Polo Sur
El pronunciamiento no solo ordena el encuadre jurídico del expediente, sino que deja al descubierto una estrategia procesal que, desde el inicio, aparece marcada por errores, improvisaciones y movimientos contradictorios.
El dictamen respalda lo resuelto por el juez federal Federico Calvete, quien ya se había declarado incompetente para intervenir en el caso y había remitido las actuaciones al máximo tribunal.
El Procurador fue claro: tanto la cuestión de fondo —la acción de inconstitucionalidad contra la decisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación— como la medida cautelar presentada por la Provincia deben tramitar en la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese sentido, también descartó la posibilidad de tratar la cautelar por separado, un punto clave que desarma uno de los intentos del Ejecutivo provincial por sostener el litigio en el ámbito local.
El Gobierno de Melella había apostado a una jugada procesal que buscaba mantener la discusión en el fuero federal de Ushuaia, intentando ganar tiempo y construir un escenario más favorable.
Sin embargo, esa línea quedó rápidamente debilitada.
Incluso, en paralelo, se promovieron maniobras alternativas que ahora quedan bajo la lupa: la presentación de una segunda cautelar con otro actor —encabezada por Roberto Murcia— y el intento de recusación del juez Calvete, en una clara señal de desorden y falta de coherencia jurídica.
Ese expediente, aún en trámite en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, refuerza la percepción de una estrategia fragmentada y poco sólida.
Lo que en un primer momento fue presentado como una firme defensa de los intereses provinciales, hoy aparece como una secuencia de decisiones erráticas que no lograron sostenerse ante el análisis jurídico.
El dictamen del Procurador no deja margen para interpretaciones: la causa debe concentrarse en la Corte Suprema, y cualquier intento de desdoblarla o sostenerla en otra jurisdicción carece de sustento.
Más allá de lo estrictamente judicial, el fallo tiene consecuencias políticas. La exposición de errores en la estrategia legal debilita el discurso del Gobierno provincial y abre interrogantes sobre la conducción de un tema sensible como la administración del puerto.
En un contexto donde la gestión ya enfrenta cuestionamientos en otros frentes, este revés suma presión y deja al Ejecutivo en una posición defensiva.
Con el expediente encaminado hacia la Corte Suprema, será ahora el máximo tribunal el que defina los próximos pasos en una causa de alto impacto institucional.
Pero mientras tanto, el dictamen del Procurador ya dejó una conclusión clara: la estrategia del Gobierno fueguino no solo fue insuficiente, sino que desde su origen estuvo marcada por errores que hoy condicionan su capacidad de respuesta.
