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En una nota “muy urgente” enviada al Gobernador, la Fiscalía de Estado confirmó que no acompañará la acción judicial contra el Gobierno nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia. El organismo dejó en claro que, además de no haber sido convocado para definir la estrategia legal, existen actuaciones vinculadas al caso que hoy están bajo investigación interna, lo que le impide asumir la defensa provincial y expone un escenario de extrema fragilidad institucional.

Milei decidió retirar al Estado como querellante en la causa que investiga la deuda récord tomada con el FMI durante el macrismo, una medida que beneficia directamente a exfuncionarios hoy cercanos al poder. La decisión reabre el debate sobre el destino de esos fondos, cuestionados por su posible vínculo con procesos de fuga de capitales, y deja al país frente a una pregunta incómoda: quién asume la responsabilidad política por una deuda que aún condiciona el presente económico argentino.

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.

La defensa judicial del Gobierno provincial terminó exhibiendo un nivel de improvisación alarmante: el Secretario Legal y Técnico litigó sin matrícula en el fuero federal y el gobernador se presentó sin la representación obligatoria de la Fiscalía de Estado. Errores básicos, inadmisibles, que no solo hicieron fracasar la estrategia legal sino que dejaron al descubierto un bochorno institucional que debilita a Tierra del Fuego y expone la desidia de quienes deben garantizar la legalidad del Estado.

Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.

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Lo resolvió la sala II de la Cámara Federal porteña que lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a un broker amigo con contrataciones de pólizas de seguros durante su mandato, el mismo mecanismo habría sido el utilizado al inicio de la gestión Melella en Tierra del Fuego, involucrando al banco de la provincia.

El representante nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Federico Villone, confirmó un paro total de 48 horas en Tierra del Fuego y pidió la derogación inmediata de la acordada que otorgó aumentos del 20% y 10% a funcionarios jerárquicos del Superior Tribunal de Justicia. “Mientras hay trabajadores por debajo de la línea de pobreza, ellos se reparten beneficios”, denunció.

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Federico Villone, referente de UEJN en Tierra del Fuego, denunció la pérdida salarial del sector, la falta de participación en decisiones clave y anunció nuevas medidas si no hay respuestas concretas.

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El Sindicato de Empleados Judiciales de Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis tras la renuncia de su secretaria gremial y otros dirigentes. Denuncian parálisis institucional, silencio ante el ajuste y un marcado alejamiento de las bases. Las críticas apuntan a una conducción cerrada, funcional a la conducción Superior Tribunal, que ha perdido legitimidad ante sus propios afiliados.