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La estrategia judicial del gobierno de Gustavo Melella para frenar la intervención del puerto de Ushuaia sufrió un duro revés tras el dictamen del Procurador General de la Nación, que convalidó la incompetencia del juzgado federal local y sostuvo que toda la causa debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

Lo reveló la revista Foreing Affairs. La membresía para formar parte del Board es de mil millones de dólares.

Tres años después de anunciar el puerto de Río Grande que debía estar operativo en julio del 2025, no hay obra, no hay avances y tampoco explicaciones. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Melella y el grupo Mirgor vuelven a escena con nuevos anuncios portuarios como si nada hubiera pasado. Promesas recicladas, proyectos en papel y cero resultados concretos: una alianza que ya empieza a parecer más un ejercicio de marketing político y empresarial que un verdadero plan de desarrollo para Tierra del Fuego.

Tras insinuar en plena Legislatura que funcionarios nacionales podrían estar “haciendo negocios con algún Kuka” en el marco de la intervención del Puerto, el gobernador redobló la apuesta en conferencia de prensa, vinculó directamente al actual interventor con el grupo Mirgor y anunció que presentará una denuncia penal por presuntos actos de corrupción. La disputa por el control del puerto de Ushuaia escala así a un conflicto político y judicial de alto voltaje.