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El ministro del Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el proceso penal no debe agotarse únicamente en la posibilidad de imponer una condena. Planteó que el debate oral constituye una herramienta esencial para garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas, reconstruir judicialmente los hechos y obtener una reparación simbólica a través del reconocimiento de la verdad.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el fallo “Jiménez Jiménez” no modifica el régimen vigente para las denuncias actuales y defendió que, aun cuando la acción penal pudiera estar prescripta, el juicio oral debe realizarse para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

El Gobierno provincial apeló el fallo que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes y ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la nulidad del decreto o habilita nuevamente el proceso impulsado por Gustavo Melella. El sorteo definió a Daniel Sacks, Paola Caucich y Sergio Dieguez como los magistrados que intervendrán en una causa con fuerte impacto institucional y político.

Mientras los trabajadores judiciales ejercen una medida de fuerza legítima, las autoridades pretenden imponer guardias mínimas generalizadas amparándose en una resolución administrativa de hace 27 años. La decisión abre un preocupante debate institucional sobre los límites del poder y el respeto a los derechos constitucionales.

El Juzgado de Familia y Minoridad Número 1 del Distrito Judicial Norte dispuso una serie de medidas de protección urgentes a favor de una mujer víctima de violencia de género, en el marco de una causa por violencia familiar o doméstica iniciada contra Ezequiel Krok .

Con dos vetos explosivos que algunos sectores denuncian como inconstitucionales, Gustavo Melella decidió avanzar contra la Legislatura y redoblar la tensión con la Justicia en medio de la crisis por la reforma constitucional. El gobernador frenó la derogación del proceso constituyente y bloqueó el goteo automático a municipios, profundizando un conflicto institucional que ya enfrenta al Ejecutivo con jueces, legisladores e intendencias de toda la provincia.

El ex juez electoral Isidoro Aramburu acusó al ministro jefe de Gabinete Jorge Canals de incurrir en una amenaza coactiva contra la jueza Mariel Zanini, tras sus declaraciones por la suspensión del proceso electoral. La Asociación de Magistrados y la UEJN emitieron un comunicado conjunto en defensa de la independencia judicial.

La UEJN y la asociación de magistrados salieron a responderle al gobierno de Gustavo Melella y denunciaron públicamente un grave avance institucional contra la independencia judicial. El comunicado, difundido tras las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini, advierte sobre “presión institucional”, cuestiona las amenazas de “consecuencias políticas” y alerta que el oficialismo está cruzando límites incompatibles con el sistema republicano y la división de poderes.

Las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini encendieron una grave alarma institucional en Tierra del Fuego. En medio de la pelea por la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella, el Ejecutivo salió públicamente a presionar y deslegitimar a una magistrada que interviene en una causa sensible para el poder político. Las advertencias sobre “consecuencias políticas”, los cuestionamientos personales y las acusaciones de “trabar deliberadamente” el proceso ya no pueden interpretarse como simples diferencias jurídicas: representan un peligroso avance sobre la independencia judicial y un ataque directo al sistema republicano de gobierno.

El Poder Judicial consideró que existe un escenario de “inestabilidad” jurídica por la causa judicial abierta y la derogación de la ley que respaldaba la convocatoria electoral.

 Mientras el Consejo de la Magistratura rechazaba por infundadas las denuncias contra el juez Ernesto Nené Löffler, el gobierno de Gustavo Melella aceleraba ascensos, cargos jerárquicos y beneficios salariales para el abogado Antonio César Petkos, impulsor de la ofensiva judicial fallida. Reubicaciones exprés, adicionales especiales y dedicación exclusiva alimentan ahora las sospechas sobre un esquema de premios políticos dentro del conflicto institucional más grave que atraviesa la provincia.

En un nuevo revés para el gobierno provincial, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego volvió a rechazar un intento de avanzar contra el juez del Superior Tribunal, Ernesto Nené Löffler. Esta vez, se trató de la ampliación de la denuncia presentada por el abogado Antonio César Petkos, funcionario vinculado al propio Ejecutivo de Gustavo Melella.

La convocatoria que crece en Río Grande ya no es solo un reclamo puntual, es la expresión de un límite social frente a una jueza que, según denuncian los propios afectados, dejó de dar respuestas en uno de los ámbitos más sensibles como es la justicia de familia. Padres, madres y niños en el medio de conflictos sin resolución, y una protesta que busca romper el silencio y forzar lo que hasta ahora no llegó: una respuesta institucional contundente.

El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego rechazó la presentación por “infundada e improcedente”. El organismo concluyó que no existían causales de enjuiciamiento y desactivó una ofensiva que quedó expuesta como una maniobra sin sustento jurídico.

El intento de avanzar de forma temeraria e indebida en contra del juez del Superior Tribunal Ernesto Nené Löffler terminó en un fracaso absoluto para el gobernador Gustavo Melella: el Consejo de la Magistratura no solo rechazó la denuncia, sino que la calificó como infundada e improcedente, como la gran mayoría de los planteos judiciales que impulsa el gobernador. Lejos de ser un caso judicial sólido, lo que quedó expuesto fue una maniobra política sin sustento técnico que terminó en una derrota contundente para el gobierno provincial.

El conflicto en el ámbito judicial de Tierra del Fuego suma un nuevo capítulo. Este miércoles 8 de abril, empleados del sector llevarán adelante un paro provincial por 24 horas, en medio de un creciente malestar por la situación salarial y las condiciones laborales.

Walter Quiróz, condenado a prisión perpetua por un crimen brutal, fue detenido por amenazar al Juzgado de Ejecución y libertado días después por la jueza Cecilia Cataldo. Indignación y alarma por una decisión que expone una grave falla del sistema.

La Fiscalía de Estado de la Provincia formalizó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar el desvío de casi mil millones de pesos de la OSEF que tenían una afectación específica por ley. La investigación determinó que la presidencia del organismo utilizó recursos exclusivos para enfermedades de alta complejidad con el fin de cubrir gastos corrientes y deudas generales de la obra social.

Tras una serie de incidentes en la mesa de entradas, la cuestionada magistrada y amiga personal del actual Jefe de Gabinete Jorge Canals, la abogada Marina Paola Montero al mejor estilo patrón de estancia estableció que los ciudadanos no podrán realizar consultas sin el acompañamiento de un abogado. La medida regirá de forma inmediata y busca evitar situaciones de tensión en el edificio judicial.

La estrategia judicial del gobierno de Gustavo Melella para frenar la intervención del puerto de Ushuaia sufrió un duro revés tras el dictamen del Procurador General de la Nación, que convalidó la incompetencia del juzgado federal local y sostuvo que toda la causa debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación realizará hoy un cese de actividades desde las 11 horas. Reclaman respuestas salariales y soluciones a los problemas de cobertura de la OSEF.

La Escuela Judicial “María Angélica Barreda”, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, realizará el próximo viernes 20 de marzo a las 14:30 horas una Jornada de Derecho Ambiental en la ciudad de Ushuaia, con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, entre ellos el doctor Ernesto Löffler