Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.
Actualidad19/12/2025
Polo Sur
La exposición realizada en la Legislatura sobre la salida de YPF de Tierra del Fuego no trajo certezas ni tranquilidad. Por el contrario, dejó al desnudo un proceso desordenado, opaco y cargado de improvisación, que refleja con crudeza el estado actual de la política energética provincial. Problemas técnicos, ausencia de directivos de la petrolera y una presentación remota y fragmentada fueron el marco perfecto para una discusión que, lejos de aclarar el futuro, multiplicó las dudas.
Detrás de las fallas de audio y las conexiones inestables se esconde una realidad mucho más grave: YPF deja la provincia con un déficit operativo cercano a los 80 millones de dólares anuales, una actividad en franco retroceso y más de 500 trabajadores cuya continuidad laboral sigue sin un horizonte claro. No es un dato menor ni una contingencia externa: es el resultado de años de desinversión, falta de planificación y una política energética provincial que llegó tarde y mal.
El propio Gobierno reconoció que desde 2018 la operación es deficitaria. Sin embargo, durante ese mismo período, el discurso oficial habló de soberanía energética, fortalecimiento de la empresa estatal Terra Ignis y control estratégico de los recursos. Hoy, la distancia entre el relato y los números es abismal. De los más de 600 pozos existentes, casi la mitad está en proceso de abandono o estudio, lo que confirma un declive productivo que nadie logró revertir.
La paradoja es contundente: una provincia sin caja, que pide adelantos impositivos a empresarios locales para poder pagar salarios y aguinaldos, ahora pretende asumir —a través de su empresa estatal— la operación de un esquema que pierde 80 millones de dólares por año. Es una decisión que no resiste el más mínimo análisis financiero ni de gestión. El Estado provincial no logra controlar adecuadamente áreas sensibles como los hidrocarburos, no puede sostener su propio funcionamiento corriente y, aun así, se propone hacerse cargo de una infraestructura compleja, costosa y en retroceso.
La exposición legislativa contrastó brutalmente con el acto político de noviembre, cuando la cesión fue presentada como un “hito histórico”. Aquella foto con discursos épicos no alcanzó para ocultar lo que hoy queda en evidencia: no hay plan productivo, no hay plan financiero y no hay garantías operativas. La promesa de una transición ordenada convive ahora con un expediente incompleto, un acuerdo pendiente de aprobación y una Legislatura que recibe información a cuentagotas.
La responsabilidad política es ineludible. La salida de YPF no es solo una decisión empresarial asociada a Vaca Muerta; es también la consecuencia de una provincia que dejó a la deriva su producción petrolera, sin exigir inversiones, sin construir alternativas reales y sin preparar al Estado para el escenario que ahora enfrenta.
Mientras se habla de soberanía, la provincia pierde recursos, empleo y previsibilidad. Mientras se anuncian decisiones estratégicas, se gobierna al día, pidiendo adelantos para pagar sueldos y acumulando déficits que hipotecan el futuro. La política energética fueguina no está en transición: está en crisis.
Y en esa crisis, el mayor riesgo no es solo económico o productivo. Es institucional. Porque cuando el Estado confunde relato con gestión, el resultado no es soberanía. Es fragilidad.
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