Melella celebró la Base Naval, pero evitó hablar del Puerto intervenido, la crisis industrial y las garantías para terminar la obra

La fotografía dejó una imagen de entendimiento. El gobernador Gustavo Melella, acompañado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, recibió este jueves a los ministros nacionales Pablo Quirno y Carlos Presti y destacó las coincidencias existentes respecto de la necesidad de avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia.

“En este proyecto estamos totalmente de acuerdo y hay que hacerlo”, afirmó Melella.

El problema no está en la importancia estratégica de la Base Naval. Difícilmente pueda discutirse que la Argentina necesita fortalecer su presencia militar, logística, científica y antártica desde Tierra del Fuego.

El problema está en todo aquello que quedó afuera de la conversación pública.

Porque mientras Melella celebraba que Nación volviera a colocar a Tierra del Fuego dentro de su agenda geopolítica, evitó confrontar públicamente a sus visitantes por algunas de las decisiones del mismo Gobierno nacional que afectan directamente los activos estratégicos, la economía y la población de la Provincia.

El enorme ausente: el Puerto de Ushuaia

La primera omisión resulta difícil de ignorar.

El Puerto de Ushuaia continúa intervenido por el Gobierno nacional. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por doce meses prorrogables. La propia resolución establece que la intervención comprende la gestión operativa, técnica y administrativa y alcanza infraestructura, maquinaria, equipamiento e instalaciones portuarias.

La Provincia cuestionó judicialmente la legalidad de esa decisión y todavía el 25 de agosto calificaba públicamente al puerto como “sustraído de la administración provincial”.

La controversia fue de tal magnitud que llegó al Congreso, donde se presentaron pedidos de informes y proyectos de rechazo a la intervención.

Por eso resulta inevitable la pregunta: ¿cómo puede discutirse una estrategia soberana para el Atlántico Sur sin resolver simultáneamente quién controla uno de los principales activos logísticos y antárticos de Tierra del Fuego?

Melella tenía sentados frente a él a dos ministros nacionales. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, no hubo un planteo público contundente para exigir la devolución inmediata del Puerto de Ushuaia a la administración provincial.

La contradicción es evidente: se celebra con Nación una infraestructura destinada a proyectar soberanía sobre el Atlántico Sur mientras permanece abierto un conflicto entre Nación y Provincia por la administración del principal puerto de la capital fueguina.

Una Base Naval necesita algo más que anuncios

La segunda pregunta es económica.

Melella celebró la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada, pero una obra estratégica de esta magnitud necesita mucho más que voluntad política: requiere presupuesto plurianual, cronograma de desembolsos, etapas constructivas claramente determinadas y garantías de continuidad financiera.

Después de años de avances, paralizaciones y reformulaciones, el interrogante fundamental no debería ser si el Gobierno nacional anuncia que continuará la obra.

La pregunta debería ser mucho más concreta:

¿Está garantizado el dinero necesario para terminarla completamente?

Y, junto con eso: ¿cuál será el costo total actualizado?, ¿cuánto está efectivamente presupuestado?, ¿qué porcentaje representa sobre el costo definitivo?, ¿cuáles son los plazos?, ¿qué componentes incluye esta etapa?, ¿cuándo estará operativa la Base Naval completa?

Hasta que esas respuestas estén respaldadas por partidas presupuestarias y compromisos plurianuales, una reactivación no puede confundirse con la garantía de terminación de la obra.

¿Soberanía sin industria?

Existe además una contradicción todavía más profunda.

Melella sostuvo que “Argentina tiene que tomar un posicionamiento firme en el Atlántico Sur”.

Correcto.

Pero la soberanía fueguina no comienza ni termina en una base militar.

También se construye con población, empleo, industria, infraestructura, conocimiento, conectividad, logística y arraigo permanente.

Y allí aparece el problema que el encuentro con los funcionarios nacionales tampoco parece haber abordado con la misma contundencia.

La política de apertura comercial del Gobierno de Javier Milei y las modificaciones arancelarias sobre productos que integran el núcleo de la industria electrónica fueguina introdujeron una fuerte presión sobre un sector que constituye uno de los principales pilares económicos y demográficos de Río Grande.

La paradoja merece ser discutida: ¿de qué sirve proyectar presencia argentina hacia el Atlántico Sur si simultáneamente se debilitan las condiciones económicas que permiten que miles de familias permanezcan viviendo en Tierra del Fuego?

Río Grande y una señal que debería preocupar

El problema excede las estadísticas industriales.

Cuando desaparecen puestos de trabajo en una provincia insular, distante miles de kilómetros de los principales centros urbanos del país y atravesada por una disputa de soberanía, el impacto tiene una dimensión estratégica.

Si la pérdida de empleo termina produciendo migración hacia el continente, la crisis económica se convierte también en una cuestión demográfica y geopolítica.

Río Grande resulta particularmente sensible porque concentra buena parte de la estructura industrial provincial.

Una ciudad que pierde empleo y comienza a perder población no solamente enfrenta un problema económico: pierde arraigo.

Y Tierra del Fuego necesita exactamente lo contrario.

Necesita más argentinos viviendo, trabajando, produciendo e invirtiendo de manera permanente.

Por eso resulta insuficiente pensar la soberanía exclusivamente desde una lógica militar.

La soberanía no puede administrarse por partes

La Base Naval Integrada es necesaria.

Una infraestructura naval y logística moderna en Ushuaia puede fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar las capacidades antárticas y otorgarle a Tierra del Fuego una centralidad estratégica que durante décadas fue proclamada mucho más de lo que fue materializada.

Pero precisamente por esa importancia, Melella debería exigir mucho más que anuncios.

Debería reclamar garantías presupuestarias para terminar la obra. Debería exigir definiciones concretas sobre plazos. Debería colocar la recuperación de la administración provincial del Puerto de Ushuaia en el centro de cualquier conversación sobre logística antártica. Y debería plantear que no existe una política seria de soberanía territorial si las decisiones económicas nacionales terminan debilitando el empleo y el arraigo de la población fueguina.

La contradicción es demasiado grande para pasar inadvertida.

No alcanza con construir una Base Naval si al mismo tiempo se debilita la base humana, económica y productiva que sostiene la presencia argentina en Tierra del Fuego.

Una política integral para el Atlántico Sur debería conectar todas esas dimensiones: Defensa + Puerto + Industria + Trabajo + Ciencia + Logística + Antártida + Población.

Separarlas permite construir buenos anuncios. Integrarlas es lo que permitiría construir una verdadera política de soberanía.

Y ese fue, justamente, el gran vacío que dejó la reunión entre Melella, Quirno y Presti.

Ausencia de Integridad moral para hablar de soberanía