Polo Sur
El gobierno difundió unas placas para intentar justificar la retención indebida de fondos que castiga a la economía de la ciudad de Río Grande. Lo que el gobierno de Melella no quiere responder es ¿cuándo se girarán a Río Grande los recursos que le corresponden por ley?
El Municipio sostiene que la deuda provincial superó los $17.800 millones y que algunas transferencias acumulan demoras de hasta 60 días. El intendente Martín Pérez pidió reducir los atrasos y convocar una mesa de diálogo; además, aseguró que no reclama fondos adicionales, sino previsibilidad en el envío de los recursos.
Las placas partidarias comparan ese reclamo con la caída de ingresos que afronta la Provincia y con gastos como el subsidio al gas envasado. Ese contexto puede ser relevante para entender las cuentas provinciales, pero no demuestra por sí solo que las transferencias municipales se hayan liquidado correctamente ni explica la diferencia entre los pagos que, según el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, permiten estabilizar o reducir la deuda con esa ciudad, y los atrasos crecientes que denuncia Río Grande.
Tampoco alcanza con señalar que en 2025 se transfirieron más de $103.000 millones a Río Grande. Esa cifra anual no permite saber si cada liquidación llegó en tiempo y forma, cuánto quedó pendiente al cierre de cada período ni qué pagos se realizaron después. Para despejar las dudas hacen falta fechas, montos devengados, transferencias efectivas y retenciones detalladas.
La Constitución provincial establece que la participación municipal en impuestos y otras recaudaciones debe transferirse “en tiempo y forma” para asegurar el funcionamiento normal y eficiente de las ciudades (artículo 69). La caída de ingresos puede exigir administrar una caja más estrecha; no reemplaza la obligación de rendir cuentas sobre los fondos municipales y tampoco habilita una retención indebida de los fondos.
Hay, además, una diferencia entre discutir un mecanismo automático de transferencia y explicar los atrasos actuales. El Ejecutivo puede objetar que un sistema de goteo diario sea rígido o inviable, pero esa objeción no contesta por qué se acumulan demoras ni cuándo se normalizarán los giros.
La Provincia debería publicar una conciliación verificable para cada municipio: cuánto correspondía, cuánto ingresó al Tesoro, qué se transfirió, qué retenciones se aplicaron y qué saldo queda pendiente. Sin esa información, las placas funcionan como defensa militante, no como rendición de cuentas.
La crisis fiscal puede explicar que haya menos recursos para repartir. No explica, por sí sola, cuánto recibió cada municipio ni por qué Río Grande tiene que seguir esperando los fondos que le corresponden por ley. Hasta que el Gobierno muestre los números completos, llamar “justificación” a una comparación de cifras es evadir la pregunta principal y también la ley, cuestión absolutamente grave.
