Polo Sur
El rechazo del Juzgado Federal de Ushuaia al pedido de medida cautelar presentado por el gobernador Gustavo Melella no es un tecnicismo judicial ni un simple paso procesal. Es, ante todo, un golpe político que deja al descubierto la forma en que el gobernador Gustavo Melella decidió encarar uno de los conflictos más sensibles de los últimos años: la intervención nacional del Puerto de Ushuaia.
La Justicia fue clara. No encontró razones para habilitar la feria judicial, no concedió ninguna cautelar y, lejos de convalidar la narrativa de urgencia que intentó instalar el Ejecutivo, puso en duda aspectos centrales de la estrategia legal elegida. En términos simples: no hubo aval judicial para el relato de emergencia que el Gobierno provincial difundió con tono épico.
Pero el dato más grave no es solo la falta de cautelar. El juez también pidió a la Fiscalía Federal que se expida sobre la competencia del tribunal, abriendo la posibilidad de que el caso ni siquiera deba tramitar en Ushuaia sino en la Corte Suprema. Además, cuestionó que el gobernador se haya presentado sin la intervención de la Fiscalía de Estado, el órgano constitucional que debe representar legalmente a la Provincia, y observó un hecho gravisimo, que el propio Secretario Legal del Gobierno carecía de matrícula federal al momento de actuar.
Todo esto configura un escenario preocupante: una demanda presentada con apuro, sin prolijidad institucional y con serios riesgos procesales, pero financiada con recursos públicos en dólares. Mientras la provincia atraviesa una crisis social profunda, con servicios colapsados, salarios deteriorados y una obra social en estado crítico, el Ejecutivo decidió gastar más de 60.000 dólares en una acción judicial que, al menos por ahora, no logró frenar absolutamente nada.
El Puerto de Ushuaia sigue intervenido. Los recursos siguen bajo control nacional. Y la Provincia quedó expuesta, no como una víctima de un atropello federal inmediato, sino como un gobierno que reaccionó tarde, mal y sin estrategia.
La responsabilidad política es ineludible. La intervención del puerto no fue sorpresiva ni imprevisible. Durante meses hubo advertencias, señales públicas y antecedentes que anticipaban el conflicto. Sin embargo, el gobernador Gustavo Melella eligió no actuar, no alertar a la sociedad y no construir una respuesta institucional firme a tiempo. Cuando finalmente decidió judicializar, lo hizo de manera deficiente y sin resultados concretos.
Este revés judicial no debilita la discusión de fondo sobre el federalismo y la autonomía provincial. Lo que debilita esa causa es que quien la encabeza no logre sostenerla con hechos, previsión y seriedad institucional. La soberanía no se defiende con comunicados ni con demandas tardías, sino con conducción política y decisiones oportunas.
Hoy, el rechazo judicial deja al gobernador Melella en una posición incómoda: derrochó recursos de los fueguinos, expuso a la Provincia y no obtuvo ni siquiera una medida preliminar favorable. El problema ya no es solo la intervención del puerto, sino la evidencia de un gobierno que improvisa, reacciona cuando ya es tarde y confunde relato con gestión.
En política y en derecho, los errores se pagan. Y en este caso, el costo —económico, institucional y político— vuelve a recaer sobre los fueguinos.
A este traspié institucional se suma un dato que agrava aún más el cuadro: el gobernador Gustavo Melella dispuso más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo, abonados en dólares, para una estrategia judicial que terminó chocando contra la primera barrera del sistema judicial. Recursos públicos que podrían haberse destinado a salud, educación, obra pública o asistencia social fueron literalmente tirados al tacho en una acción improvisada, sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones formales por parte del propio juez. No se trató de una inversión en defensa institucional, sino de otro despilfarro más de un gobierno que administra en crisis pero gasta sin resultados, profundizando la sensación de desorden, falta de prioridades y desconexión con la realidad que viven los fueguinos.
