Polo Sur
El conflicto por los terrenos de Chacra VIII tiene una historia que excede ampliamente los últimos anuncios de obra pública. Compradores del emprendimiento de Moliterno denunciaron durante años demoras en la entrega de lotes y falta de servicios básicos. La intervención estatal llegó muy tarde y mal, después de una prolongada sucesión de reclamos y plantea una pregunta central: cómo se reparará el perjuicio de las familias y qué responsabilidades asumirán quienes comercializaron la urbanización.
El propio Gobierno provincial reconoció en marzo de 2025 que la empresa urbanizadora no había logrado construir durante más de una década la infraestructura necesaria. En esa comunicación anunció una primera etapa de electrificación y gestiones para ampliar la cobertura.
En 2018 ya había reclamos y promesas de entrega
En el 2018, se dieron a conocer denuncias de compradores que aseguraban haber cancelado sus obligaciones con Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios sin recibir los terrenos. Algunos situaban sus compras cuatro años antes.
Guillermo Baracchi, atribuyó las demoras a problemas técnicos en las obras de infraestructura y aseguró que los terrenos serían entregados en diciembre de ese año. La explicación empresarial señalaba que había sido necesario rehacer tendidos de agua y cloacas.
Ese antecedente muestra que el problema ya era público y que existían compromisos de solución con fechas concretas. Los reclamos posteriores permiten advertir que aquella respuesta no puso fin al conflicto.
Las familias también reclamaron al Estado
En julio de 2020, un comprador entrevistado por Aire Libre FM señaló que había adquirido su terreno a Moliterno y cuestionó la falta de respuestas de la empresa, del Municipio y del IPV. El testimonio describía un loteo de aproximadamente 420 terrenos.
En diciembre de 2022, otro testimonio recogido por la misma emisora volvió a exponer la falta de servicios y las dificultades para concretar el proyecto habitacional. El vecino también cuestionó reuniones con Gabriela Castillo y aseguró que, después de reiteradas promesas, no encontraba avances suficientes.
Obras anunciadas y servicios efectivamente disponibles
La documentación oficial permite verificar que en 2026 continuaban las intervenciones para completar la infraestructura. En marzo, el Gobierno informó la apertura de ofertas para la electrificación, con un presupuesto oficial de $1.158 millones y un plazo previsto de 240 días.
En esa oportunidad, el ministro Martín Moreyra indicó que la Provincia estaba ejecutando y procurando terminar las redes de agua y cloacas, con lo cual la reacción de los vecinos en la zona sugiere que los trabajos no se finalizaron.
En julio se informó la firma del contrato eléctrico, por una inversión superior a $1.400 millones y con financiamiento del Consejo Federal de Energía. La intervención contemplaba redes, centros de transformación y alumbrado público para beneficiar a unas 400 familias.
Gabriela Castillo presentó esa etapa como parte del compromiso provincial y mencionó las obras de agua y cloacas realizadas con fondos provinciales.
Quién responde por el incumplimiento privado
Que el Estado intervenga para atender a las familias no elimina la necesidad de esclarecer las obligaciones del desarrollador. La información reunida no permite determinar si existen mecanismos de recupero de los recursos públicos invertidos, qué sanciones se aplicaron ni cuál es el estado procesal de las denuncias por la comercialización de los lotes.
Después de tantos años, el resultado debe medirse en servicios funcionando y familias con su situación resuelta. Las firmas de contratos y los anuncios son pasos relevantes, pero no sustituyen ese resultado ni explican, por sí solos, cómo un emprendimiento privado terminó requiriendo una intervención pública de esta magnitud y tampoco explica que el reclamo de los vecinos siga vigente producto de la falta de avance de las obras prometidas.
