puerto ushuaia

En una nota “muy urgente” enviada al Gobernador, la Fiscalía de Estado confirmó que no acompañará la acción judicial contra el Gobierno nacional por la intervención del Puerto de Ushuaia. El organismo dejó en claro que, además de no haber sido convocado para definir la estrategia legal, existen actuaciones vinculadas al caso que hoy están bajo investigación interna, lo que le impide asumir la defensa provincial y expone un escenario de extrema fragilidad institucional.

El conflicto por la intervención del Puerto de Ushuaia quedó definitivamente fuera del ámbito judicial local tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal. La decisión no solo encamina la causa hacia la Corte Suprema, sino que también dejó al descubierto una estrategia legal cuestionada, que incluyó una presentación externa valuada en unos 60 mil dólares, más de $87 millones de pesos, solventada con fondos públicos, una de los tantos gastos innecesarios por la gestión del gobernador Melella fueguino en los últimos años.

La defensa judicial del Gobierno provincial terminó exhibiendo un nivel de improvisación alarmante: el Secretario Legal y Técnico litigó sin matrícula en el fuero federal y el gobernador se presentó sin la representación obligatoria de la Fiscalía de Estado. Errores básicos, inadmisibles, que no solo hicieron fracasar la estrategia legal sino que dejaron al descubierto un bochorno institucional que debilita a Tierra del Fuego y expone la desidia de quienes deben garantizar la legalidad del Estado.

Sin cautelar, sin urgencia reconocida y con serias observaciones del juez, la estrategia judicial del gobernador Gustavo Melella terminó en un fracaso costoso: más de 87 millones de pesos en asesoramiento legal externo tirados a la basura, mientras el Puerto sigue intervenido y la provincia atraviesa una crisis social y financiera sin precedentes. Un nuevo episodio de improvisación y despilfarro que deja expuesta la gestión de un gobierno sin rumbo.

Mientras la provincia enfrenta una crisis social profunda y servicios públicos al borde del colapso, el gobernador Gustavo Melella destinó una partida de 60.000 dólares, $87millones de pesos al cambio oficial para financiar la demanda judicial contra la Nación. El desembolso, que ya se encuentra bajo la lupa por su alto costo en moneda extranjera, busca una declaración de inconstitucionalidad que no garantiza resultados inmediatos sobre el control operativo de la terminal portuaria, podrían utilizar los abogados del estado provincial, pero sigue el derroche de recursos que hoy pagan los fueguinos por la falta de accion del gobierno provincial

Con el Puerto ya intervenido y los recursos en manos de la Nación, el Gobierno provincial recién acudió a la Justicia para reclamar lo que dejó avanzar durante meses. La reacción tardía de Gustavo Melella expone falta de anticipación política y convierte la defensa de la autonomía en un gesto ex post, cuando el daño institucional, económico y soberano ya estaba consumado.

La llegada a Ushuaia de un avión oficial del aparato de defensa de Estados Unidos, rodeada de hermetismo y sin explicaciones públicas, reaviva las alertas sobre el rol estratégico de la ciudad y suma un elemento inquietante al reciente proceso de intervención del Puerto. Con antecedentes internacionales que muestran que estas visitas suelen anticipar acuerdos de acceso y control logístico, el silencio oficial alimenta una sospecha inevitable: ¿se está reordenando el Puerto de Ushuaia como antesala de negociaciones geopolíticas que comprometen intereses estratégicos y soberanos de Tierra del Fuego?

Mientras el Gobierno nacional avanza con decisiones que desmantelan la industria fueguina —caída de aranceles, vaciamiento del FAMP, suspensión de ATN y obra pública—, el gobierno provincial responde con más gasto, más déficit y más endeudamiento para sostener gastos corrientes. Por acción y por omisión, Milei y Melella se convierten en socios de una misma crisis: uno ataca el modelo productivo, el otro fracasa en defenderlo y administrar el Estado. El resultado es una provincia al borde del colapso económico y social.

Las declaraciones de Myriam Martínez confirman lo que el Gobierno intenta disimular, el Puerto de Ushuaia fue utilizado como fuente de financiamiento para cubrir el colapso del sistema de salud provincial. Un activo estratégico reducido a una caja, con el aval del propio gobernador Gustavo Melella, hoy escondido tras la crisis.

El presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Murcia, rechazó enérgicamente la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Gobierno Nacional, denunciando que la medida constituye “un acto carente de coherencia jurídica y técnica”.