Coparticipación: Ushuaia confirma que cobra mientras Río Grande sigue esperando sus fondos

A veces, una declaración alcanza para poner bajo una nueva luz un conflicto que lleva meses sin resolverse. Y esta vez no fue un funcionario de Río Grande quien cuestionó al Gobierno provincial, sino una de las principales autoridades del Municipio de Ushuaia quien aportó el dato que vuelve a colocar al gobernador Gustavo Melella en el centro de la discusión.

Durante una entrevista concedida este jueves a Radio Provincia, el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, reconoció que la administración provincial viene cumpliendo los compromisos asumidos con la capital fueguina y que eso permite mantener estable e incluso reducir ligeramente la deuda de coparticipación.

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La afirmación contrasta con lo que sucede en Río Grande, donde los recursos pendientes de transferencia continúan acumulándose y el Municipio advierte que la situación compromete su funcionamiento.

La diferencia merece una explicación que hasta ahora no aparece con claridad.

Porque si la Provincia logra establecer un mecanismo de pagos que brinda previsibilidad a Ushuaia, resulta necesario conocer por qué Río Grande continúa denunciando demoras que llegan hasta los 60 días.

La declaración de Iriarte que cambia el escenario

Consultado sobre la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno provincial con Ushuaia, Iriarte explicó que actualmente se ubica entre los $11.000 y $12.000 millones.

Pero lo verdaderamente significativo fue su descripción de la relación financiera con la Provincia.

El funcionario señaló que existe un diálogo permanente entre los equipos económicos de ambas administraciones y una regularidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Cuando el periodista le recordó que anteriormente la deuda se había ubicado cerca de los $14.000 millones y le preguntó si efectivamente había disminuido, Iriarte respondió:

"A medida que los compromisos van siendo cumplidos por el Gobierno de la Provincia es que vamos manteniendo la deuda en cierto nivel o bajándola muy poco".

La declaración es importante porque confirma que, al menos según la administración de Ushuaia, el Gobierno provincial encontró una forma de ordenar las transferencias y evitar que la deuda continúe creciendo de manera descontrolada.

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Iriarte también relacionó esa mejora con el diálogo iniciado después de una reunión entre el intendente Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella.

Según explicó, el objetivo principal fue recuperar la regularidad de los envíos para poder planificar salarios, servicios y pagos a proveedores.

No significa que la Provincia haya cancelado su deuda con Ushuaia. Sigue siendo considerable. Pero la diferencia está en la tendencia: mientras en la capital provincial hablan de compromisos cumplidos y una deuda que se estabiliza, en Río Grande describen exactamente lo contrario.

Río Grande: una deuda que no deja de crecer

El panorama expuesto por el Municipio de Río Grande es sustancialmente distinto.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, denunció esta semana que la deuda provincial superó los $17.000 millones y que el atraso continúa profundizándose.

Según explicó, cuando el intendente Martín Pérez presentó el presupuesto municipal, la Provincia adeudaba alrededor de $16.000 millones. En pocas semanas, el monto volvió a incrementarse.

El subsecretario de Finanzas, Nicolás Giordano, también advirtió que existen transferencias con demoras de hasta 60 días.

No se trata de un problema menor ni de una discusión exclusivamente contable.

Cerca del 80% de los recursos municipales de Río Grande provienen de la coparticipación nacional y provincial. Cuando esos fondos no llegan en los plazos correspondientes, se altera la capacidad de sostener servicios, cumplir compromisos y planificar las políticas públicas.

Díaz fue más allá y sostuvo que la Provincia estaría transfiriendo entre $400 y $500 millones semanales menos de lo que corresponde a la ciudad.

El funcionario incluso denunció que observa una decisión política de ahogar financieramente a Río Grande.

Hasta ahora, esa interpretación corresponde a la administración municipal. Pero las declaraciones de Iriarte incorporan un elemento concreto que obliga a examinarla con mayor profundidad: Ushuaia informa que su deuda se estabiliza gracias al cumplimiento de compromisos provinciales, mientras Río Grande asegura que la suya sigue aumentando.

La crisis es provincial, pero las consecuencias no son iguales

El Gobierno de Gustavo Melella ha explicado reiteradamente sus dificultades financieras a partir de la caída de la recaudación, la disminución del consumo y el deterioro de la economía nacional.

Es cierto que ese contexto afecta a las provincias y a los municipios.

El propio Iriarte reconoció durante la entrevista que los gobiernos locales podrían recibir este año casi un 30% menos de recursos en términos de coparticipación nacional y provincial.

Pero hay una diferencia fundamental entre recibir menos dinero porque cayó la recaudación y no recibir a tiempo recursos que ya fueron recaudados y deben distribuirse.

El primer problema responde al comportamiento de la economía. El segundo depende de la administración y de los mecanismos de transferencia de los fondos públicos.

Y es precisamente sobre ese segundo punto donde aparece la controversia.

Río Grande no reclama que el Gobierno provincial invente recursos inexistentes. Reclama que transfiera, dentro de plazos razonables, el dinero que legalmente corresponde a la ciudad.

La pregunta que surge de las declaraciones de Iriarte es inevitable: si Melella puede cumplir compromisos de pago con Ushuaia, qué impide aplicar un mecanismo equivalente con Río Grande.

La ciudad más golpeada por la crisis industrial

La diferencia adquiere una dimensión todavía más delicada cuando se observa la situación social y económica de Río Grande.

La ciudad concentra una parte fundamental de la actividad industrial fueguina y atraviesa un escenario de pérdida de puestos de trabajo, caída del consumo y dificultades crecientes para numerosas familias.

La reducción del empleo fabril no afecta solamente a los trabajadores despedidos. También golpea al comercio, a los servicios, a los pequeños emprendimientos y a toda la economía local.

En ese contexto, la capacidad de respuesta del Municipio adquiere una importancia especial.

Los programas de asistencia, las prestaciones sanitarias, el mantenimiento urbano y las políticas destinadas a acompañar a las familias requieren recursos disponibles y previsibilidad financiera.

Retener o demorar fondos municipales en semejante escenario tiene consecuencias que exceden ampliamente cualquier disputa entre dirigentes.

No es solamente la administración de Martín Pérez la que enfrenta dificultades cuando la coparticipación no llega. Son los vecinos de Río Grande quienes pueden terminar sufriendo las consecuencias de esos atrasos.

Una diferencia financiera en medio de una disputa política

El contraste entre ambas ciudades también aparece en un momento de creciente tensión política.

Durante la misma entrevista, Iriarte habló de la reorganización del justicialismo fueguino, de la apertura de una sede partidaria en Río Grande y de las dificultades para construir una propuesta electoral conjunta con el espacio que encabeza Martín Pérez.

Reconoció que existen diferencias políticas importantes y que observa objetivos distintos entre los sectores.

Estas declaraciones no prueban que las transferencias provinciales respondan a acuerdos partidarios ni que exista una instrucción del gobernador para perjudicar a Río Grande.

Sin embargo, la coincidencia entre el deterioro de la relación política y las diferencias denunciadas en el cumplimiento financiero vuelve indispensable una explicación pública.

La distribución de la coparticipación no puede depender de la cercanía de un intendente con el gobernador, de la afinidad entre dirigentes ni de las negociaciones electorales.

Los recursos pertenecen a los municipios y, en definitiva, a sus habitantes.

Melella debe explicar por qué una deuda baja y la otra crece

El Gobierno provincial tiene ahora una oportunidad concreta para despejar los cuestionamientos.

Puede publicar cuánto debía a cada municipio al comenzar el año, cuánto transfirió efectivamente, qué compromisos de pago asumió y cómo evolucionaron los atrasos durante los últimos meses.

Esa información permitiría establecer si las diferencias responden a criterios financieros objetivos o si existe un tratamiento desigual que necesita ser corregido.

La comparación debe contemplar los montos exigibles y los plazos de pago de cada jurisdicción, porque las cifras totales de deuda, por sí solas, no demuestran discriminación.

Pero lo que ya no puede ignorarse es el contraste entre las declaraciones de los propios funcionarios municipales.

En Ushuaia, Iriarte reconoce compromisos cumplidos y una deuda que se mantiene o disminuye ligeramente.

En Río Grande, Díaz y Giordano denuncian una deuda creciente, transferencias demoradas y una situación que condiciona la prestación de servicios y las discusiones salariales.

Son dos realidades expuestas públicamente en la misma semana.

Piedra libre para una discusión que el Gobierno debe aclarar

Durante meses, el Gobierno provincial atribuyó buena parte de sus dificultades a la crisis económica nacional y a la caída de los ingresos públicos.

Sin desconocer ese escenario, las declaraciones de Sebastián Iriarte muestran que existen márgenes para establecer compromisos de transferencia y recuperar cierta previsibilidad financiera.

Eso es lo que Ushuaia afirma haber conseguido.

Y eso es, precisamente, lo que Río Grande continúa reclamando.

La diferencia no demuestra por sí sola una intencionalidad política, pero sí constituye un motivo serio para exigir explicaciones al gobernador.

Porque cuando una ciudad informa que la Provincia está cumpliendo y otra denuncia que la deuda sigue creciendo, el problema deja de ser solamente la falta de recursos y pasa a involucrar también los criterios con los que se administran y distribuyen.

Río Grande, atravesada por una profunda crisis laboral y económica, no puede quedar condicionada por atrasos que comprometen su capacidad de acompañar a la comunidad.

Piedra libre para Melella: las declaraciones de un funcionario de Ushuaia dejaron expuesta una diferencia que el Gobierno provincial tiene la obligación de explicar. Los fondos de coparticipación no son una herramienta de negociación política. Son recursos que pertenecen a cada ciudad y deben llegar en tiempo y forma, sin preferencias ni discriminaciones.