Melella está destruyendo a Río Grande

Editorial | Mientras la política industrial de Javier Milei pone bajo presión a las fábricas fueguinas, el gobernador Gustavo Melella no ofrece respuestas suficientes sobre los fondos que reclaman Río Grande y Tolhuin ni sobre el destino de las inversiones productivas. La ciudad necesita algo más que anuncios: recursos transferidos en tiempo y forma, proyectos con plazos y una defensa concreta del empleo.

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La crisis industrial de Tierra del Fuego no se explica por una sola decisión. Pero la apertura de importaciones promovida por el Gobierno nacional agrava el riesgo para una provincia donde la producción electrónica y el empleo fabril son centrales. En ese contexto, Melella debería encabezar una defensa firme de la industria. En cambio, su gestión acumula preguntas sobre las prioridades de inversión, la coparticipación y el futuro productivo de Río Grande.

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Una de las discusiones más sensibles pasa por el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP). En septiembre, el presidente Javier Milei designó a sus tres integrantes del Comité Ejecutivo. Un mes después, Melella firmó un acuerdo por casi $19.858 millones para ampliar la planta potabilizadora de Ushuaia. La obra puede responder a una necesidad real de la capital; la pregunta política es qué proyectos estratégicos para Río Grande avanzan con igual decisión y qué criterios ordenan las prioridades del fondo.

La falta de transparencia sobre montos aprobados, desembolsos, plazos y obras efectivamente iniciadas. Si la ciudad concentra una parte sustancial de los aportes que alimentan el fondo —como sostienen referentes locales—, sus vecinos tienen derecho a conocer cuánto vuelve en inversiones y cuándo se concreta.

La falta de respuestas también alcanza a la coparticipación. Río Grande reclama transferencias atrasadas y el Municipio estimó el saldo pendiente en alrededor de $17.800 millones. Tolhuin, por su parte, también planteó problemas de demora y falta de previsibilidad. La Provincia debe publicar una conciliación clara de las cuentas y un cronograma de pagos. Hasta que exista una determinación formal, hablar de “retención indebida” expresa una denuncia política, no una ilegalidad establecida judicialmente. 

Mientras tanto, una agenda de proyectos que podría diversificar la economía sigue sin mostrar resultados de escala en Río Grande: el puerto, el polo petroquímico, la producción de urea y amoníaco, el hidrógeno verde, la generación energética y la ampliación de la matriz productiva. Algunos de estos desarrollos requieren inversión, estudios y acuerdos de largo plazo; lo que no puede faltar es información pública sobre su estado, financiamiento y próximos pasos. Nombrarlos no alcanza: gobernar es convertirlos en obras, actividad y empleo.

También pesa la ausencia del diputado Agustín Tita en la sesión del 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados no alcanzó el quórum para tratar el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y proyectos sobre endeudamiento familiar. Su ausencia contribuyó al fracaso de la sesión; quienes representan a Tierra del Fuego deben explicar por qué no estuvieron presentes cuando se intentó abrir ese debate que finalmente favoreció el avance de Milei sobre la industria fueguina. 

Río Grande no puede cargar al mismo tiempo con el retroceso industrial, la incertidumbre sobre sus recursos municipales y una lista de proyectos estratégicos que no despegan. Melella debe dejar de responder con discursos generales y mostrar cuentas conciliadas, inversiones ejecutadas y una posición inequívoca frente a las medidas nacionales que ponen en riesgo el trabajo fueguino.

Cuando los fondos no llegan, las obras se postergan y la industria queda expuesta, la responsabilidad política no desaparece detrás de las excusas. Río Grande necesita decisiones, transparencia y una defensa efectiva de su futuro productivo.