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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Jorge Exequiel Acosta, conocido como el Tigre Acosta, deberá cumplir 35 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional debido a su condena por crímenes de lesa humanidad. Los jueces consideraron que las desapariciones forzadas que se le atribuyen son delitos permanentes, lo que justifica la aplicación de la Ley 25.990, sancionada en 2004, que establece que cada delito y cada imputado deben ser analizados por separado.
La decisión fue unánime y fue firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes rechazaron el recurso presentado por los abogados de Acosta contra la resolución del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba. Este tribunal había desestimado la solicitud de libertad condicional sin abrir el incidente correspondiente. La solicitud se tramitó en el contexto de la megacausa por crímenes de lesa humanidad conocida como “La Perla”, en la que participó el mismo tribunal.
La defensa de Acosta había cuestionado el rechazo del pedido, argumentando que no se habían presentado informes penitenciarios, no se había dado intervención a las partes ni se había realizado una audiencia previa. Sin embargo, Hornos indicó que el planteo fue discutido en una audiencia celebrada el 22 de octubre, donde la defensa tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos.
Por su parte, el fiscal general ante Casación, Javier Augusto De Luca, había solicitado la revocación de la decisión y la aplicación del régimen que estaba vigente al inicio de los hechos, el cual permitía la libertad condicional tras 20 años de encierro. Acosta se encuentra detenido desde el 24 de septiembre de 2003 y actualmente cumple prisión domiciliaria. Según el cómputo de su pena, deberá permanecer en esta situación hasta el 12 de enero de 2038, cuando tendrá 92 años.
El juez Mariano Borinsky, quien elaboró el voto principal, argumentó que el régimen aplicable es el de la Ley 25.892, que establece que se requieren 35 años de prisión para acceder a la libertad condicional en casos de condena perpetua. Su argumento principal fue que entre los delitos por los cuales Acosta fue condenado se encuentran las desapariciones forzadas, que son considerados delitos permanentes. Por lo tanto, concluyó que corresponde aplicar la norma vigente durante el último tramo de la conducta y que no existe retroactividad penal desfavorable.
En el análisis de la situación de El Tigre Acosta, se subrayó que la cuestión ya había sido resuelta en antecedentes de la propia Sala IV, abarcando tanto los procesos de Acosta como de otros condenados, tales como Antón y Barreiro. Se consideró que las nuevas circunstancias invocadas por la defensa, que incluían la unificación de penas, el cómputo cuestionado, así como la edad y el estado de salud de Acosta, no alteraban el requisito fundamental: el condenado aún no ha cumplido el plazo legal necesario.
Asimismo, se desestimó que el dictamen favorable del fiscal obligara al tribunal a actuar de determinada manera, ya que, según se explicó, dicho dictamen solo tiene vinculación cuando se fundamenta en el derecho aplicable. El camarista Javier Carbajo manifestó que coincidía “en lo sustancial” con el análisis realizado por Borinsky y se adhirió a la decisión de rechazar la casación sin costas. Su voto reafirma que estuvo de acuerdo con la aplicación de la ley 25.892 y con la improcedencia del recurso presentado.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos admitió formalmente el planteo, aunque coincidió con Borinsky en que los agravios presentados por la defensa no lograban desvirtuar lo resuelto anteriormente por la misma sala en una resolución del año 2025. Hornos destacó que el tribunal de ejecución había dejado abierta la posibilidad de revisar el tema si en el futuro se modificara el cómputo de pena, lo que podría alterar el requisito temporal.
De esta manera, los tres jueces coincidieron en que Acosta no cumple actualmente con el requisito temporal necesario para acceder a la libertad condicional y que el planteo defensivo no justificaba apartarse de los precedentes establecidos. Temas Relacionados Últimas Noticias Las causas contra jueces que heredará la nueva integración del Consejo de la Magistratura La Comisión de Acusación registra investigaciones contra magistrados de distintas jurisdicciones del país. Entre los nombres aparecen Alejandro Maraniello, Federico Villena y Cristina Pozzer Penzo. Algunas denuncias llevan casi tres años en trámite, mientras que otras fueron presentadas durante 2026. La Justicia autorizó a Nahuel Gallo a ser querellante en la causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad La Cámara Federal permitió que el gendarme tenga una representación propia para investigar las circunstancias de los 448 días que permaneció detenido en Venezuela. Los jueces consideraron que su situación presenta características distintas de las de otras víctimas. Rechazaron por cuarta vez el pedido de prisión domiciliaria de Lázaro Báez.
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Fuente original: Infobae Judiciales.
