Polo Sur

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió al proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y expresó su preocupación por el impacto que podría tener sobre los trabajadores.

Tras seis años de gestión, el Gobierno vuelve a prometer inversiones, diversificación productiva y empleo genuino como si fueran metas inéditas, cuando en realidad forman parte de una larga lista de anuncios que nunca se consolidaron: reconversión industrial, nuevos polos productivos, exportaciones con valor agregado, desarrollo acuícola y expansión científica. La diferencia es que hoy la crisis es más profunda, el empleo más frágil y la paciencia social mucho más corta.

Apenas asumió la gobernación de Tierra del Fuego, Gustavo Melella dio de baja un acuerdo de 16 años para contratar a la aseguradora del amigo de Alberto Fernández, se trata de Héctor Martínez Sosa hoy procesado y embargado.

Acusado de haberse beneficiado con contratos irregulares con organismos públicos, Melella en la mira de la justicia federal

La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.

El banco público provincial, que debería ser una herramienta de desarrollo e inclusión financiera, parece haber invertido su lógica: miles de trabajadores fueguinos cobran allí sus haberes de manera prácticamente obligada, pero acceden a créditos más caros y menos competitivos que los ofrecidos por entidades nacionales. Lejos de democratizar el acceso al financiamiento, el sistema termina consolidando clientes cautivos con beneficios limitados, alimentando una paradoja incómoda: una banca pública que, en lugar de proteger a sus propios usuarios, reproduce condiciones que dificultan su bienestar económico.

La Policía le secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros cuando allanó su departamento. Habría tenido un rol clave en el desfalco de la Agencia y además presidia la Comisión del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego donde también se presume que hubo desvío de fondos y sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina.

En un contexto de fuertes aumentos de precios y caída del consumo interno, el acuerdo bilateral con el gobierno de Donald Trump genera expectativas en el sector exportador y cuestionamientos por su impacto muy negativo en el mercado doméstico.

El fuerte viento del sector oeste volvió a convertir a la Laguna Seca en el epicentro de una nube de polvo que afectó a barrios del norte de Río Grande, complicó la circulación por la Circunvalación y reavivó el reclamo vecinal por una obra prometida hace años y que nunca dio resultados, mientras tanto y como de costumbre Melella mira para otro lado y no se hace cargo.

En una nota “muy urgente” enviada al Gobernador, la Fiscalía de Estado confirmó que no acompañará la acción judicial contra el Gobierno nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia. El organismo dejó en claro que, además de no haber sido convocado para definir la estrategia legal, existen actuaciones vinculadas al caso que hoy están bajo investigación interna, lo que le impide asumir la defensa provincial y expone un escenario de extrema fragilidad institucional.

Lula logra crear empleo y subir el poder adquisitivo, mientras mantiene la inflación en torno al 4% anual.

Presentar como un gran beneficio un acuerdo de descuentos aéreos con una empresa cuestionada por cancelaciones y demoras recurrentes resulta, como mínimo, una señal de liviandad frente a una realidad crítica. Para Tierra del Fuego volar no es un lujo ni una promoción turística: es una necesidad estratégica vinculada a la salud, el trabajo, la educación y la vida cotidiana. Apostar a promociones sin garantizar previsibilidad y calidad del servicio no fortalece la conectividad; la precariza, dejando a los fueguinos expuestos a incertidumbre, pérdidas económicas y una política turística que parece más marketing que soluciones reales.

La provincia atraviesa uno de sus momentos económicos e institucionales más delicados —caída productiva, deterioro financiero, crisis social y servicios públicos tensionados— pero la respuesta política parece limitarse a rotar funcionarios y cambiar cargos sin modificar el rumbo. En lugar de un plan económico claro, lo que se percibe es maquillaje institucional, se mueven piezas para sostener un esquema agotado mientras la incertidumbre, la pobreza y la falta de previsibilidad siguen marcando el pulso de Tierra del Fuego.

Las dos plantas bonaerenses emplean a unos 150 trabajadores. En la empresa alegan una cuestión de estacionalidad. Mientras tanto, Cherñajovsky crece en el negocio energético.

Milei decidió retirar al Estado como querellante en la causa que investiga la deuda récord tomada con el FMI durante el macrismo, una medida que beneficia directamente a exfuncionarios hoy cercanos al poder. La decisión reabre el debate sobre el destino de esos fondos, cuestionados por su posible vínculo con procesos de fuga de capitales, y deja al país frente a una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad política por una deuda que aún condiciona el presente económico argentino.