Tierra del Fuego

El senador nacional Agustín Coto acompañó el dictamen impulsado por el oficialismo que modifica el Régimen de Zona Fría. Tierra del Fuego seguirá incluida, pero el beneficio dejará de alcanzar componentes que hoy están bonificados. S estima que los usuarios de zonas frías podrían afrontar, un 19% más en su boleta mensual de gas. Para una provincia donde calefaccionarse no es una opción sino una necesidad, la firma del senador fueguino abre un fuerte debate sobre qué intereses defendió en el Congreso.

El intendente de Río Grande cuestionó que la Base Naval Integrada de Ushuaia no figure con una partida identificable en el proyecto enviado al Congreso y señaló que tampoco aparecen nuevas obras nacionales para Río Grande ni recursos para concluir trabajos paralizados.

La familia de Mercedes denunció públicamente nuevos incumplimientos en la cobertura de su internación domiciliaria. Asegura que, pese a existir un amparo judicial y un compromiso asumido por el organismo, las asistentes domiciliarias continúan trabajando sin percibir sus honorarios.

En 2024 calificó de “cómplice” de la ocupación británica a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson. En 2025 rechazó “totalmente” una eventual base extranjera y cuestionó los ejercicios militares autorizados por Javier Milei. Ahora, frente a la información sobre nuevas actividades de personal estadounidense en Ushuaia, el contraste está dado por la ausencia de una reacción pública equivalente.

El intendente de Río Grande expresó su preocupación ante la denuncia sobre la presencia de personal militar estadounidense realizando actividades en Tierra del Fuego. Reclamó que el Poder Ejecutivo informe bajo qué marco legal se encuentran en la provincia y pidió al Congreso verificar si existe la autorización prevista por el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional. “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”, afirmó.

Durante su visita a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, el juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ernesto Löffler, reflexionó sobre la imagen del Poder Judicial, las críticas que suele recibir por parte de la sociedad y la importancia de contar con fiscales más activos y cercanos a la realidad de la gente.

El Municipio pidió intervenir como parte interesada en la causa impulsada por el CECIM La Plata y abogados ambientalistas contra Rockhopper y Navitas por el proyecto Sea Lion. Martín Perez fundamentó la decisión en la Carta Orgánica municipal y sostuvo que la defensa de Malvinas debe traducirse en acciones concretas: “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”.

El Gobernador recibió a Pablo Quirno y Carlos Presti y volvió a mostrar coincidencias con el Gobierno nacional en torno a la Base Naval Integrada de Ushuaia. Sin embargo, detrás de la fotografía institucional quedaron preguntas centrales: qué financiamiento está efectivamente garantizado para completar el proyecto, qué ocurrirá con el Puerto de Ushuaia intervenido por Nación y cómo puede hablarse de soberanía mientras la política económica nacional golpea al empleo industrial y al arraigo fueguino.

En una sesión especial y con una llamativa coincidencia entre el kirchnerismo que conduce Walter Vuoto y La Libertad Avanza, el Concejo Deliberante de Ushuaia aprobó una ampliación presupuestaria que supera los $24.563 millones. El interrogante político no es menor: mientras el oficialismo evita profundizar sus críticas al Gobierno nacional por la intervención del Puerto, los libertarios aportan los votos necesarios para ampliar la capacidad de gasto de una gestión a la que históricamente cuestionaron.

El Gobierno provincial asumió la explotación de tres áreas hidrocarburíferas y dejó su operación en manos de ROCH mediante un acuerdo transitorio. Pero detrás de esa decisión aparecen interrogantes mucho más profundos: falta de aprobación legislativa, ausencia visible de licitación, bienes provinciales puestos en garantía, posibles pasivos ambientales y un esquema económico que podría afectar ingresos coparticipables. El problema ya no es solamente petrolero. Es institucional y fiscal.

Vecinos de distintos sectores de la capital fueguina reportaron cortes de energía durante la noche de este jueves. Los apagones alcanzaron barrios como Ecológico, Los Morros, Alem, Barrio Viejo y La Cantera, entre otros. El episodio vuelve a poner bajo discusión el estado del sistema eléctrico de Ushuaia y, especialmente, los recursos que la Provincia viene destinando para sostenerlo.

El intendente de Río Grande destacó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente y dar curso a la acción colectiva contra las petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion en Malvinas. “Es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, sostuvo. Además, marcó una definición política: “Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”.

El apoyo de las grandes petroleras del mundo a la penalización argentina contra la explotación ilegal del yacimiento Sea Lion y las 45 notas punitivas enviadas a la empresas y directorios de 11 países, podrían comenzar a deteriorar financieramente a Navitas y Rockhopper. 

El organismo de control detectó diferencias millonarias, fondos sin devolver, patrimonio negativo y debilidades estructurales en el control del Poder Ejecutivo.

Los títulos de las petroleras que impulsan el proyecto Sea Lion sufrieron marcados retrocesos en las últimas ruedas. Rockhopper llegó a perder entre 6% y 10% en la Bolsa de Londres, mientras Navitas cayó cerca de un 3% en Tel Aviv. Los inversores reajustaron el riesgo luego de la cadena nacional del presidente Milei.

El intendente Martín Perez cuestionó la Resolución 351/2026 y advirtió que el nuevo esquema productivo para los aires acondicionados puede generar pérdida de empleo y reducir las etapas de fabricación en Tierra del Fuego.

Tres policías territoriales retirados solicitaron formalmente a la Legislatura que investigue la actuación del gobernador Gustavo Melella por una problemática previsional que, aseguran, lleva años sin resolverse. La presentación aparece además en un momento particularmente delicado para el Gobierno provincial, cuestionado por la crisis de OSEF, los problemas energéticos, la pérdida de empleo, las dificultades para diversificar la matriz productiva, la intervención nacional del Puerto de Ushuaia y una política sobre Malvinas cuyos resultados también están bajo discusión.

La capacitación gratuita comenzará el miércoles 9 de septiembre y tendrá una duración de dos meses bajo modalidad virtual. Las inscripciones continúan abiertas.

El gobernador celebró el supuesto “cambio de posición” del Gobierno nacional sobre Malvinas y valoró el anuncio de avanzar con la Base Naval Integrada. Evitó poner sobre la mesa el historial reciente de Javier Milei: su admiración por Margaret Thatcher, el avance de Sea Lion, la demora de infraestructura estratégica y una política económica que golpeó al empleo y la industria fueguina. Melella eligió mirar lo que Milei promete hacer, pero prácticamente nada dijo sobre lo que hizo hasta ahora.

El intendente de Río Grande lanzó una dura crítica al Presidente y vinculó la política nacional hacia Malvinas con el deterioro de la industria fueguina, la pérdida de empleo y la paralización de infraestructura estratégica. También advirtió sobre los avances del proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que la defensa de la soberanía requiere “industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente”.

El Gobierno nacional nombró a tres nuevas autoridades del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Ninguna tiene representación territorial fueguina. Entre los designados aparecen una concejal de La Libertad Avanza de San Miguel, un armador libertario de Tigre vinculado al equipo de Luis Caputo y un funcionario de carrera del Ministerio de Economía. Mientras tanto, continúa la discusión sobre el destino y la ejecución de los recursos acumulados por un fondo creado específicamente para diversificar la economía de Tierra del Fuego.

Una jueza pidió a la fiscalía que se pronuncie sobre la competencia para intervenir en la causa que busca frenar proyectos petroleros en Malvinas.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió a la situación que atraviesa la industria fueguina y resaltó que entre 2023 y 2026 se perdieron más de 4.600 puestos de trabajo. “Tierra del Fuego no puede vivir pendiente de que una decisión tomada a miles de kilómetros”, cuestionó.

En el Día de la Industria, el legislador provincial Damián “Loli” Löffler cuestionó el impacto de la política económica nacional sobre el entramado productivo fueguino. 
Advirtió que la pérdida de empleo ya impacta sobre el consumo, el comercio y el arraigo, especialmente en Río Grande, donde se concentra alrededor del 80% de la producción industrial de la provincia.
 “No podemos naturalizar que se destruyan puestos de trabajo y que nuestras familias empiecen a irse porque dejaron de encontrar oportunidades”, sostuvo.