A casi un año de la denuncia penal que sacudió los cimientos de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Río Grande, la impunidad política y el letargo judicial en Tierra del Fuego vuelven a quedar bajo la lupa del poder central. El próximo 20 de junio se cumple el primer aniversario de la presentación judicial que destapó una trama de malversación de fondos públicos, defraudación, enriquecimiento ilícito y presunta asociación ilícita dentro de la cúpula administrativa. La causa fue impulsada originalmente por un ex-empleado de la institución, Roberto Carlos Rainieri Fuentes, quien tras su despido decidió canalizar formalmente las gravísimas maniobras que había advertido dentro de la entidad. Sin embargo, a doce meses del escándalo, el expediente sigue congelado en un limbo procesal, careciendo incluso de un juez definitivo que se digne a avanzar.