Polo Sur
Las declaraciones públicas de la legisladora Myriam Martínez dejaron al descubierto, con una crudeza poco habitual, la lógica con la que el oficialismo fueguino decidió avanzar sobre los fondos del Puerto de Ushuaia. Lejos de tratarse de una medida excepcional o forzada por una emergencia imprevisible, la utilización de recursos portuarios fue presentada como una opción deliberada dentro de un menú de alternativas políticas que el propio gobierno fue descartando una por una.
Según explicó la legisladora, el punto de partida fue el rechazo de los gremios estatales a un aumento de aportes destinado a financiar la obra social. Al no generarse ese recurso, el Ejecutivo —junto a la mayoría legislativa— decidió “salir a cubrir” el faltante. Lo revelador no es solo el destino del dinero, sino el razonamiento que llevó a elegir al Puerto como caja de auxilio.
Martínez detalló que se analizaron otras posibilidades: las utilidades del banco provincial fueron descartadas porque ya tienen destino en la caja jubilatoria; subir impuestos al sector privado fue rechazado bajo el argumento de que “la obra social es del Estado”; el superávit de la AREF no se utilizó por falta de cuantificación inmediata. Finalmente, quedó sobre la mesa el superávit del Puerto, que contaba —según sus propias palabras— con 8 mil millones de pesos en plazos fijos y un superávit proyectado de otros 10 mil millones en 2025.
Es decir, no se trató de una decisión técnica inevitable, sino de una elección política: usar los recursos del Puerto porque estaban disponibles. La legisladora lo dijo sin rodeos. El gobernador fue consultado y “accedió”, porque “no hay dinero y los números están a la vista”. En esa frase se condensa toda una concepción de gobierno: cuando no hay planificación, cuando se agotan las alternativas y cuando no se quiere asumir costos políticos, se avanza sobre los activos estratégicos.
Lo más grave es la naturalización del mecanismo. El Puerto aparece reducido a una cuenta bancaria con saldo, no a una infraestructura clave para el desarrollo, la soberanía logística y el futuro productivo de Tierra del Fuego. Se lo trata como una caja transitoria para tapar agujeros de una gestión que nunca resolvió de fondo el financiamiento del sistema de salud ni de la obra social.
Estas declaraciones adquieren hoy una dimensión aún más preocupante frente al avance del Gobierno nacional sobre la administración del Puerto de Ushuaia. Resulta imposible separar ambos hechos. Un puerto que es utilizado como fuente de financiamiento coyuntural, sin resguardo político ni estratégico, es un puerto debilitado. Y un activo debilitado es mucho más vulnerable frente a intentos de intervención o privatización.
La defensa del Puerto no se construye con discursos posteriores ni con gestos tardíos de autonomía. Se construye evitando su vaciamiento previo. Cuando desde el propio oficialismo se justifica el uso de sus fondos porque “no hay dinero”, se está reconociendo implícitamente el fracaso de la política económica provincial y se compromete la capacidad de defender ese mismo activo frente a terceros.
Las palabras de la legisladora Myriam Martínez no solo explican una decisión pasada. Funcionan como prueba de un modelo de gestión que administra la escasez sacrificando activos estratégicos. Y cuando el saqueo se defiende con argumentos contables, el problema deja de ser técnico: pasa a ser profundamente político.
