Energía, obras y empresa: el poder concentrado que viola la ley en Tierra del Fuego

La designación de la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, como representante del Ejecutivo en el directorio de Terra Ignis no es un hecho administrativo menor ni una simple acumulación de tareas. Es una decisión que enciende una alerta jurídica e institucional grave, porque colisiona de frente con el régimen de incompatibilidades previsto por la legislación vigente y con los principios básicos de la ética pública.

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Castillo hoy concentra tres funciones simultáneas: ministra de Obras Públicas, subrogante del Ministerio de Energía y directora de la empresa estatal Terra Ignis, sociedad anónima cuyo objeto central es la explotación hidrocarburífera y la generación energética. No se trata de áreas inconexas. Por el contrario, son funciones directamente vinculadas entre sí, con capacidad de decisión, control, planificación y ejecución sobre el mismo sector económico.

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La Ley 19.550 de Sociedades Comerciales es explícita. En su artículo 264, inciso 4°, establece que no pueden ser directores ni gerentes de una sociedad los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos años después del cese de sus funciones. La razón de esta prohibición es clara: evitar que quien regula, controla o define políticas públicas sea, al mismo tiempo, quien administra o decide dentro de una empresa alcanzada por esas políticas.

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En este caso, la incompatibilidad es directa y evidente. Castillo no solo tiene competencia funcional sobre el área energética e hidrocarburífera desde el Estado, sino que además integra el órgano decisorio de la empresa estatal que opera en ese mismo sector. Que el cargo sea “ad honorem” no elimina ni atenúa la incompatibilidad: la ley no distingue por remuneración, sino por función y poder de decisión.

A esto se suma la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que refuerza la gravedad del cuadro. El artículo 13 prohíbe expresamente a los funcionarios públicos dirigir, administrar o representar entidades que desarrollen actividades reguladas por el propio Estado, cuando el cargo público tenga competencia directa sobre esas actividades. Terra Ignis no es una entidad ajena al Estado: es una empresa que opera en un sector fuertemente regulado, estratégico y bajo la órbita directa del Ministerio de Energía que la propia Castillo subroga.

Estamos, entonces, ante una doble infracción potencial: una incompatibilidad societaria y un conflicto de intereses ético. No es una discusión de género, de capacidad de trabajo ni de organización personal, como intentó plantear la ministra. No se trata de si una persona “puede hacer varias cosas a la vez”, sino de si puede hacerlo legalmente. Y la respuesta, a la luz de la normativa vigente, es profundamente dudosa.

Esta incompatibilidad no es un detalle formal: todas las decisiones que adopte Gabriela Castillo en su doble rol podrían quedar bajo sospecha, ser impugnadas administrativa o judicialmente y considerarse viciadas de ilegalidad. Cuando un funcionario actúa simultáneamente como autoridad de control y como parte interesada en la empresa regulada, cada resolución, contrato o acto administrativo queda expuesto a nulidad, generando un riesgo institucional serio y una inseguridad jurídica que la provincia no puede darse el lujo de asumir.

El contexto agrava aún más la situación. Terra Ignis se prepara para asumir áreas que deja YPF, en un escenario de pérdidas anuales cercanas a los 80 millones de dólares, pasivos ambientales, incertidumbre laboral y decisiones estratégicas de enorme impacto económico. Que quien debe diseñar, controlar y evaluar la política energética provincial sea, al mismo tiempo, parte del directorio de la empresa ejecutora, elimina cualquier frontera entre control y gestión, y vacía de contenido los mecanismos de transparencia.

La acumulación de poder, lejos de fortalecer al Estado, lo debilita. Confunde roles, diluye responsabilidades y expone a la provincia a eventuales nulidades, impugnaciones y responsabilidades administrativas y judiciales futuras. No es una señal de fortaleza institucional; es una señal de urgencia política mal resuelta.

Tierra del Fuego no necesita funcionarios multitarea que concentren cargos. Necesita reglas claras, respeto por la ley y separación efectiva de funciones. Cuando esas líneas se cruzan, no estamos ante una decisión audaz, sino ante un riesgo institucional serio. Y cuando el propio gobierno decide ignorar esas alertas, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser política: ¿quién controla al que se controla a sí mismo?