
Por el abandono de la obra pública dos de cada tres rutas están en mal estado
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
Actualidad27/01/2026
Polo Sur
El Gobierno provincial volvió a avanzar sobre los recursos de los municipios fueguinos. A través de una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, la gestión de Gustavo Melella dispuso un incremento de la alícuota destinada al Fondo de Prestaciones Prioritarias, una medida que reduce de manera directa la masa de fondos coparticipables que reciben Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La decisión impacta a partir de febrero de 2026 y vuelve a colocar a los municipios como variable de ajuste frente al deterioro de las finanzas provinciales. Lejos de presentar un programa integral para ordenar las cuentas públicas, el Ejecutivo opta por una salida rápida: recortar recursos a los gobiernos locales.
El dato político no es menor. El nuevo ministro de Economía nunca presentó un plan de equilibrio fiscal, ni un esquema claro de reducción del déficit, ni medidas orientadas a ordenar el gasto provincial. No hubo anuncios sobre revisión de estructuras, eliminación de gastos improductivos ni una hoja de ruta creíble para sanear las finanzas. La única “estrategia” visible hasta ahora es trasladar el ajuste a los municipios, que deben seguir garantizando servicios esenciales con menos recursos.
La resolución genera además fuertes cuestionamientos desde el punto de vista jurídico, ya que se apoya en una habilitación contenida en la Ley Provincial 1465, correspondiente al presupuesto 2023. Especialistas advierten que extender esa facultad a 2026 vulnera el principio de temporalidad presupuestaria, lo que deja la medida bajo un manto de duda legal y abre la puerta a eventuales impugnaciones.
En términos concretos, la reducción de la coparticipación afecta directamente la capacidad de los municipios para sostener servicios básicos como salud primaria, mantenimiento urbano, asistencia social, transporte y obra pública local. Todo ello sin que haya existido un debate legislativo previo ni mecanismos de compensación.
La medida expone una lógica reiterada del actual gobierno provincial: cuando faltan recursos, el ajuste no recae sobre la estructura del Estado provincial, sino sobre los municipios. En lugar de ordenar el gasto propio y asumir costos políticos, el Ejecutivo descarga el peso de la crisis sobre las ciudades, debilitando su autonomía financiera.
Mientras el gobernador Melella y su improvisado equipo económico evitan explicar cómo piensan alcanzar el equilibrio fiscal, las decisiones concretas avanzan en sentido contrario al discurso federal. Con esta resolución, el Gobierno provincial no solo profundiza el conflicto con los municipios, sino que confirma que no hay plan económico, solo ajuste por decreto.
RESOL ME N° 040-26 - exp n 6436-26 -Incremento alicuota Fdo Prestaciones Prioritarias.pdf

El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.

El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.

Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.

Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.

Los cortes de agua y la baja presión ya no son hechos excepcionales en Ushuaia, sino una postal cotidiana de la mala gestión. Con comunicados casi diarios y barrios enteros afectados durante horas, el fracaso del organismo a cargo del servicio expone a funcionarios que, tras años en sus cargos, siguen sin garantizar un derecho básico. La falta de agua dejó de ser un problema técnico para convertirse en un símbolo del Estado que no funciona.

En los últimos días se concretó el inicio del hormigonado de la estructura, una instancia fundamental que permitirá avanzar próximamente con la colocación de la estructura metálica del edificio y dar forma definitiva al proyecto.

Los indicadores de confianza en el Gobierno muestran una nueva baja en enero, en un contexto de crisis económica que condiciona a la gestión de Javier Milei.

La llegada a Ushuaia de un avión oficial del aparato de defensa de Estados Unidos, rodeada de hermetismo y sin explicaciones públicas, reaviva las alertas sobre el rol estratégico de la ciudad y suma un elemento inquietante al reciente proceso de intervención del Puerto. Con antecedentes internacionales que muestran que estas visitas suelen anticipar acuerdos de acceso y control logístico, el silencio oficial alimenta una sospecha inevitable: ¿se está reordenando el Puerto de Ushuaia como antesala de negociaciones geopolíticas que comprometen intereses estratégicos y soberanos de Tierra del Fuego?

Las medidas de emergencia del establecimiento se dan en medio del estancamiento económico y la caída del consumo de carne.

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El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.

Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.