Soberanía en riesgo: Un radar británico con capacidad militar y ahora un buque británico en Ushuaia

USHUAIA.- Primero fue un radar de una empresa vinculada a capitales británicos instalado en el corazón de Tierra del Fuego, cuya capacidad y eventual utilización dual generó cuestionamientos de organismos nacionales y ahora esta en plena investigación por parte de la legislatura de Tierra del Fuego. Ahora es un petrolero bajo registro de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica, amarrado en el Puerto de Ushuaia.

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Dos episodios diferentes, pero unidos por un mismo problema: los mecanismos con los que el Estado argentino protege sus intereses estratégicos en la provincia que contiene constitucionalmente a las Islas Malvinas.

Y esta vez existe un elemento institucional determinante.

El Puerto de Ushuaia está intervenido por el Gobierno nacional.

Sin ninguna potestad legal y bajo una endeble y vergonzosa defensa del gobierno de Melella, desde enero de 2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso la intervención administrativa de la terminal por doce meses. La Resolución 4/2026 establece que la intervención tiene bajo su responsabilidad la “gestión operativa, técnica y administrativa” del puerto y comprende aquello relativo a la operación portuaria dentro de su jurisdicción.

Por eso, la pregunta sobre quién permitió el ingreso del VS PROMISE tiene hoy un destinatario institucional inmediato: el Gobierno nacional.

La Provincia ya no controla operativamente el Puerto

Este punto resulta fundamental para comprender lo ocurrido.

La Dirección Provincial de Puertos fue ilegalmente desplazada de la gestión efectiva de la terminal por la intervención nacional. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación asumió directamente la administración y operación del Puerto de Ushuaia.

No se trata de una interpretación política.

La propia Resolución 4/2026 de una agencia de cuarta categoría sin legitimidad legal sobre los activos de la provincia de Tierra del Fuego dispone que la intervención debe garantizar la continuidad de los servicios, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes. Además, estableció como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN. 

La intervención incluso avanzó posteriormente sobre cuestiones operativas específicas, como la autorización de los estibadores habilitados para trabajar dentro del puerto. En abril, la propia ANPyN recordó oficialmente que durante la intervención “esta Agencia tiene a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa del puerto”.

El argumento utilizado para intervenir el Puerto ahora se vuelve contra Nación

Existe además una contradicción política extraordinaria.

Cuando Nación intervino el Puerto de Ushuaia argumentó, entre otras cuestiones, la importancia estratégica de la terminal.

La propia resolución nacional reconoce que su ubicación en el Atlántico Sur y su proximidad con la Antártida convierten al Puerto de Ushuaia en un punto estratégico para la República Argentina.

Es decir:

Nación intervino un puerto fueguino invocando, entre otros argumentos, su importancia estratégica y ahora, bajo esa misma intervención, aparece amarrado allí un petrolero bajo registro de la Isla de Man, perteneciente al Reino Unido.

La contradicción merece una explicación inmediata.

¿Qué pasó con la Ley Gaucho Rivero?

Aquí aparece la cuestión más delicada.

Tierra del Fuego sancionó la Ley Provincial 852 —conocida como Ley Gaucho Rivero— precisamente como una herramienta de defensa frente a determinadas actividades británicas relacionadas con la explotación ilegítima de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La presencia del VS PROMISE obliga, como mínimo, a determinar formalmente si el buque se encuentra alcanzado por sus prohibiciones.

Y esa evaluación debió realizarse antes de autorizar su operación y amarre.

Porque no estamos hablando de una embarcación recreativa.

Se trata de un petrolero de aproximadamente 228 metros, registrado bajo bandera de la Isla de Man que pertenece a la Corona Británica y con capacidad del orden del medio millón de barriles.

Más todavía: según los antecedentes disponibles, antes de llegar a Ushuaia estuvo operando en el área de Río Cullen, una explotación petrolera y gasífera al mando de la francesa Total Energies.

La discusión, entonces, combina todos los elementos sensibles para Tierra del Fuego:

Reino Unido, hidrocarburos, Atlántico Sur, infraestructura estratégica y Puerto de Ushuaia.

¿Quién autorizó al VS PROMISE?

La intervención nacional hace que ahora las preguntas sean mucho más precisas.

¿Quién autorizó el ingreso del VS PROMISE al Puerto de Ushuaia?

¿La ANPyN verificó su bandera y registro?

¿Analizó previamente la aplicación de la Ley Provincial 852?

¿Solicitó algún dictamen jurídico?

¿Intervino Prefectura Naval Argentina?

¿Se verificaron los antecedentes del propietario, operador y eventual fletador?

¿Quién solicitó el sitio de atraque?

¿Quién lo concedió?

¿Existe documentación administrativa que explique la operación?

Estas preguntas deberían poder responderse fácilmente y absolutamente todos los responsables, desde el de mayor jerarquía hasta el ultimo deberían rendir cuentas a la justicia fueguina.

Porque una intervención estatal de un puerto estratégico necesariamente deja expedientes, autorizaciones, registros de ingreso, documentación del buque y responsables administrativos.

Una intervención que tampoco rinde cuentas ante la Provincia

Hay además otro problema institucional.

Desde que Nación tomó el control del Puerto, la Provincia perdió capacidad efectiva sobre su administración cotidiana, mientras las decisiones operativas y administrativas quedaron concentradas en la intervención.

La Resolución 4/2026 es particularmente reveladora: establece que la Unidad Ejecutora debe elevar informes sobre su actuación, pero esos informes se presentan ante la Autoridad Portuaria Nacional, en la forma y periodicidad que ésta determine.

La resolución no establece allí un mecanismo equivalente de rendición periódica de la intervención ante el Gobierno provincial.

Y la cuestión económica tampoco es menor: la norma habilita que la colaboración de AGP comprenda aspectos relacionados con la administración de los fondos vinculados a la operación y explotación del Puerto de Ushuaia.

Por eso, si además de desplazar a la Provincia de la gestión portuaria la intervención nacional permite ahora operaciones que generan cuestionamientos soberanos, la discusión adquiere una dimensión completamente diferente.

Primero Tolhuin. Ahora Ushuaia.

El antecedente del radar obliga a mirar el episodio desde una perspectiva más amplia.

Primero Tierra del Fuego descubrió que una infraestructura tecnológicamente sensible vinculada a intereses británicos había logrado instalarse prácticamente en el centro geográfico de la Isla Grande.

Ahora aparece un petrolero bajo registro británico amarrado en el principal puerto estratégico de la provincia.

No significa que ambos acontecimientos formen parte de una misma operación. Pero políticamente constituyen dos advertencias sobre las vulnerabilidades de los sistemas de control estratégico argentinos. Y existe una diferencia fundamental.

En el caso del VS PROMISE, el puerto está directamente administrado por el Estado nacional.

La paradoja es difícil de ignorar

El Gobierno nacional desplazó de forma ilegal a las autoridades provinciales argumentando que debía garantizar la seguridad, eficiencia y normal funcionamiento de una infraestructura considerada estratégica.

Siete meses después, bajo esa intervención, un petrolero registrado bajo una dependencia de la Corona británica termina amarrado en Ushuaia, en plena provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La imagen posee una potencia política difícil de soslayar. A cientos de kilómetros de allí, el Reino Unido mantiene una base militar en las Islas Malvinas. Argentina continúa reclamando soberanía sobre el archipiélago. Y en Ushuaia, mientras tanto, las autoridades provinciales ya no administran su propio puerto.

Soberanía en riesgo

El problema excede largamente al VS PROMISE, la pregunta que Tierra del Fuego debería hacerse es quién está controlando integralmente el tablero estratégico del Atlántico Sur.

El radar de Tolhuin fue una señal de alarma, la intervención del Puerto de Ushuaia eliminó a la Provincia de su gestión operativa, y ahora un petrolero bajo registro británico aparece amarrado precisamente dentro de ese puerto intervenido.

Por eso Nación debe explicar qué ocurrió.

Debe identificar quién solicitó el ingreso, quién lo autorizó, qué controles se realizaron y, particularmente, qué análisis se efectuó respecto de la Ley Gaucho Rivero antes de permitir la operación.

La Resolución 4/2026 estableció expresamente que la intervención nacional debía garantizar el “cumplimiento de las normas vigentes”.

Esa obligación incluye necesariamente analizar la legislación aplicable en Tierra del Fuego.

Porque Malvinas no puede convertirse en una reivindicación ceremonial.

La soberanía también consiste en controlar los puertos, proteger los recursos estratégicos y saber quién entra, quién opera y quién autoriza.

Y esta vez existe una diferencia imposible de ignorar:

el Puerto de Ushuaia está bajo control del Gobierno nacional.

Por eso, las explicaciones deben comenzar allí.