Del “persona no grata” al silencio: Melella evitó pronunciarse ante la nueva presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego

En 2024 calificó de “cómplice” de la ocupación británica a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson. En 2025 rechazó “totalmente” una eventual base extranjera y cuestionó los ejercicios militares autorizados por Javier Milei. Ahora, frente a la información sobre nuevas actividades de personal estadounidense en Ushuaia, el contraste está dado por la ausencia de una reacción pública equivalente.
Tierra del Fuego14/09/2026Polo SurPolo Sur

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USHUAIA.– La posición del gobernador Gustavo Melella frente a la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego parece haber recorrido, en poco más de dos años, un camino difícil de ignorar: de declarar “persona no grata” a la entonces jefa del Comando Sur y advertir sobre la pérdida de soberanía, a guardar silencio frente a las recientes informaciones sobre militares norteamericanos realizando actividades en Ushuaia.

El contraste adquiere relevancia porque no se trata de reconstruir posiciones ajenas al mandatario. Son declaraciones públicas que el propio Melella realizó cuando situaciones similares colocaron a Estados Unidos y su presencia militar en Tierra del Fuego en el centro de la discusión.

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2024: “Para nosotros es una persona no grata”

El 2 de abril de 2024, en vísperas de una visita a Tierra del Fuego de la entonces comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, Melella adoptó una de sus posiciones más duras.

El gobernador anunció que no la recibiría y sostuvo:

“Para nosotros es una persona no grata, lo hemos dicho claramente”.

La argumentación estaba directamente relacionada con Malvinas y con la alianza estratégica entre Washington y Londres.

Melella cuestionó entonces la participación estadounidense en maniobras militares junto al Reino Unido y fue todavía más contundente:

“Cualquiera que acompañe la invasión que lleva adelante Gran Bretaña en nuestro territorio termina siendo de alguna manera cómplice”.

Incluso reveló que la Embajada estadounidense había buscado concretar un encuentro y aseguró que su negativa era terminante.

“Mientras Estados Unidos, el Comando Sur, participe en las maniobras que hace Gran Bretaña en el Atlántico Sur, nosotros no la vamos a recibir”.

En aquel momento, la presencia de una alta autoridad militar estadounidense en Ushuaia era considerada por el gobernador suficientemente grave como para establecer públicamente un límite político.

2025: “Rechazamos totalmente una base militar extranjera”

Un año después, Melella volvió a adoptar una posición crítica.

El Gobierno de Javier Milei había dictado el Decreto 697/2025, vinculado al ejercicio combinado “Tridente”, habilitando actividades con participación de fuerzas estadounidenses.

La decisión provocó además una controversia institucional por la utilización de un decreto del Poder Ejecutivo en una materia vinculada con la introducción de tropas extranjeras, cuestión sobre la cual el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional atribuye una competencia específica al Congreso.

La respuesta política de Melella volvió a ser inequívoca:

“Rechazamos totalmente una base militar extranjera”.

Y explicó el fundamento de aquella preocupación: una eventual instalación extranjera significaría, según expresó entonces, “perder soberanía”.

También puso el foco en un elemento que permanece vigente: Estados Unidos es aliado estratégico del Reino Unido, potencia que mantiene presencia y control de facto sobre las Islas Malvinas.

2026: ¿qué cambió?

Por eso las informaciones conocidas ahora sobre actividades de personal militar estadounidense en Ushuaia colocan al gobernador frente a sus propias definiciones anteriores.

Si en 2024 la presencia de Richardson justificaba declararla “persona no grata”, y si en 2025 los ejercicios estadounidenses motivaban advertencias públicas sobre soberanía, ¿por qué una situación que vuelve a involucrar a militares de Estados Unidos en Tierra del Fuego no produjo hasta ahora una reacción pública de similar intensidad?

La pregunta adquiere mayor dimensión ante los interrogantes sobre el marco jurídico aplicable a esas actividades.

Resulta indispensable que las autoridades expliquen cuántos efectivos extranjeros se encuentran en la provincia, cuál es su misión, cuánto tiempo permanecerán, qué actividades realizan y bajo qué autorización ingresaron y operan en territorio argentino.

Una contradicción que exige explicaciones

La cuestión tampoco puede reducirse a una discusión ideológica sobre Estados Unidos.

Tierra del Fuego constituye uno de los espacios geopolíticamente más sensibles de la Argentina: Malvinas, Atlántico Sur, acceso al Pasaje de Drake, proyección antártica, infraestructura naval y portuaria y rutas marítimas estratégicas convergen en un mismo territorio.

Por eso sorprende particularmente el contraste.

2024: “Persona no grata”.

2025: “Rechazamos totalmente una base militar extranjera”.

2026: silencio ante las nuevas informaciones sobre actividades militares estadounidenses en Ushuaia.

La pregunta política es inevitable: ¿qué cambió entre aquel Melella que advertía públicamente sobre Estados Unidos y el gobernador que hoy evita colocar el mismo énfasis frente a una situación que vuelve a involucrar personal militar norteamericano?

Y el interrogante cobra todavía más importancia en momentos en que Nación anuncia la reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Si el gobernador sostiene la posición que defendió durante los últimos años, debería despejar cualquier ambigüedad acerca de un principio elemental: la construcción de infraestructura militar argentina destinada a fortalecer la presencia nacional en el Atlántico Sur no puede transformarse en una puerta de entrada para una presencia permanente de fuerzas extranjeras.

La coherencia también forma parte de una política de soberanía.

Porque si la presencia militar estadounidense era motivo de alarma cuando Melella confrontaba políticamente con Nación, debería seguir siéndolo ahora.

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