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La Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo provincial. La Ley 1626 continúa vigente y mantiene sus efectos sobre el proceso de reforma de la Constitución de Tierra del Fuego y pese a los deseos personales del gobernador Gustavo Melella la Reforma no avanza.

El legislador del Movimiento Popular Fueguino presentó un proyecto para incorporar jurados de doce personas, con paridad de género y veredictos unánimes, en el juzgamiento de delitos graves. La iniciativa comenzará a tratarse este jueves 1° de octubre y su entrada en vigencia estará condicionada a la implementación del sistema acusatorio provincial.

El intendente Martín Perez informó que la Justicia Federal admitió al Municipio en la causa contra empresas que buscan explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Durante su visita a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, el juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ernesto Löffler, reflexionó sobre la imagen del Poder Judicial, las críticas que suele recibir por parte de la sociedad y la importancia de contar con fiscales más activos y cercanos a la realidad de la gente.

El Municipio pidió intervenir como parte interesada en la causa impulsada por el CECIM La Plata y abogados ambientalistas contra Rockhopper y Navitas por el proyecto Sea Lion. Martín Perez fundamentó la decisión en la Carta Orgánica municipal y sostuvo que la defensa de Malvinas debe traducirse en acciones concretas: “Río Grande no puede ser indiferente frente a la explotación ilegal de nuestros recursos en el Atlántico Sur”.

El intendente de Río Grande destacó la decisión de la jueza federal Mariel Borruto de declararse competente y dar curso a la acción colectiva contra las petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion en Malvinas. “Es un paso concreto y serio para afirmar la soberanía argentina y defender nuestros recursos de la explotación ilegal de los ocupantes”, sostuvo. Además, marcó una definición política: “Paso a paso, sin shows, pensando en el país, pensando en Tierra del Fuego y no sólo en la elección más cercana”.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nené” Löffler planteó la necesidad de
transformar el sistema penal fueguino y avanzar hacia un modelo acusatorio adversarial, además
de incorporar los juicios por jurados. Advirtió sobre una “gran pasividad” de la Fiscalía en
Ushuaia y reveló que durante 2025 el Distrito Judicial Norte llevó 161 causas al Tribunal de
Juicio, frente a solamente 80 del Distrito Sur. También anticipó un proyecto para incorporar
inteligencia artificial en la tramitación de ejecuciones fiscales y liberar a los jueces de tareas que
pueden automatizarse.

Una jueza pidió a la fiscalía que se pronuncie sobre la competencia para intervenir en la causa que busca frenar proyectos petroleros en Malvinas.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el proceso penal no debe agotarse únicamente en la posibilidad de imponer una condena. Planteó que el debate oral constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas, reconstruir judicialmente los hechos y obtener una reparación simbólica a través del reconocimiento de la verdad.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el fallo “Jiménez Jiménez” no modifica el régimen vigente para las denuncias actuales y defendió que, aun cuando la acción penal pudiera estar prescripta, el juicio oral debe realizarse para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

El Gobierno provincial apeló el fallo que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes y ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la nulidad del decreto o habilita nuevamente el proceso impulsado por Gustavo Melella. El sorteo definió a Daniel Sacks, Paola Caucich y Sergio Dieguez como los magistrados que intervendrán en una causa con fuerte impacto institucional y político.

Mientras los trabajadores judiciales ejercen una medida de fuerza legítima, las autoridades pretenden imponer guardias mínimas generalizadas amparándose en una resolución administrativa de hace 27 años. La decisión abre un preocupante debate institucional sobre los límites del poder y el respeto a los derechos constitucionales.

El Juzgado de Familia y Minoridad Número 1 del Distrito Judicial Norte dispuso una serie de medidas de protección urgentes a favor de una mujer víctima de violencia de género, en el marco de una causa por violencia familiar o doméstica iniciada contra Ezequiel Krok .

Con dos vetos explosivos que algunos sectores denuncian como inconstitucionales, Gustavo Melella decidió avanzar contra la Legislatura y redoblar la tensión con la Justicia en medio de la crisis por la reforma constitucional. El gobernador frenó la derogación del proceso constituyente y bloqueó el goteo automático a municipios, profundizando un conflicto institucional que ya enfrenta al Ejecutivo con jueces, legisladores e intendencias de toda la provincia.

El ex juez electoral Isidoro Aramburu acusó al ministro jefe de Gabinete Jorge Canals de incurrir en una amenaza coactiva contra la jueza Mariel Zanini, tras sus declaraciones por la suspensión del proceso electoral. La Asociación de Magistrados y la UEJN emitieron un comunicado conjunto en defensa de la independencia judicial.

La UEJN y la asociación de magistrados salieron a responderle al gobierno de Gustavo Melella y denunciaron públicamente un grave avance institucional contra la independencia judicial. El comunicado, difundido tras las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini, advierte sobre “presión institucional”, cuestiona las amenazas de “consecuencias políticas” y alerta que el oficialismo está cruzando límites incompatibles con el sistema republicano y la división de poderes.

Las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini encendieron una grave alarma institucional en Tierra del Fuego. En medio de la pelea por la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella, el Ejecutivo salió públicamente a presionar y deslegitimar a una magistrada que interviene en una causa sensible para el poder político. Las advertencias sobre “consecuencias políticas”, los cuestionamientos personales y las acusaciones de “trabar deliberadamente” el proceso ya no pueden interpretarse como simples diferencias jurídicas: representan un peligroso avance sobre la independencia judicial y un ataque directo al sistema republicano de gobierno.

El Poder Judicial consideró que existe un escenario de “inestabilidad” jurídica por la causa judicial abierta y la derogación de la ley que respaldaba la convocatoria electoral.

 Mientras el Consejo de la Magistratura rechazaba por infundadas las denuncias contra el juez Ernesto Nené Löffler, el gobierno de Gustavo Melella aceleraba ascensos, cargos jerárquicos y beneficios salariales para el abogado Antonio César Petkos, impulsor de la ofensiva judicial fallida. Reubicaciones exprés, adicionales especiales y dedicación exclusiva alimentan ahora las sospechas sobre un esquema de premios políticos dentro del conflicto institucional más grave que atraviesa la provincia.

En un nuevo revés para el gobierno provincial, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego volvió a rechazar un intento de avanzar contra el juez del Superior Tribunal, Ernesto Nené Löffler. Esta vez, se trató de la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos, funcionario vinculado al propio Ejecutivo de Gustavo Melella.

La convocatoria que crece en Río Grande ya no es solo un reclamo puntual, es la expresión de un límite social frente a una jueza que, según denuncian los propios afectados, dejó de dar respuestas en uno de los ámbitos más sensibles como es la justicia de familia. Padres, madres y niños en el medio de conflictos sin resolución, y una protesta que busca romper el silencio y forzar lo que hasta ahora no llegó: una respuesta institucional contundente.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego rechazó la presentación por “infundada e improcedente”. El organismo concluyó que no existían causales de enjuiciamiento y desactivó una ofensiva que quedó expuesta como una maniobra sin sustento jurídico.

El intento de avanzar de forma temeraria e indebida en contra del juez del Superior Tribunal Ernesto Nené Löffler terminó en un fracaso absoluto para el gobernador Gustavo Melella: el Consejo de la Magistratura no solo rechazó la denuncia, sino que la calificó como infundada e improcedente, como la gran mayoría de los planteos judiciales que impulsa el gobernador. Lejos de ser un caso judicial sólido, lo que quedó expuesto fue una maniobra política sin sustento técnico que terminó en una derrota contundente para el gobierno provincial.