Polo Sur
Gustavo Melella eligió responder a las críticas con una descalificación: descaradamente aseguró que es “mentira” que el proyecto de financiamiento educativo que envió a la legislatura con tratamiento de urgencia sea un impuestazo. Sin embargo, la discusión no se resuelve negando una palabra. Se resuelve explicando las obligaciones tributarias que contiene la iniciativa y sus consecuencias.
El proyecto modifica cargas y destinos de recursos. Sus efectos económicos deben evaluarse antes de aprobarlo, especialmente cuando involucra servicios esenciales y una entidad financiera pública que cumple funciones sociales dentro de la economía fueguina.
La necesidad de financiar la educación merece una respuesta. Pero ese objetivo no vuelve irrelevante el costo del mecanismo elegido ni convierte a quienes lo cuestionan en defensores de grandes corporaciones como el gobernador intento descalificar. Sin embargo el propio gobernador se olvido de realizar la presentación judicial en contra de Camuzzi por los 48 millones de dólares invertidos por la provincia en infraestructura, un gobernador muy acostumbrado a realizar anuncios públicos que nunca se concretan en la realidad, ahora busca grabar el transporte del gas permitiendo que ese nuevo impuesto pueda ser trasladado a todos los consumidores fueguinos.
El costo existe, aunque el gobernador discuta cómo llamarlo
Según el esquema difundido, la propuesta contempla un adicional del 3% de Ingresos Brutos sobre las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego y una alícuota del 3,4% para la distribución de gas natural.
Esas obligaciones tienen un efecto económico directo sobre los sujetos alcanzados. Lo que requiere información adicional es cómo se distribuirá ese costo: cuánto absorberán las empresas, qué incidencia tendrá sobre sus resultados y si habrá mecanismos que permitan trasladarlo a usuarios o clientes.
El Gobierno debería publicar estimaciones y explicar el tratamiento regulatorio del tributo sobre la distribución de gas. Una provincia donde la calefacción ocupa un lugar central en la vida cotidiana necesita conocer cualquier posible repercusión sobre ese servicio y sobre todo cuando el gobierno nacional logró aprobar un incremento de las factura de gas en Tierra del Fuego al disminuir los subsidios de la zona fria.
El banco provincial también forma parte de la economía de los vecinos
Melella sostuvo que el Banco de Tierra del Fuego debe pagar porque otras entidades lo hacen. Ese argumento plantea una discusión sobre el tratamiento tributario, pero no responde qué consecuencias tendría la medida sobre el banco público de todos los fueguinos y que además cumple un rol social según su carta orgánica constitutiva..
Si la nueva carga reduce sus resultados, corresponde analizar su incidencia sobre la capacidad de financiar créditos, sostener programas o reinvertir. Si se prevé compensarla mediante otras decisiones, también deben explicarse.
Una obligación impuesta al banco provincial merece evaluarse junto con las funciones que esa entidad cumple para familias, trabajadores y empresas fueguinas.
El hecho de que los bancos privados aumenten comisiones o intereses no demuestra que la propuesta del Ejecutivo sea adecuada. Los vecinos pueden cuestionar ambos costos. Usar uno para justificar el otro evita discutir el contenido del proyecto.
Asignar recursos a educación también modifica otras prioridades
La iniciativa contempla destinar al fondo el 0,5% de la recaudación provincial de Ingresos Brutos, además de recursos vinculados con modificaciones del Impuesto Inmobiliario y utilidades de empresas provinciales.
Aquí también hace falta precisión. La afectación de recaudación existente no constituye, por sí sola, un aumento del impuesto al contribuyente. Pero cambia la disponibilidad de esos recursos para otras finalidades.
El Ejecutivo debe explicar cuánto representa esa reasignación, qué obligaciones presupuestarias pueden verse alcanzadas y cómo evitará trasladar el desequilibrio de un área hacia otra.
Las modificaciones del Inmobiliario, por su parte, requieren identificar qué propietarios quedarían afectados y con qué magnitud. Sin ese detalle, no es posible dimensionar el impacto sobre los hogares y las actividades económicas.
La paritaria cerrada aumenta la exigencia de explicaciones
Una de las afirmaciones más relevantes de Melella fue que el Gobierno debe cumplir la paritaria aunque la ley no se apruebe, una postura política que deja en evidencia la absoluta improvisación del gobernador Gustavo Melella.
Esa declaración obliga a conocer el respaldo financiero de los compromisos asumidos. ¿Qué recursos utilizará el Ejecutivo si el proyecto es rechazado? ¿Qué alternativas evaluó antes de proponer nuevas cargas? ¿Qué diferencia concreta produciría la aprobación del fondo?
Si las obligaciones salariales ya fueron acordadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se sostendrán en cada escenario, sobre todo teniendo en consideración el fuerte déficit que tiene la provincia.
La afirmación del gobernador tampoco elimina el debate sobre la conveniencia de resolver necesidades recurrentes mediante recursos afectados a un sector. La sostenibilidad presupuestaria exige mirar el conjunto de los servicios y sus obligaciones.
Seriedad significa información y tiempo para analizarla
El Gobierno en complicidad con legisladores como Raúl Von der Thusen y Federico Sciurano pidió mantener el trámite de urgencia. Ese procedimiento conserva la posibilidad de tener por aprobado el proyecto si no existe un rechazo expreso dentro del plazo constitucional.
Una iniciativa con consecuencias tributarias, financieras y presupuestarias necesita informes, consultas y una evaluación de sus efectos. Pedir seriedad implica facilitar ese trabajo y responder las preguntas pendientes.
No alcanza con señalar que docentes, médicos y policías merecen mejores salarios. Ese reconocimiento debe acompañarse de una explicación verificable sobre los recursos y los costos.
Melella puede defender su propuesta. Lo que no puede resolver con una descalificación es quién pagará sus consecuencias. Mientras no publique estimaciones suficientes, su afirmación de que no existe un impuestazo seguirá siendo una posición política, no una demostración del impacto de la norma.
