Polo Sur
El Asunto 131 girado a la legislatura provincial no es una simple modernización administrativa del puerto de Ushuaia como la quiere disfrazar el gobernador Gustavo Melella. Es mucho más que eso, es el intento de rediseñar el sistema portuario provincial para sacarlo de la órbita clásica del control público y empujarlo hacia una estructura empresarial, flexible y abierta al capital privado.
El mecanismo elegido no deja demasiado margen para la ingenuidad. El Gobierno propone crear una Sociedad Anónima para gestionar la actividad portuaria provincial, sus espacios acuáticos y sus instalaciones portuarias y extraportuarias. Ya no es un ente autárquico. No es una autoridad fortalecida. No es un organismo de derecho público con mayor profesionalización. Es una sociedad anónima.
Y no cualquier sociedad anónima. Una que, además, queda afuera de la Ley de Procedimientos Administrativos y del régimen provincial de contrataciones del Estado. Dicho sin vueltas: menos controles, menos trazabilidad, menos licitaciones públicas en el sentido clásico y más margen para que el negocio quede encapsulado en decisiones empresariales y acuerdos negociados desde arriba o desde afuera de la provincia de Tierra del Fuego.
Eso es exactamente lo que vuelve tan delicado al proyecto. No privatiza de frente. Privatiza por diseño.
Porque mientras se intenta tranquilizar a la opinión pública hablando de una “acción de oro” del Estado para decisiones estratégicas, por abajo se arma una estructura donde la operatoria, la inversión, la concesión de servicios, la búsqueda de capital y la firma de contratos con operadores nacionales e internacionales quedan montadas en una lógica de derecho privado. Es decir: el Estado conserva una llave simbólica, pero el negocio empieza a mudarse a otro terreno y los fueguinos ya no participan de la decisión real.
El propio mensaje de elevación del proyecto expone sin disimulo la matriz ideológica de la propuesta. Se invoca a Rotterdam y Amberes, se reivindica la apertura a la explotación privada, se habla de internacionalización del negocio portuario, de nuevos negocios y de la necesidad de grandes inversiones. El argumento es conocido: como hace falta eficiencia, competitividad e inversión, entonces hay que correr al Estado de la gestión directa y reemplazarlo por una estructura empresarial más amigable con el capital.
La pregunta es obvia: ¿modernizar para quién y bajo control de quién?
Porque una cosa es mejorar la gestión portuaria, profesionalizar la administración, incorporar tecnología y buscar inversiones bajo reglas públicas claras. Y otra muy distinta es construir una sociedad anónima, eximirla de los controles administrativos tradicionales y habilitar capitalización privada, fideicomisos y contratos con operadores marítimos internacionales. Eso ya no es modernización neutral. Eso es un cambio de modelo, en el puerto que es clave para la conexión antártica y que su operación no puede quedar librada a los intereses particulares de una corporación internacional, el interés central debería ser el de los fueguinos.
Los cambios de modelo no son inocentes, sobre todo cuando se trata de infraestructura estratégica. Un puerto no es un kiosco. No es una unidad de negocios cualquiera. Es un nodo logístico, geopolítico y productivo. Es una herramienta de soberanía, de desarrollo territorial y de control sobre flujos económicos clave. Cuando el puerto se transforma en plataforma de negocios gestionada bajo lógica societaria, lo que cambia no es solamente el organigrama: cambia la relación entre el interés público y el interés privado.
El problema de fondo no es que participen privados. El problema es en qué condiciones, bajo qué controles y con qué resguardos institucionales. Y en este proyecto, justamente, lo que aparece debilitado es eso: el control público clásico, la transparencia propia de la administración estatal y la capacidad real de escrutinio político.
Por eso el Asunto 131 merece ser leído como lo que verdaderamente es: una tentativa de privatización encubierta del sistema portuario provincial. Encubierta no porque esté escondida, sino porque evita usar la palabra que mejor la describe. Se la disfraza de modernización, se la envuelve en ejemplos europeos, se la presenta como eficiencia, pero en el fondo propone transferir poder real de gestión a una estructura empresaria pensada para asociarse con capital privado y operar con menos controles.
No es un detalle menor. Es una definición de fondo sobre qué provincia se quiere construir. Una donde los activos estratégicos se administren como políticas públicas bajo control democrático. O una donde, paso a paso, se transformen en negocios con participación privada y supervisión estatal cada vez más tenue.
El puerto no se entrega de un día para el otro. Se entrega por etapas. Primero se cambia la figura jurídica. Después se flexibilizan los controles. Luego se habilita la capitalización privada. Más tarde llegan las concesiones, los contratos, los socios estratégicos y la excusa permanente de que sin eso no hay inversión posible.
Y cuando la sociedad advierte lo que pasó, ya no discute un proyecto: discute un hecho consumado.
