Polo Sur
TIERRA DEL FUEGO.- El Gobierno de Javier Milei resolvió quiénes manejarán durante los próximos cuatro años el Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina) y la decisión deja un dato político difícil de ignorar: ninguno de los tres nuevos directores representa institucionalmente a Tierra del Fuego.
Mediante el Decreto 866/2026, publicado este 3 de septiembre en el Boletín Oficial, fueron designados Juan Ignacio Rodríguez Jalón, Miguel Schmukler y María Belén Arrúa. Los cargos serán ad honorem, tendrán una duración de cuatro años y las designaciones rigen retroactivamente desde el 25 de junio. Rodríguez Jalón y Schmukler fueron propuestos por el Ministerio de Economía y Arrúa por la Jefatura de Gabinete.
La decisión resulta particularmente significativa porque no se trata de un organismo cualquiera.
El FAMP existe para administrar recursos cuyo destino específico es financiar proyectos productivos, infraestructura, bienes de capital y nuevas actividades económicas en Tierra del Fuego. El propio decreto que creó el fondo establece que su finalidad especifica es ampliar la matriz productiva y mejorar la competitividad de la provincia.
Sin embargo, para conducirlo, Milei eligió tres personas sin representación institucional fueguina y lo que es mas grave sin conocimiento territorial de Tierra del Fuego.
Una de las nuevas integrantes es María Belén Arrúa, actualmente integra el Concejo Deliberante de San Miguel, provincia de Buenos Aires, por el bloque La Libertad Avanza San Miguel, condición que surge del propio sitio institucional del municipio.
Su incorporación abre una pregunta elemental:
¿Qué conocimiento específico tiene una concejal bonaerense sobre la estructura productiva de Tierra del Fuego, sus necesidades de infraestructura, la industria electrónica, la logística insular, la producción hidrocarburífera, el turismo, la pesca o las dificultades estructurales que enfrenta la provincia?
El Decreto 866 se limita a afirmar que las tres personas designadas reúnen las condiciones de idoneidad necesarias, pero no detalla antecedentes específicos vinculados con Tierra del Fuego que justifiquen esas designaciones.
Miguel Schmukler es abogado y actualmente desarrolla actividad política dentro de La Libertad Avanza en el norte del conurbano bonaerense.
Distintos medios bonaerenses lo identifican como coordinador político de La Libertad Avanza en Tigre, integrante del equipo vinculado al ministro Luis Caputo y dirigente involucrado directamente en el armado territorial libertario con vistas a 2027.
Es decir: mientras el FAMP fue creado para resolver uno de los principales desafíos económicos de Tierra del Fuego, uno de sus máximos responsables es simultáneamente un dirigente dedicado al armado político de La Libertad Avanza en Tigre.
El tercer integrante, Juan Ignacio Rodríguez Jalón, presenta un perfil fundamentalmente administrativo.
Los registros oficiales muestran que ya se desempeñaba dentro del Ministerio de Economía como Coordinador de Asuntos Contenciosos de Trascendencia Económica e Institucional, dentro de la estructura nacional vinculada a Industria, PyME, Comercio y Minería.
Su designación puede tener una explicación técnico-administrativa, pero vuelve a plantear la misma cuestión:
ninguno de los tres lugares del Comité Ejecutivo quedó en manos de un representante fueguino.
La paradoja se vuelve todavía mayor cuando se revisan los fundamentos originales del FAMP.
El Decreto 725/2021 sostuvo expresamente que la creación del instrumento tenía también una dimensión geopolítica vinculada con la soberanía argentina en el territorio austral y planteó la necesidad de generar oportunidades productivas y laborales para las nuevas generaciones de fueguinos.
El Fondo se nutre, entre otras fuentes, de aportes realizados por empresas beneficiarias del subrégimen industrial fueguino.
Es decir, recursos originados en el propio sistema productivo de Tierra del Fuego deben financiar la diversificación económica de Tierra del Fuego, pero su Comité Ejecutivo quedó enteramente bajo conducción de personas designadas desde Buenos Aires.
Pero la discusión más importante excede los nombres.
El interrogante central sigue siendo qué está ocurriendo con el enorme volumen de recursos acumulados por el Fondo y cuál es su nivel efectivo de ejecución en proyectos productivos fueguinos.
Aquí conviene realizar una distinción importante.
La normativa del FAMP autoriza expresamente que los recursos todavía no aplicados sean invertidos financieramente. El artículo 10 del Decreto 725/2021 permite colocarlos en cuentas remuneradas, títulos públicos, valores locales o internacionales y otros instrumentos habituales del mercado financiero.
Por eso, el problema no es que exista una inversión financiera transitoria: eso está permitido por la normativa.
La discusión política es otra.
Si existen cientos de millones de dólares acumulados para transformar la estructura económica fueguina, ¿qué proporción está efectivamente financiando nuevos proyectos y qué proporción permanece colocada en instrumentos financieros?
Si, como se viene señalando públicamente, el patrimonio disponible del FAMP supera los US$260 millones, el Gobierno nacional debería transparentar inmediatamente su composición.
¿Cuánto dinero ingresó desde la creación del Fondo?
¿Cuánto fue efectivamente desembolsado?
¿Cuánto permanece disponible?
¿Cuánto está colocado en títulos, cuentas remuneradas u otros instrumentos financieros?
¿Cuánto rendimiento generaron esas inversiones?
¿Dónde quedan contabilizadas esas ganancias?
¿Se reinvierten íntegramente dentro del propio FAMP?
¿Y cuál es el cronograma para transformar ese capital en inversiones concretas dentro de Tierra del Fuego?
El dato de US$260 millones y la afirmación de que las ganancias son “usufructuadas por el Gobierno nacional” no quedan acreditados por el Decreto 866 ni por las fuentes oficiales consultadas. Lo comprobable es que la normativa permite invertir financieramente los fondos no utilizados y que esos recursos pertenecen al patrimonio del fideicomiso. Para sostener aquella acusación como hecho sería necesario acceder a los últimos estados contables y a la cartera de inversiones del FAMP.
La designación vuelve así a exponer una contradicción política difícil de disimular.
Un fondo que lleva la palabra “Fueguina” en su nombre.
Un fondo financiado fundamentalmente alrededor del régimen industrial de Tierra del Fuego.
Un fondo creado para diversificar la economía fueguina.
Y un fondo cuyo máximo órgano ejecutivo estará integrado durante cuatro años por tres personas designadas desde el Gobierno nacional, ninguna de ellas representante institucional de Tierra del Fuego.
El debate no debería reducirse a dónde nacieron los funcionarios. La pregunta relevante es qué conocimiento territorial poseen, qué vínculos mantienen con el entramado productivo provincial y bajo qué criterios decidirán qué proyectos reciben recursos y cuáles no.
Porque mientras Tierra del Fuego atraviesa pérdida de empleo industrial, dificultades de inversión y una discusión cada vez más profunda sobre su modelo productivo, cientos de millones acumulados para diversificar su economía necesitan algo más que nuevos administradores.
Necesitan ejecución, transparencia y resultados.
Y desde ahora habrá tres personas tomando esas decisiones.
Ninguna representa institucionalmente a Tierra del Fuego.
