Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.
Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial
Con un esquema de retenciones más alto que el de otras provincias, sin incentivos fiscales, sin previsibilidad y con un gobierno provincial aislado de las decisiones nacionales, Tierra del Fuego queda fuera del radar inversor. En este contexto de desventaja estructural, ninguna empresa razonable apostará capital en Terra Ignis, mientras Neuquén, Santa Cruz y Chubut exportan con beneficios y reglas más competitivas.
Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.
Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.
La unidad duró lo que tardó el ajuste en llegar a las cajas municipales. Mientras antes se llamaba a “estar todos juntos”, una resolución del gobernador Gustavo Melella que recortó recursos a los municipios desató el rechazo inmediato del intendente Walter Vuoto. Del discurso de unidad al conflicto abierto, quedó en evidencia que el acuerdo político era frágil y sostenido solo mientras los intereses económicos estuvieron alineados.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.
Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.
Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.
Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.
En los últimos días se concretó el inicio del hormigonado de la estructura, una instancia fundamental que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio y dar forma definitiva al proyecto.
Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.
La llegada a Ushuaia de un avión oficial del aparato de defensa de Estados Unidos, rodeada de hermetismo y sin explicaciones públicas, reaviva las alertas sobre el rol estratégico de la ciudad y suma un elemento inquietante al reciente proceso de intervención del Puerto. Con antecedentes internacionales que muestran que estas visitas suelen anticipar acuerdos de acceso y control logístico, el silencio oficial alimenta una sospecha inevitable: ¿se está reordenando el Puerto de Ushuaia como antesala de negociaciones geopolíticas que comprometen intereses estratégicos y soberanos de Tierra del Fuego?
Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.
La intervención del Puerto de Ushuaia expone las consecuencias de un modelo de gestión provincial sin planificación ni previsibilidad. En Tierra del Fuego, gobernar sin rumbo tiene costos concretos en trabajo, educación, salud e institucionalidad, que hoy paga la sociedad fueguina.
En medio de una crisis financiera que asfixia a empresas y familias fueguinas, el Banco de Tierra del Fuego anuncia alianzas y “herramientas” sin montos, tasas ni plazos. Detrás del lenguaje técnico y los acuerdos marco, no hay financiamiento concreto ni impacto inmediato en la economía real. Cuando el crédito no aparece, el discurso deja de ser estrategia y pasa a ser vacío.
La llegada a Ushuaia de un avión oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en un contexto de hermetismo y tensiones geopolíticas, reaviva las alertas sobre el rol estratégico de la ciudad como puerta de entrada a la Antártida y eje del control bioceánico en el Atlántico Sur. Sin información oficial, el aterrizaje del Boeing C-40 Clipper alimenta sospechas sobre negociaciones de alto nivel que podrían comprometer intereses soberanos de Tierra del Fuego y del país.
Silvina Sterin Pensel reportaba desde Nueva York cotidianamente y fue desvinculada tras presiones de la Daia y referentes sionistas
El último adiós al legendario diseñador reunió a grandes referentes de la moda y el espectáculo en un emotivo homenaje que recordó el impacto de Valentino Garavani en la historia de la alta costura mundial
Mientras el Gobierno nacional avanza con decisiones que desmantelan la industria fueguina —caída de aranceles, vaciamiento del FAMP, suspensión de ATN y obra pública—, el gobierno provincial responde con más gasto, más déficit y más endeudamiento para sostener gastos corrientes. Por acción y por omisión, Milei y Melella se convierten en socios de una misma crisis: uno ataca el modelo productivo, el otro fracasa en defenderlo y administrar el Estado. El resultado es una provincia al borde del colapso económico y social.
La empresa de colectivos La Nueva Metropol fue denunciada de defraudar al Estado en 30 mil millones alterando datos de la SUBE y casualmente libertario el ex secretario de Transporte, Luis Pierrini, no hizo nada.
Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
La unidad duró lo que tardó el ajuste en llegar a las cajas municipales. Mientras antes se llamaba a “estar todos juntos”, una resolución del gobernador Gustavo Melella que recortó recursos a los municipios desató el rechazo inmediato del intendente Walter Vuoto. Del discurso de unidad al conflicto abierto, quedó en evidencia que el acuerdo político era frágil y sostenido solo mientras los intereses económicos estuvieron alineados.
Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.
Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.
Con un esquema de retenciones más alto que el de otras provincias, sin incentivos fiscales, sin previsibilidad y con un gobierno provincial aislado de las decisiones nacionales, Tierra del Fuego queda fuera del radar inversor. En este contexto de desventaja estructural, ninguna empresa razonable apostará capital en Terra Ignis, mientras Neuquén, Santa Cruz y Chubut exportan con beneficios y reglas más competitivas.
Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial
Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.