Polo Sur
La actuación del Gobierno provincial en la causa por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que roza el bochorno institucional. El propio Juzgado Federal dejó en evidencia que el Secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, no contaba con matrícula habilitante para litigar en el fuero federal al momento de presentar la acción. Un error básico, elemental, inadmisible para cualquier abogado, y mucho más grave cuando se trata del principal responsable legal del Poder Ejecutivo.
Pero el problema no termina ahí. El juez también puso bajo la lupa un aspecto todavía más delicado: el gobernador Gustavo Melella se presentó ante la Justicia sin la intervención de la Fiscalía de Estado, el órgano constitucional que debe representar legalmente a la Provincia en juicios de esta naturaleza. Es decir, el Gobierno no solo actuó sin matrícula federal, sino que además desconoció —o decidió ignorar— el marco institucional mínimo que regula la defensa jurídica del Estado provincial.
La suma de ambos errores no puede explicarse como un descuido menor ni como una formalidad subsanable. Revela, por el contrario, un nivel alarmante de improvisación, falta de profesionalismo y desprecio por las reglas básicas del derecho público. Cuando una gestión llega a este punto, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político, conviertiendo a las autoridades fueguinas en una verdadera verguenza institucional.
Resulta especialmente grave que estas falencias se produzcan en una causa que el propio Ejecutivo presentó como “estratégica”, “urgente” y “central para la defensa de la soberanía”. Mientras se hablaba de federalismo y autonomía, la Provincia litigaba sin los requisitos mínimos para hacerlo, exponiendo al Estado al ridículo judicial y debilitando su posición frente a la Nación.
Todo esto ocurre, además, después de haber comprometido más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo, en dólares, para una estrategia que naufragó en la primera instancia. Ni urgencia reconocida, ni cautelar concedida, ni prolijidad jurídica: solo gastos, errores y observaciones del juez.
La defensa de los intereses provinciales no se deberia hacer solo con discursos grandilocuentes, ni con demandas mal armadas. Se hace con seriedad institucional, equipos capacitados y respeto por las normas que rigen al propio Estado. Nada de eso quedó demostrado en este caso.
El episodio deja una conclusión inevitable: las autoridades legales del Gobierno provincial no estuvieron a la altura del desafío. Y cuando quienes deben garantizar la legalidad actúan sin matrícula, sin representación adecuada y sin estrategia, el daño no es solo jurídico. Es político, institucional y simbólico.
En lugar de fortalecer la posición de Tierra del Fuego, esta improvisación la debilitó aún más. Y una vez más, el costo de la desidia y la falta de profesionalismo lo terminan pagando los fueguinos.
