La decisión del Gobierno nacional de avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia encontró una reacción tan previsible como insuficiente por parte del gobernador Gustavo Melella. Lejos de una defensa firme de la autonomía fueguina, el mandatario optó por una serie de mensajes en redes sociales que, carecen de peso político real y revelan una posición de extrema debilidad frente a Nación.
Melella asegura “no compartir la medida ni sus fundamentos”, pero no anuncia acciones concretas. Habla de diálogo, de responsabilidad institucional y de previsibilidad, mientras acepta sin cuestionar el marco en el que se produce la intervención. No hay advertencias formales, no hay judicialización anunciada, no hay un planteo político contundente. Hay, apenas, una defensa discursiva.
La contradicción es evidente: el propio gobernador destaca que el Puerto de Ushuaia funciona con normalidad, atraviesa una temporada récord de cruceros y es elegido por las principales navieras del mundo por sus estándares de excelencia. Si el puerto es eficiente, estratégico y exitoso, ¿cuál es entonces la justificación para que Nación avance sobre su administración? Y, más aún, ¿por qué la respuesta provincial no es proporcional a la gravedad del atropello?
La explicación de fondo no está en el puerto, sino en la situación financiera de la provincia. Un gobierno provincial con cuentas ordenadas, autonomía fiscal y capacidad de gestión no negocia su infraestructura estratégica desde una posición de necesidad. La dependencia financiera, los pedidos de auxilio y la falta de un programa económico propio dejaron a Tierra del Fuego sin margen de negociación real. Y cuando no hay margen, se dialoga desde la resignación.
El mensaje del gobernador insiste en el “diálogo permanente” con el ministro del Interior, como si la cesión de soberanía administrativa pudiera resolverse en una mesa de buena voluntad. Pero la historia reciente demuestra que cuando Nación avanza sobre competencias provinciales, el diálogo sin firmeza suele ser la antesala de la entrega.
El Puerto de Ushuaia no es un activo menor. Es una pieza estratégica para el comercio, el turismo, la logística antártica y el desarrollo futuro de la provincia. Defenderlo exige mucho más que tuits y declaraciones moderadas: exige decisión política, respaldo institucional y una provincia con fortaleza económica para plantarse.
La intervención nacional no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de años de desorden fiscal, improvisación económica y dependencia creciente del poder central. Hoy, esa irresponsabilidad se traduce en una defensa débil de los intereses fueguinos.
Melella habla de autonomía, pero actúa desde la subordinación. Y cuando un gobernador no puede defender con firmeza un puerto que funciona, crece una certeza inquietante: Tierra del Fuego no está perdiendo competencias por casualidad, las está entregando por necesidad.
La reacción del gobernador frente al arancel cero que perjudica a la industria fueguina no es un episodio aislado ni una excepción coyuntural. Por el contrario, forma parte de una reacción que se repite frente a cada avance del Gobierno nacional sobre los intereses estratégicos de Tierra del Fuego.
Ante medidas que afectan directamente al empleo, a la industria y a la autonomía provincial, Melella elige siempre el mismo camino; mensajes cuidadosamente moderados, apelaciones al diálogo y ausencia total de acciones concretas.
Ocurrió con la apertura importadora, se consolida ahora con el arancel cero y se reproduce en otros frentes sensibles, donde la defensa de la provincia queda limitada a declaraciones en redes sociales. La similitud en la reacción es evidente y preocupante: frente a decisiones que golpean de lleno a los trabajadores fueguinos, el gobernador evita la confrontación política y administra el conflicto, aun cuando ese tiempo perdido se traduce en menos producción, suspensiones y pérdida de empleo.
