Mientras el puerto de Río Grande sigue siendo una promesa vacía y una herida abierta en la planificación estratégica de Tierra del Fuego, el Grupo Mirgor avanza silenciosamente hacia otro destino: la Antártida. No con infraestructura marítima, sino con un avión de 1944 modernizado y una autorización especial de la ANAC para operar en la Base Petrel. Una paradoja que deja al descubierto prioridades desordenadas, un hermetismo injustificado y un modelo de desarrollo que, lejos de consolidarse, se dispersa en anuncios huecos y decisiones poco transparentes.
En diciembre de 2022, el gobernador Gustavo Melella —junto al CEO de Mirgor, José Alonso— anunció con entusiasmo la construcción del Puerto de Río Grande, una obra presentada como bisagra para el desarrollo provincial. Se habló de u$s 380 millones de inversión, 400 empleos, una terminal capaz de habilitar nuevos negocios logísticos, una planta petroquímica de urea granulada, y hasta proyectos de hidrógeno verde y amoníaco.
La fecha de puesta en marcha era clara: julio de 2025.
Tres años después, la realidad es inapelable:
no hay puerto, no hay obras, no hay maquinaria, no hay explicaciones.
Lo único que quedó de aquel anuncio son las fotos del acto, los discursos grandilocuentes y titulares que prometían una “transformación histórica”.
La ausencia total de avances convirtió al puerto en un símbolo del divorcio entre el marketing político y la gestión. Una infraestructura clave para el futuro pesquero, industrial, científico y logístico de Tierra del Fuego quedó reducida a un recuerdo incómodo. En Río Grande, las necesidades siguen exactamente donde estaban: la provincia continúa dependiendo de puertos distantes, caros y saturados, perdiendo competitividad y dejando escapar oportunidades frente a otras regiones que sí invierten en infraestructura real.
En este contexto, el avance de Mirgor hacia la Antártida contrasta de manera brutal.
El proyecto antártico con conexion aerea avanza, el puerto no
Mientras el puerto de Río Grande permanece sepultado en el silencio, la empresa subsidiaria MTRA S.A.U., del Grupo Mirgor, gestionó ante la ANAC el registro de la pista de la Base Petrel/Isla Dundee como Lugar Apto Denunciado (LAD). La autorización fue otorgada —como revela el expediente NO-2025-121382734-APN-DGIYSA#ANAC— y permitirá, por ahora en forma provisoria, que la empresa realice operaciones de prueba con su Basler BT-67, matrícula LV-VYL.
La aeronave —un fuselaje de 1944 modernizado— es propiedad de la firma vinculada a Nicolás Caputo. Fue adaptada para operaciones antárticas y ya forma parte de los planes de Mirgor para ofrecer logística polar, vuelos sanitarios y turismo de aventura a terceros países.
Sin embargo, el permiso llega acompañado de advertencias.
El informe del comandante conjunto antártico, contralmirante Maximiliano Mangiaterra, aclara que la pista de Petrel solo posee una franja central de 15 metros con resistencia adecuada, y que las operaciones del BT-67 no deben superar el peso máximo probado con aviones SAAB-340 o B-200.
Incluso recomienda que las autorizaciones se limiten a vuelos de prueba sin pasajeros, sin carácter comercial.
Aun así, Mirgor avanza. Negocios nuevos, inversiones nuevas, oportunidades nuevas. Todo, menos el puerto de Río Grande, anunciado como la gran apuesta estratégica.
Silencio absoluto: ni Melella ni Mirgor dan explicaciones
Lo más grave no es solo la falta de obras, sino la falta de información.
Tanto el gobernador Gustavo Melella como Mirgor mantienen un hermetismo completo sobre el estado del proyecto portuario.
No hay informes.
No hay comunicados.
No hay conferencias.
No hay fechas.
No hay aclaraciones sobre la inversión prometida ni sobre los motivos del parate.
El proyecto desapareció de la agenda oficial. Y tampoco hay señales de que vaya a recuperarse.
La comparación es inevitable:
para la Antártida, Mirgor avanza sin obstáculos;
para Río Grande, la empresa y el gobierno provincial guardan un silencio que resulta injustificable.
Una provincia sin rumbo estratégico
En lugar de consolidar una infraestructura portuaria clave para su soberanía y desarrollo productivo, la provincia queda nuevamente atrapada entre promesas incumplidas y anuncios rimbombantes. El puerto era —y sigue siendo— una oportunidad única para:
Potenciar la industria pesquera,
Mejorar la logística de abastecimiento,
Fortalecer la actividad hidrocarburífera,
Atraer inversiones tecnológicas,
Convertir a Tierra del Fuego en un nodo logístico del Atlántico Sur.
Nada de eso ocurre.
Y mientras tanto, una empresa privada emprende su propio camino hacia la Antártida, sin rendir cuentas sobre el destino del megaproyecto que alguna vez se presentó como la obra más importante de la historia de Río Grande.
El caso del puerto fantasma y el avión antártico de Mirgor revela un patrón preocupante:
anuncios rutilantes, ausencia de ejecución, falta de controles y un silencio oficial que agrava la desconfianza pública.
Río Grande sigue sin puerto.
Y la provincia sigue sin una estrategia clara de desarrollo.
Mientras tanto, Mirgor pone un avión rumbo a la Antártida.
La pregunta que queda flotando es inevitable:
¿Para quién se gobierna y quién define realmente las prioridades de Tierra del Fuego?
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
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Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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