gustavo melella

La tercera reunión con el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, dejó una certeza: la Provincia recibió recursos de coparticipación que correspondían a Río Grande, los utilizo para gastos propios y no los transfirió en tiempo y forma, acumulando una deuda millonaria con la ciudad. Pese a los reiterados reclamos y a la intimación formal del Municipio, el Gobierno provincial no presentó un plan de devolución ni pudo precisar cómo o cuándo cancelará los fondos pendientes, la vergüenza e irresponsabilidad es absoluta. Desde Río Grande se exigen explicaciones sobre el destino de ese dinero, mientras la Provincia condiciona una posible reducción de las demoras a la llegada de recursos extraordinarios de Nación que todavía no están garantizados.

Gustavo Melella reclama que la educación “no puede esperar”, pero su mensaje deja sin responder una pregunta central: ¿Qué hizo el Gobierno para ordenar sus gastos antes de pedirle más recursos a una sociedad que ya se ajusta en cada hogar? Mientras tanto El laboratorio del Fin del Mundo gasta 1500 millones y no produce nada y la Fabrica de Talentos (ñoquis) se gasta mas de 20mil millones por años, más el ejercito de ñoquis de Jorge Canals.

La falta de transferencia de recursos provinciales llevó al Municipio de Río Grande a formalizar el viernes 30 de noviembre una intimación contra las autoridades responsables de administrar los fondos públicos. Las cartas documento, dirigidas a la Contadora General y a la Tesorera de Tierra del Fuego, exigen regularizar una deuda estimada en más de $17.294 millones. La gestión municipal denuncia demoras reiteradas que afectan sus finanzas y advierte que podría iniciar acciones judiciales e impulsar investigaciones sobre eventuales responsabilidades de funcionarios provinciales.

En complicidad con el gobierno de Javier Milei sostiene el ataque contra la industria fueguina de la mano de su diputado Agustín Tita y ahoga las finanzas de la ciudad de Río Grande manteniendo una retención indebida de fondos, sumado al congelamiento de todos los proyectos de ampliación de la matriz productiva fueguina con impacto en Río Grande.

El BTF anunció asistencia para 1.144 clientes por $9.155 millones, pero frente a los 30.545 deudores únicos en mora de Tierra del Fuego, la cifra representa apenas el 3,7%. El informe no precisa cuántos beneficiarios estaban efectivamente en mora ni cuántos lograron regularizar sus deudas.

Una auditoría oficial reveló registros incompletos, falta de controles, demoras administrativas y deudas sin determinar en el sistema de pensiones especiales de Tierra del Fuego. La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia fue sancionada por no presentar el plan de correcciones exigido. Las deficiencias cobran especial gravedad ante los reclamos de familias que denuncian haber perdido prestaciones fundamentales para su subsistencia.

El gobernador cercano a Milei logró infiltrarse en una reunión de gobernadores peronistas donde se analizo la crisis económica y como llevar adelante un llamado a la unidad del partido.

La caída de la coparticipación federal y de la recaudación propia puede explicar la estrechez financiera de la Provincia, pero no responde los motivos de la retención indebida de fondos denunciados por Río Grande y que además siguen creciendo.

Las declaraciones del secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, dejaron al descubierto una diferencia difícil de explicar en la distribución de los recursos provinciales. Mientras el funcionario confirmó que el Gobierno de Gustavo Melella viene cumpliendo compromisos y permite reducir gradualmente la deuda de coparticipación con la capital fueguina, Río Grande denuncia que los atrasos siguen creciendo y que la Provincia ya le debe más de $17.800 millones. El contraste alimenta los cuestionamientos sobre un posible apriete político que resulta en un trato desigual hacia la ciudad norte más golpeada por la crisis industrial y laboral.

Walter Vuoto registró un 52,8% de imagen negativa y quedó en el puesto 17 entre 24 intendentes evaluados. Gustavo Melella obtuvo un 52.5% de imagen negativa en la medición de gobernadores y aparece entre los últimos puestos.

La ausencia de Agustín Tita en una sesión clave y la orden de Gustavo Melella para garantizar una ayuda al gobierno libertario asoman una nueva alianza que ya tiene un fuerte impacto en Tierra del Fuego, ¿será el motivo de la cancelación del acto del PJ en Río Grande?

La ausencia del diputado Paulo Agustín Tita quien responde a Gustavo Melella y su socio Walter Vuoto contribuyó a que se cayera la sesión convocada para debatir el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Hubo 121 legisladores en el recinto: faltaron ocho para alcanzar el quórum. Ninguno de esos temas llegó a votarse.

Los informes del Ministerio de Economía de la Nación muestran un fuerte y acelerado deterioro de las cuentas provinciales durante el primer trimestre de 2026. Los ingresos perdieron un 16,8% frente a la inflación y la inversión real directa cayó un 54,9%. Los salarios y las prestaciones de la seguridad social absorbieron el equivalente al 84,8% de los recursos corrientes.

La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo provincial. La Ley 1626 continúa vigente y mantiene sus efectos sobre el proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y pese a los deseos personales del gobernador Gustavo Melella la Reforma no avanza.

De forma descarada, el gobernador Gustavo Melella negó que su proyecto de financiamiento educativo constituya un aumento de la presión tributaria, aunque la propuesta incorpora cargas impositivas nuevas sobre el Banco de Tierra del Fuego y la distribución de gas. Discutir con seriedad exige explicar cuánto costarán esas medidas, quién terminará soportándolas y qué efectos tendrán sobre la economía provincial y las familias fueguinas.

Lo de Gabriela Castillo ya es todo un clásico en Tierra del Fuego, conocida como la funcionaria más vende humo de la gestión Melella. Familias de Río Grande que fueron estafadas durante la gestión Melella al frente del municipio que no realizo los controles necesarios, hoy manifiestan su bronca frente a una funcionaria inescrupulosa que promete y no cumple.

El convenio prevé una tasa fija nominal anual del 15% y el recupero mediante retenciones sobre la coparticipación provincial. Los desembolsos están previstos para octubre: se trata de financiamiento reintegrable, no de un aporte sin devolución.

Melella lo hizo otra vez, presentó un proyecto con porcentajes de distribución y una meta de inversión a cinco ejercicios fiscales. Sin embargo, la comunicación oficial dejó sin responder la pregunta central: qué ingresos adicionales permitirán sostenerlo. La Legislatura deberá discutir una propuesta cuya viabilidad económica todavía necesita explicaciones públicas.

El gobernador fueguino pasó de denunciar que el modelo libertario era contrario al trabajo y al desarrollo provincial a exhibir coincidencias crecientes con la Casa Rosada. Base Naval, a pesar de no figurar en el presupuesto 2027, Malvinas, a pesar de que Milei se había manifestado a favor de la autodeterminación de los británicos implantados en Malvinas, Presupuesto 2027 y la discusión por las PASO dibujan un nuevo escenario. Los hechos acreditan un acercamiento.

El gobernador fueguino volverá a sentarse con Diego Santilli mientras la Casa Rosada casualmente busca votos para el Presupuesto 2027 y su reforma electoral. La eliminación de las primarias podría tener una consecuencia particularmente sensible para el peronismo: trasladar la definición de candidaturas desde una elección abierta hacia las estructuras partidarias y las negociaciones entre dirigentes. Melella ya había cuestionado públicamente la utilidad de las PASO.

En 2024 calificó de “cómplice” de la ocupación británica a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson. En 2025 rechazó “totalmente” una eventual base extranjera y cuestionó los ejercicios militares autorizados por Javier Milei. Ahora, frente a la información sobre nuevas actividades de personal estadounidense en Ushuaia, el contraste está dado por la ausencia de una reacción pública equivalente.

El Gobernador recibió a Pablo Quirno y Carlos Presti y volvió a mostrar coincidencias con el Gobierno nacional en torno a la Base Naval Integrada de Ushuaia. Sin embargo, detrás de la fotografía institucional quedaron preguntas centrales: qué financiamiento está efectivamente garantizado para completar el proyecto, qué ocurrirá con el Puerto de Ushuaia intervenido por Nación y cómo puede hablarse de soberanía mientras la política económica nacional golpea al empleo industrial y al arraigo fueguino.

El Gobierno provincial asumió la explotación de tres áreas hidrocarburíferas y dejó su operación en manos de ROCH mediante un acuerdo transitorio. Pero detrás de esa decisión aparecen interrogantes mucho más profundos: falta de aprobación legislativa, ausencia visible de licitación, bienes provinciales puestos en garantía, posibles pasivos ambientales y un esquema económico que podría afectar ingresos coparticipables. El problema ya no es solamente petrolero. Es institucional y fiscal.