Polo Sur
Melella perdió su apuesta política e institucional más fuerte y no obtuvo la medida cautelar con la que buscaba frenar los efectos de la Ley Provincial 1626, norma que dejó sin efecto la habilitación del proceso de reforma constitucional.
Según la información aportada en la resolución judicial, el pedido fue rechazado. En consecuencia, la ley continúa vigente y la decisión judicial no habilita la reanudación del proceso reformador impulsado por Melella.
El resultado representa un durísimo revés para Gustavo Melella en su desesperado intento de modificar, mediante una medida provisoria, la situación jurídica generada por la norma sancionada por la Legislatura, máximo órgano de representación democrática e institucional de la provincia.
La controversia tiene como eje la continuidad de una reforma constitucional que el Gobierno había impulsado y cuya habilitación fue posteriormente dejada sin efecto por la Ley 1626.
Qué significa el rechazo
Una medida cautelar procura obtener una protección provisoria mientras se tramita una controversia judicial. En este caso, el rechazo informado implica que el Gobierno no consiguió suspender los efectos de la norma durante esa etapa.
La reforma de Melella sigue sin habilitación
La resolución mantiene el escenario surgido de la decisión legislativa. Mientras la Ley 1626 conserve sus efectos y no exista una decisión posterior que los modifique, el Ejecutivo no obtiene por esta vía autorización para avanzar con el proceso de reforma.
El punto central es concreto: la cautelar fue rechazada y la norma que dejó sin efecto la habilitación de la reforma constitucional continúa rigiendo.
Cabe destacar que el gobierno de Gustavo Melella envió como fiscal de estado subrogante a realizar esta presentación al abogado Antonio Cesar Petkos, quien podría hacer frente a una multimillonaria demanda por haber realizado una falsa denuncia en contra de un magistrado.
