Melella busca imponer más impuestos para educación, pero se niega ajustar su enorme gasto político

La Legislatura retiró el trámite de urgencia al proyecto de Financiamiento Integral de la Educación Fueguina. Eso no significa que haya rechazado la iniciativa: seguirá en discusión, pero ya no podrá convertirse automáticamente en ley por el vencimiento del plazo. El cambio abre espacio para revisar el texto, sus fuentes de financiamiento y el impacto de las medidas propuestas. 

Melella de forma descarada presenta la propuesta como una herramienta para garantizar derechos y previsibilidad. Pero llamarla “financiamiento educativo” no responde por sí solo a las dudas sobre quiénes terminarán aportando, cuánto se recaudará ni cómo se controlará el destino de esos fondos. La discusión pública no puede reducirse a estar a favor o en contra de la educación: también debe examinarse si el mecanismo elegido es justo, necesario y transparente.

Y hay una omisión política difícil de pasar por alto. En su mensaje, el Gobernador lamenta que se haya quitado la urgencia y reclama acompañamiento, pero no explica qué medidas de emergencia tomó su propia gestión para revisar gastos, reducir estructuras o reordenar prioridades antes de proponer nuevas cargas. Tampoco presenta un plan concreto de austeridad administrativa que demuestre que el Estado hizo primero el esfuerzo que ahora pide a los contribuyentes.

Mientras tanto el laboratorio del Fin del Mundo gasta más de 1500 millones y no produce absolutamente nada y la Fabrica de Talentos (ñoquis) conducida por Analía Cubino se gasta mas de 20mil millones por años, más el ejercito de ñoquis nombrados por Jorge Canals, lo que evidencia que Melella no quiere ajustar el funcionamiento del estado, muy por el contrario, prefiere que las familias fueguinas sigan haciendo el esfuerzo.

Las familias fueguinas ya no pueden recortar más. Comercios, trabajadores y pequeñas empresas enfrentan costos crecientes y una actividad debilitada. En ese contexto, exigir nuevos aportes sin mostrar primero qué gastos se revisaron alimenta la desconfianza. La necesidad de financiar las escuelas es real; también lo es la obligación del Gobierno de rendir cuentas sobre cómo administra los recursos disponibles en una situación de crisis que impone prioridades.

La educación no puede ser usada como escudo para cerrar el debate. Si la Provincia necesita fondos adicionales, debe publicar las proyecciones de recaudación, precisar el impacto por sector, explicar qué gastos se revisaron y establecer controles que permitan verificar que cada peso llegue al sistema educativo. El propio trámite legislativo incorporó cambios al proyecto y prevé instancias de seguimiento, una señal de que el texto requiere análisis y no una aprobación apurada. 

Decir que “la educación no puede esperar” puede ser cierto. Pero tampoco puede esperar la explicación sobre el gasto público, la revisión de las prioridades del Ejecutivo y un plan que no traslade automáticamente el costo a quienes ya no tienen margen para achicar.