PoloSur
Según el informe "Impacto adverso del contrabando y la subfacturación en la economía argentina", elaborado por MAP Latam, el país se encuentra entre los más afectados por estas prácticas ilegales. Este estudio se centra en 15 sectores específicos y proyecta una pérdida fiscal equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cifra es comparable al 120% de la recaudación por Impuestos Internos, lo que podría traducirse en la construcción de 2.400 escuelas o 120 centros de salud ambulatorios.
Juan Pablo Ronderos, director de MAP Latam, destacó la necesidad de un equilibrio en la apertura comercial, advirtiendo que "hubo una desregulación exagerada en algunos puntos". Ronderos señaló que, aunque Argentina ha transitado de una economía cerrada, no cumple con todas las normativas establecidas por la OCDE, Europa y Estados Unidos. Además, enfatizó que "el contrabando ya no es coyuntural, va empeorando".
La consultora estima que, para el año 2026, la AFIP dejaría de recibir aproximadamente US$ 2.283 millones debido al contrabando de mercancías y US$ 572 millones por la subfacturación de importaciones. Esta última práctica implica declarar ante la Aduana un valor inferior al real para eludir el pago de impuestos y aranceles. Cabe destacar que los sectores analizados representan solo el 2,6% del PBI, lo que sugiere que el impacto del comercio ilícito podría ser aún más significativo.
En cuanto a los sectores más afectados, la perfumería árabe se posiciona como líder en el contrabando, con un 83% del mercado compuesto por productos ingresados de manera ilegal. Le siguen los teléfonos celulares, con un 40%, y los juguetes, con un 33%. Además, el 30% de las compras externas de textiles e indumentaria y de marroquinería son subfacturadas. Otras categorías también presentan cifras preocupantes: el 25% de los televisores, el 22% de los pequeños electrodomésticos y el 16% de los productos de línea blanca son objeto de estas prácticas.
Asimismo, se observa una considerable presencia de productos ilegales en el sector de agroquímicos y yerba mate, con un 15%; en bebidas espirituosas, con un 13%; y en cigarrillos y neumáticos, con un 11%. En el caso del calzado deportivo, el contrabando representa el 10%, mientras que en el calzado no deportivo, el 17% del mercado corresponde a importaciones subfacturadas.
La problemática del contrabando también impacta en otros sectores, como el de alimentos, que incluye productos como huevos y alimentos envasados, así como en medicamentos y productos médicos. Además, se ve afectado el mercado de materiales de construcción y eléctricos, así como minerales no ferrosos como el cobre y el bronce, aunque el impacto en estos segmentos no ha sido completamente evaluado. "El mercado del neumático se derrumbó, pero el contrabando se mantiene o crece", afirmó Ronderos.
La mayor pérdida fiscal se registra en el sector de bebidas espirituosas, que incluye licores, whiskies y aperitivos (excluyendo cerveza), con un total de aproximadamente US$ 1.400 millones. A este le sigue el rubro de indumentaria, que pierde US$ 470 millones, afectado por el crecimiento de las plataformas digitales. En otros sectores, los celulares representan una pérdida de US$ 255 millones, los cigarrillos US$ 230 millones, y los agroquímicos US$ 205 millones.
De acuerdo con el índice de comercio ilícito TRACIT, Argentina ocupó el puesto 120 entre 158 países en 2025, quedando por detrás de las naciones del G20. Una posición más alta en este índice indica una mayor vulnerabilidad del país, que evalúa productos falsificados, bienes gravados con impuestos especiales, alcohol, agroquímicos, productos farmacéuticos y recursos no renovables.
En otro informe, el índice de Crimen Global Organizado, elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), posiciona a Argentina en el puesto 16 entre 193 países en relación con la criminalidad vinculada al comercio ilícito de bienes gravados. Esta posición representa un deterioro en comparación con 2023, cuando el país ocupaba el puesto 27. Afganistán se encuentra en el puesto más bajo, el 1.
El estudio también analiza el impacto del contrabando en el mercado laboral. Según MAP, esta actividad impide la creación de 11.300 empleos registrados en siete sectores donde se pudo realizar una estimación comparable. En estos sectores, había aproximadamente 51.500 trabajadores en 2025. Si la mercadería ilegal se hubiera producido localmente, el empleo podría haber sido un 22% superior durante este año.
Los efectos más significativos se observan en el sector de yerba mate, donde se podrían generar 3.400 puestos de trabajo adicionales, y en el de juguetes, con la posibilidad de crear 2.600 empleos. También se destacan los textiles, que podrían sumar 1.900 empleos potenciales; el calzado deportivo, con 1.100; los agroquímicos, con 1.000; la marroquinería, con 800, y los neumáticos, que podrían generar 500 empleos adicionales.
De acuerdo con el estudio titulado “Contrabando: el rol del Estado y de las plataformas de e-commerce”, realizado por Insight·LAC, el comercio ilícito en el país representa el 5,06% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que equivale a aproximadamente US$ 34.000 millones. Este cálculo engloba pérdidas fiscales, falsificaciones, el mercado negro y el contrabando, según la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI).
Ante la creciente presión del sector empresarial, el Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con la Unión Industrial Argentina (UIA) y plataformas digitales como Mercado Libre y Meta, que incluye Facebook e Instagram, con el objetivo de combatir el contrabando. Este convenio establece medidas para eliminar publicaciones que ofrezcan productos ilegales y retirar del mercado aquellos artículos que sean necesarios. Inicialmente, se intercambiará información relacionada con celulares, juguetes, cosméticos, neumáticos y notebooks.
El equipo económico del Gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a alcanzar un superávit primario del 1,4% para el año 2026, lo cual implica un ajuste significativo en el gasto público. Sin embargo, la creciente dificultad para continuar reduciendo el gasto y la caída de la recaudación en términos reales han incrementado la presión sobre el Gobierno para ampliar los recursos disponibles.
Fuente original: Clarín Economía.
