Polo Sur
El Gobierno provincial volvió a avanzar sobre los recursos de los municipios fueguinos. A través de una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, la gestión de Gustavo Melella dispuso un incremento de la alícuota destinada al Fondo de Prestaciones Prioritarias, una medida que reduce de manera directa la masa de fondos coparticipables que reciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La decisión impacta a partir de febrero de 2026 y vuelve a colocar a los municipios como variable de ajuste frente al deterioro de las finanzas provinciales. Lejos de presentar un programa integral para ordenar las cuentas públicas, el Ejecutivo opta por una salida rápida: recortar recursos a los gobiernos locales.
El dato político no es menor. El nuevo ministro de Economía nunca presentó un plan de equilibrio fiscal, ni un esquema claro de reducción del déficit, ni medidas orientadas a ordenar el gasto provincial. No hubo anuncios sobre revisión de estructuras, eliminación de gastos improductivos ni una hoja de ruta creíble para sanear las finanzas. La única “estrategia” visible hasta ahora es trasladar el ajuste a los municipios, que deben seguir garantizando servicios esenciales con menos recursos.
La resolución genera además fuertes cuestionamientos desde el punto de vista jurídico, ya que se apoya en una habilitación contenida en la Ley Provincial 1465, correspondiente al presupuesto 2023. Especialistas advierten que extender esa facultad a 2026 vulnera el principio de temporalidad presupuestaria, lo que deja la medida bajo un manto de duda legal y abre la puerta a eventuales impugnaciones.
En términos concretos, la reducción de la coparticipación afecta directamente la capacidad de los municipios para sostener servicios básicos como salud primaria, mantenimiento urbano, asistencia social, transporte y obra pública local. Todo ello sin que haya existido un debate legislativo previo ni mecanismos de compensación.
La medida expone una lógica reiterada del actual gobierno provincial: cuando faltan recursos, el ajuste no recae sobre la estructura del Estado provincial, sino sobre los municipios. En lugar de ordenar el gasto propio y asumir costos políticos, el Ejecutivo descarga el peso de la crisis sobre las ciudades, debilitando su autonomía financiera.
Mientras el gobernador Melella y su improvisado equipo económico evitan explicar cómo piensan alcanzar el equilibrio fiscal, las decisiones concretas avanzan en sentido contrario al discurso federal. Con esta resolución, el Gobierno provincial no solo profundiza el conflicto con los municipios, sino que confirma que no hay plan económico, solo ajuste por decreto.
RESOL ME N° 040-26 - exp n 6436-26 -Incremento alicuota Fdo Prestaciones Prioritarias.pdf
