gustavo melella

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) volvió a quedar expuesta este viernes desde las 8 de la mañana con un esquema de atención que refleja el colapso operativo del organismo. Por la falta de gas en el edificio central y la imposibilidad de utilizar el sistema informático, las personas con discapacidad serán atendidas de manera manual, con papel y lápiz, sin garantías de respuesta ni plazos ciertos.

Melella reconoce la destrucción de empleo, pero evita señalar a los responsables y acompaña cambios productivos que profundizan la crisis. Entre el silencio frente a Nación y la complicidad provincial, el ajuste vuelve a recaer sobre los trabajadores fueguinos.

Tras reducir unilateralmente las regalías, ahora Melella vetó la norma que buscaba evitar el desfinanciamiento de los municipios. El ajuste vuelve a caer sobre las ciudades y sobre los vecinos.

La principal red de farmacias de la provincia advirtió mediante una carta a la presidencia de la obra social que la deuda de 8.000 millones de pesos acumulada desde agosto asfixia su operatividad. Aseguran que, de no mediar pagos urgentes, el cierre definitivo podría ocurrir en cuestión de días, afectando la entrega de medicamentos de alto costo.

Las primeras definiciones del nuevo ministro de Economía de Melella expusieron una gestión sin plan ni rumbo; diagnósticos conocidos, expectativas atadas a factores externos y financiamiento de emergencia como única respuesta frente a una crisis que exige decisiones, no improvisación.

No fue un comunicado. No fue una declaración medida. Fue un grito de dolor, escrito desde la pérdida más profunda. Florencia Ulloa, hija de Oscar Mauricio “Licho” Ulloa, el paciente oncológico que murió esperando una medicación que OSEF nunca entregó, volcó toda su bronca y su angustia en la red social del portal de noticias RED23, luego de leer la nota que expuso la respuesta tardía de la obra social del Estado.

Al no contar con un presupuesto aprobado por la Legislatura para este año, el Gobierno de Melella enfrenta el fracaso político total y se ve obligado a disponer la reconducción de partidas correspondientes al presupuesto 2025. Con un mes de plazo, Poderes, organismos de control y entes autárquicos deberán presentar su distribución de gastos.

Bajo la gestión de Gustavo Melella y su gabinete, la crisis de OSEF dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una tragedia evitable: un paciente oncológico murió sin la medicación que el Estado debía garantizar. La responsabilidad política es directa y la omisión, imperdonable.

Impulsada por Gustavo Melella, la llamada “ley de soberanía energética” nació viciada: se aprobó con cifras falsas, sin informes técnicos, sin plan de inversiones y con una empresa estatal sin capacidad demostrada para asumir el desafío. Lejos de resolver problemas, el gobernador forzó una votación basada en el miedo y el relato, dejando a la provincia al borde de un nuevo fracaso anunciado.

Otro año termina y las promesas vuelven a quedar en palabras. Puertos que no existen, industrias que no llegaron, energía que no se ordenó y salarios que nunca encontraron solución. La gestión de Gustavo Melella cerró un nuevo ciclo con anuncios reciclados, resultados nulos y una credibilidad cada vez más erosionada. Cuando gobernar se reduce a prometer, el fracaso deja de ser coyuntural y se convierte en método.

Sin balances, sin autocrítica y sin respuestas por el año perdido, el Gobierno provincial y el gremio docente SUTEF volvieron a mostrarse sentados a la misma mesa. Esta vez no para explicar por qué el sistema educativo fueguino atravesó uno de sus peores ciclos lectivos, sino para proyectar un 2026 cargado de promesas, compromisos futuros y definiciones postergadas.

Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.

Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.

Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.

Mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026 —la ley que define los recursos para educación, salud, energía y obras en Tierra del Fuego— la banca del diputado Agustín Tita estuvo vacía. No fue una ausencia menor ni un detalle administrativo: fue la confirmación de una forma de hacer política donde los cargos funcionan como favores personales y no como herramientas de defensa provincial. En el momento en que la provincia necesitaba presencia, voz y firmeza, hubo silencio y una silla vacía. Y ese vacío lo pagan, una vez más, todos los fueguinos, también plantea dudas sobre si su ausencia busca beneficiar al gobierno nacional para destrabar la ley de presupuesto.

La Comisaría de Género y Familia de Río Grande, ubicada en el barrio Intevu, en Thorne N° 2140, atraviesa una grave situación luego de que se le retirara el medidor de gas por falta de pago, dejando al edificio sin calefacción en un contexto climático adverso