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El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.

La defensa judicial del Gobierno provincial terminó exhibiendo un nivel de improvisación alarmante: el Secretario Legal y Técnico litigó sin matrícula en el fuero federal y el gobernador se presentó sin la representación obligatoria de la Fiscalía de Estado. Errores básicos, inadmisibles, que no solo hicieron fracasar la estrategia legal sino que dejaron al descubierto un bochorno institucional que debilita a Tierra del Fuego y expone la desidia de quienes deben garantizar la legalidad del Estado.

Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.

El Cártel de Los Soles fue eliminado de las acusaciones contra Nicolás Maduro como organización; sin embargo, Estados Unidos mantiene cargos por narcoterrorismo

Lo resolvió la sala II de la Cámara Federal porteña que lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a un broker amigo con contrataciones de pólizas de seguros durante su mandato, el mismo mecanismo habría sido el utilizado al inicio de la gestión Melella en Tierra del Fuego, involucrando al banco de la provincia.

El representante nacional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Federico Villone, confirmó un paro total de 48 horas en Tierra del Fuego y pidió la derogación inmediata de la acordada que otorgó aumentos del 20% y 10% a funcionarios jerárquicos del Superior Tribunal de Justicia. “Mientras hay trabajadores por debajo de la línea de pobreza, ellos se reparten beneficios”, denunció.

Se trata de Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial. El magistrado falló a favor del Gobierno. Deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura

Federico Villone, referente de UEJN en Tierra del Fuego, denunció la pérdida salarial del sector, la falta de participación en decisiones clave y anunció nuevas medidas si no hay respuestas concretas.

El caso de Gary Plauche tuvo en vilo a los Estados Unidos en 1984 y en los últimos días se volvió viral. Las imágenes pueden herir su sensibilidad.

El Sindicato de Empleados Judiciales de Tierra del Fuego atraviesa una profunda crisis tras la renuncia de su secretaria gremial y otros dirigentes. Denuncian parálisis institucional, silencio ante el ajuste y un marcado alejamiento de las bases. Las críticas apuntan a una conducción cerrada, funcional a la conducción Superior Tribunal, que ha perdido legitimidad ante sus propios afiliados.

Ocurrió en San Francisco, Estados Unidos, los oficiales federales escoltaron al piloto fuera del avión y sorprendieron a los pasajeros

El juez del Superior Tribunal de Tierra del Fuego y experto internacional en derecho constitucional argumentó que la recusación en su contra es extemporánea y carece de sustento legal, al basarse en expresiones genéricas sobre reforma constitucional.

Denuncian la desaparición de imagenes en un sobre que contenía CDs con material fotográfico que según la defensa del Juez Leonelli resultaría fundamental frente a la acusación de tenencia de pornografía infantil, la defensa busca argumentar que esas imagenes eran cruciales para demostrar que las fotos provenían de una causa que el magistrado investigó en el pasado, aunque el argumento resulta insuficiente, ya que los magistrados en ningún caso deberían tener contacto con material fotográfico, ya que es una labor exclusiva de los peritos expertos que elaboran un dictamen y eso es lo que en ultima instancia observa el magistrado.

A través de un comunicado oficial, el organismo internacional pidió aclaraciones sobre medidas que podrían afectar la autonomía de los tribunales. El Ejecutivo aún no respondió y solicitó una prórroga para presentar su descargo.

El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió anular resoluciones firmadas por el camarista Alejandro Fernández, quien no se excusó a pesar de mantener una sociedad comercial con Andrés Leonelli, el juez investigado por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía reclama que se perite el segundo celular secuestrado y se conforme un nuevo tribunal.

El presidente del Colegio de Abogados de Río Grande reclamó investigaciones profundas y advirtió sobre la responsabilidad de los auxiliares de justicia ante los casos que comprometen la credibilidad del Poder Judicial. “Somos auxiliares, no cómplices”, sentenció.