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El petrolero VS PROMISE ingresó al Puerto de Ushuaia mientras la terminal permanece intervenida por el Gobierno nacional. La Provincia perdió el control operativo, técnico y administrativo del puerto y las decisiones están actualmente en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El episodio vuelve a encender las alarmas después de la polémica instalación del radar con capacidad militar de capitales británicos en Tolhuin y abre un interrogante todavía más grave: quién permitió el ingreso de un buque británico a la capital de Malvinas?

Tres años después de su anuncio, la obra estratégica más importante para el desarrollo económico de la ciudad de Río Grande no registra ni un solo avance visible y permanece atrapada entre promesas incumplidas, silencios y discursos repetidos.

Puerto de Río Grande, hidrógeno verde, planta de urea, planta de amoníaco, polo petroquímico, parques eólicos, terminal de cruceros y ahora acuicultura. En Tierra del Fuego parece existir una economía paralela: la de los anuncios. Una provincia donde los proyectos abundan en las conferencias de prensa, pero desaparecen cuando llega la hora de mostrar obras, inversiones reales y puestos de trabajo concretos.

En una decisión de alto impacto político e institucional, a propuesta del legislador Damián Löffler, la Legislatura de Tierra del Fuego archivó el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Melella que buscaba modificar el modelo de gestión portuaria, cerrando así la puerta a un esquema que abría la posibilidad de privatizar uno de los activos estratégicos más importantes de la provincia.

El puerto más estratégico del sur argentino entra en zona de riesgo, Melella impone un nuevo esquema que le saca el control estatal fueguino y lo abre a intereses privados extranjeros bajo una estructura empresarial que podría poner en riesgo los intereses fueguinos como puerta de acceso a la Antártida y el Atlántico sur

La estrategia judicial del gobierno de Gustavo Melella para frenar la intervención del puerto de Ushuaia sufrió un duro revés tras el dictamen del Procurador General de la Nación, que convalidó la incompetencia del juzgado federal local y sostuvo que toda la causa debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

Lo reveló la revista Foreing Affairs. La membresía para formar parte del Board es de mil millones de dólares.

Tres años después de anunciar el puerto de Río Grande que debía estar operativo en julio del 2025, no hay obra, no hay avances y tampoco explicaciones. Sin embargo, el gobierno de Gustavo Melella y el grupo Mirgor vuelven a escena con nuevos anuncios portuarios como si nada hubiera pasado. Promesas recicladas, proyectos en papel y cero resultados concretos: una alianza que ya empieza a parecer más un ejercicio de marketing político y empresarial que un verdadero plan de desarrollo para Tierra del Fuego.

Tras insinuar en plena Legislatura que funcionarios nacionales podrían estar “haciendo negocios con algún Kuka” en el marco de la intervención del Puerto, el gobernador redobló la apuesta en conferencia de prensa, vinculó directamente al actual interventor con el grupo Mirgor y anunció que presentará una denuncia penal por presuntos actos de corrupción. La disputa por el control del puerto de Ushuaia escala así a un conflicto político y judicial de alto voltaje.