Arancel cero: Melella evita confrontar con Milei frente al ataque contra la industria fueguina

La entrada en vigencia del arancel cero para la importación de teléfonos celulares volvió a exponer una de las principales contradicciones políticas del gobernador Gustavo Melella: reconoce el daño que la medida provoca sobre el empleo y la industria fueguina, pero elige cuidadosamente no señalar al responsable directo de esa decisión, el Gobierno nacional.

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A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial describió con crudeza las consecuencias sociales y laborales de la eliminación de aranceles —pérdida de puestos de trabajo, familias en crisis y debilitamiento de la red de contención social—, pero evitó en todo momento mencionar o cuestionar al presidente Javier Milei y a su política económica.

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El silencio no pasó inadvertido. El Decreto Nacional 333/25, que elimina los aranceles a la importación de celulares, impacta de manera directa sobre el corazón del entramado productivo de Tierra del Fuego. Sin embargo, el gobernador optó por un mensaje cuidadosamente neutral, sin confrontación política ni reclamo institucional concreto hacia la Nación.

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La omisión resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta el contexto: una provincia con una caída del empleo del 9,6%, muy por encima del promedio nacional, y un Ejecutivo que semanas atrás debió recurrir a una desesperada solicitud de adelantos de coparticipación para poder garantizar el pago de salarios. En ese marco, crecen las versiones de un entendimiento político entre Melella y el presidente Milei, basado más en la necesidad financiera que en la defensa del trabajo fueguino.

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El gobernador habla de “no quedarse de brazos cruzados”, de modificar leyes y atraer inversiones, pero evita lo esencial: exigir que el Gobierno nacional revierta una medida que destruye empleo local. No hay anuncios de acciones judiciales, reclamos formales ni una estrategia clara para frenar el impacto del arancel cero. Solo palabras, estadísticas y una narrativa que esquiva el conflicto.

A este escenario se suma un dato que el gobierno provincial elige omitir: Tierra del Fuego no solo sufre decisiones nacionales, sino que también fue cómplice de su profundización. El Ejecutivo fueguino avaló en la Comisión del Área Aduanera Especial cambios en los procesos productivos que reducen etapas de fabricación local, una medida que, lejos de fortalecer la industria, consolida un modelo de menor valor agregado y menos puestos de trabajo. Mientras se habla de “defender el empleo”, se aprueban modificaciones que achican la producción real en las plantas y preparan el terreno para más despidos, dejando en evidencia una doble narrativa: discurso de protección hacia afuera y decisiones regresivas puertas adentro.

Mientras tanto, los trabajadores fueguinos siguen pagando el costo. La apertura indiscriminada de importaciones no es una abstracción económica: son fábricas que producen menos, turnos que se recortan y familias que pierden su sustento. Frente a eso, el mensaje político del gobernador parece más orientado a no incomodar al poder central que a defender con firmeza los intereses de la provincia.