Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial
Actualidad29/01/2026
Polo Sur
Mientras Tierra del Fuego arrastra un escenario social delicado, con salarios ajustados, servicios públicos tensionados, el gobernador Gustavo Melella decidió avanzar con una estrategia judicial que ya implica un gasto millonario y en moneda extranjera. Solo para poner en marcha la demanda contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), la Provincia comprometió el pago de USD 60.000 en honorarios profesionales, a desembolsar en tres cuotas, cuyo equivalente en pesos es de $87.900.000.-
El expediente FCR 000090/2026, radicado en el Juzgado Federal de Ushuaia, tramita como una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. Es decir, no suspende decisiones nacionales ni devuelve el control del Puerto de Ushuaia, sino que busca una definición abstracta sobre el alcance de las competencias federales.
El dato no es menor: los USD 60.000 corresponden únicamente al inicio de la acción judicial. Se trata de un esquema de pago en tres cuotas, lo que confirma que el costo no es potencial ni futuro, sino un compromiso ya asumido por las arcas provinciales.
Convertido a pesos al tipo de cambio oficial, el monto supera largamente los 87 millones de pesos. Y eso sin contar eventuales ampliaciones, costas judiciales o nuevas instancias que puedan surgir en un proceso que, por su naturaleza, puede extenderse durante años.
La demanda fue patrocinada por el constitucionalista Juan Carlos Cassagne, un nombre de peso en el derecho administrativo, aunque su intervención no altera un dato central: una acción declarativa no resuelve el conflicto operativo ni devuelve a la Provincia el control efectivo del puerto.
En términos prácticos, la Provincia paga a través de todos los fueguinos en dólares para discutir una cuestión que no tendrá impacto inmediato sobre la gestión portuaria, mientras el sistema sigue funcionando bajo un esquema de control que el propio Ejecutivo dejó avanzar por falta de decisiones políticas serias.
El gasto judicial contrasta con una realidad provincial marcada por dificultades en salud, una obra social en ruinas y una educación en crisis y salarios que no llegan a cubrir la canasta básica. En ese contexto, la prioridad presupuestaria elegida vuelve a quedar bajo la realidad paralela de un gobierno que hace agua por todos lados: dólares para abogados, pero soluciones postergadas para los problemas estructurales de todos los fueguinos.
Ahora lcausa se encuentra “en despacho” y cuenta con la intervención del Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Ushuaia, a cargo de la fiscal federal María Lía Hermida.
Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.
Con un esquema de retenciones más alto que el de otras provincias, sin incentivos fiscales, sin previsibilidad y con un gobierno provincial aislado de las decisiones nacionales, Tierra del Fuego queda fuera del radar inversor. En este contexto de desventaja estructural, ninguna empresa razonable apostará capital en Terra Ignis, mientras Neuquén, Santa Cruz y Chubut exportan con beneficios y reglas más competitivas.
Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.
Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.
La unidad duró lo que tardó el ajuste en llegar a las cajas municipales. Mientras antes se llamaba a “estar todos juntos”, una resolución del gobernador Gustavo Melella que recortó recursos a los municipios desató el rechazo inmediato del intendente Walter Vuoto. Del discurso de unidad al conflicto abierto, quedó en evidencia que el acuerdo político era frágil y sostenido solo mientras los intereses económicos estuvieron alineados.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
El presupuesto para este año prevé una brutal reducción del 75% respecto al 2023.
El abogado de Ushuaia Jorge Hernández realizó una durísima denuncia pública contra la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advirtió que, de manera sistemática, se interrumpen tratamientos médicos esenciales —principalmente oncológicos— durante el verano, aprovechando la feria judicial y la menor capacidad de respuesta institucional.
Un informe advierte que la estabilización macro no logra reactivar la economía real. La industria sigue en recesión, las ventas se desploman y la obra pública está virtualmente paralizada. El ajuste del Estado explica casi todo el superávit.
Mientras las cárceles de Tierra del Fuego operan al 158 % de su capacidad, el jefe de Gabinete Jorge Canals acumula anuncios, emergencias y promesas que no se traducen en soluciones reales, y el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, permanece al frente de un sistema colapsado. Entre parches, discursos y proyectos que no avanzan, la crisis carcelaria se profundiza y deja al descubierto una gestión que promete mucho y resuelve poco.
Con una resolución firmada por el nuevo ministro de Economía, el gobierno de Gustavo Melella vuelve a meter mano en la coparticipación y reduce los recursos que reciben los municipios. Bajo un argumento legal cuestionado y sin debate legislativo, la Provincia traslada el ajuste a las ciudades, debilitando su autonomía y obligándolas a absorber el costo de una crisis que no generaron.
La unidad duró lo que tardó el ajuste en llegar a las cajas municipales. Mientras antes se llamaba a “estar todos juntos”, una resolución del gobernador Gustavo Melella que recortó recursos a los municipios desató el rechazo inmediato del intendente Walter Vuoto. Del discurso de unidad al conflicto abierto, quedó en evidencia que el acuerdo político era frágil y sostenido solo mientras los intereses económicos estuvieron alineados.
Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.
Mientras el Gobierno libertario avanza con un modelo que destruye empleo, cierra PyMEs y hunde el consumo, la Cámara de Comercio fueguina eligió escuchar sin cuestionar a quienes impulsan la apertura indiscriminada de importaciones, el vaciamiento del FAMP y la eliminación de aranceles que golpean a la producción local. En nombre de una supuesta “modernización”, el sector que debería defender el trabajo y la industria parece acompañar, en silencio, las políticas que los están llevando al abismo.
Con un esquema de retenciones más alto que el de otras provincias, sin incentivos fiscales, sin previsibilidad y con un gobierno provincial aislado de las decisiones nacionales, Tierra del Fuego queda fuera del radar inversor. En este contexto de desventaja estructural, ninguna empresa razonable apostará capital en Terra Ignis, mientras Neuquén, Santa Cruz y Chubut exportan con beneficios y reglas más competitivas.
Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial