salarios estatales que podrían pagarse de forma escalonada y hasta en cuotas.

En el marco de la reunión de comisión, el legislador Löffler recriminó al ministro de Economía que el gobierno provincial ajusta a los municipios, a los trabajadores y a las familias, sin avanzar en una reducción de la planta política del gobernador Melella. Asimismo, cuestionó un modelo de gestión sin rumbo, basado en una mayor presión fiscal y en el deterioro de servicios esenciales como la salud y la educación.