tierra del fuego

El intendente de Río Grande cuestionó que la Base Naval Integrada de Ushuaia no figure con una partida identificable en el proyecto enviado al Congreso y señaló que tampoco aparecen nuevas obras nacionales para Río Grande ni recursos para concluir trabajos paralizados.

La familia de Mercedes denunció públicamente nuevos incumplimientos en la cobertura de su internación domiciliaria. Asegura que, pese a existir un amparo judicial y un compromiso asumido por el organismo, las asistentes domiciliarias continúan trabajando sin percibir sus honorarios.

En 2024 calificó de “cómplice” de la ocupación británica a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson. En 2025 rechazó “totalmente” una eventual base extranjera y cuestionó los ejercicios militares autorizados por Javier Milei. Ahora, frente a la información sobre nuevas actividades de personal estadounidense en Ushuaia, el contraste está dado por la ausencia de una reacción pública equivalente.

El intendente de Río Grande expresó su preocupación ante la denuncia sobre la presencia de personal militar estadounidense realizando actividades en Tierra del Fuego. Reclamó que el Poder Ejecutivo informe bajo qué marco legal se encuentran en la provincia y pidió al Congreso verificar si existe la autorización prevista por el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional. “Únicamente las Fuerzas Armadas Argentinas deben tener permitido el uso de la base”, afirmó.

Durante su visita a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, el juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ernesto Löffler, reflexionó sobre la imagen del Poder Judicial, las críticas que suele recibir por parte de la sociedad y la importancia de contar con fiscales más activos y cercanos a la realidad de la gente.

El Gobernador recibió a Pablo Quirno y Carlos Presti y volvió a mostrar coincidencias con el Gobierno nacional en torno a la Base Naval Integrada de Ushuaia. Sin embargo, detrás de la fotografía institucional quedaron preguntas centrales: qué financiamiento está efectivamente garantizado para completar el proyecto, qué ocurrirá con el Puerto de Ushuaia intervenido por Nación y cómo puede hablarse de soberanía mientras la política económica nacional golpea al empleo industrial y al arraigo fueguino.

El Gobierno provincial asumió la explotación de tres áreas hidrocarburíferas y dejó su operación en manos de ROCH mediante un acuerdo transitorio. Pero detrás de esa decisión aparecen interrogantes mucho más profundos: falta de aprobación legislativa, ausencia visible de licitación, bienes provinciales puestos en garantía, posibles pasivos ambientales y un esquema económico que podría afectar ingresos coparticipables. El problema ya no es solamente petrolero. Es institucional y fiscal.

Vecinos de distintos sectores de la capital fueguina reportaron cortes de energía durante la noche de este jueves. Los apagones alcanzaron barrios como Ecológico, Los Morros, Alem, Barrio Viejo y La Cantera, entre otros. El episodio vuelve a poner bajo discusión el estado del sistema eléctrico de Ushuaia y, especialmente, los recursos que la Provincia viene destinando para sostenerlo.

El intendente Martín Perez cuestionó la Resolución 351/2026 y advirtió que el nuevo esquema productivo para los aires acondicionados puede generar pérdida de empleo y reducir las etapas de fabricación en Tierra del Fuego.

El gobernador celebró el supuesto “cambio de posición” del Gobierno nacional sobre Malvinas y valoró el anuncio de avanzar con la Base Naval Integrada. Evitó poner sobre la mesa el historial reciente de Javier Milei: su admiración por Margaret Thatcher, el avance de Sea Lion, la demora de infraestructura estratégica y una política económica que golpeó al empleo y la industria fueguina. Melella eligió mirar lo que Milei promete hacer, pero prácticamente nada dijo sobre lo que hizo hasta ahora.

El intendente de Río Grande lanzó una dura crítica al Presidente y vinculó la política nacional hacia Malvinas con el deterioro de la industria fueguina, la pérdida de empleo y la paralización de infraestructura estratégica. También advirtió sobre los avances del proyecto petrolero Sea Lion y sostuvo que la defensa de la soberanía requiere “industria, trabajo, ciencia, infraestructura, logística y población permanente”.

El ministro del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nené” Löffler planteó la necesidad de
transformar el sistema penal fueguino y avanzar hacia un modelo acusatorio adversarial, además
de incorporar los juicios por jurados. Advirtió sobre una “gran pasividad” de la Fiscalía en
Ushuaia y reveló que durante 2025 el Distrito Judicial Norte llevó 161 causas al Tribunal de
Juicio, frente a solamente 80 del Distrito Sur. También anticipó un proyecto para incorporar
inteligencia artificial en la tramitación de ejecuciones fiscales y liberar a los jueces de tareas que
pueden automatizarse.

El Gobierno nacional nombró a tres nuevas autoridades del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Ninguna tiene representación territorial fueguina. Entre los designados aparecen una concejal de La Libertad Avanza de San Miguel, un armador libertario de Tigre vinculado al equipo de Luis Caputo y un funcionario de carrera del Ministerio de Economía. Mientras tanto, continúa la discusión sobre el destino y la ejecución de los recursos acumulados por un fondo creado específicamente para diversificar la economía de Tierra del Fuego.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió a la situación que atraviesa la industria fueguina y resaltó que entre 2023 y 2026 se perdieron más de 4.600 puestos de trabajo. “Tierra del Fuego no puede vivir pendiente de que una decisión tomada a miles de kilómetros”, cuestionó.

En el Día de la Industria, el legislador provincial Damián “Loli” Löffler cuestionó el impacto de la política económica nacional sobre el entramado productivo fueguino. 
Advirtió que la pérdida de empleo ya impacta sobre el consumo, el comercio y el arraigo, especialmente en Río Grande, donde se concentra alrededor del 80% de la producción industrial de la provincia.
 “No podemos naturalizar que se destruyan puestos de trabajo y que nuestras familias empiecen a irse porque dejaron de encontrar oportunidades”, sostuvo.

Conductores alertaron sobre un fuerte deterioro de la calzada entre los kilómetros 2898 y 2905. El problema vuelve a poner en discusión el mantenimiento de la única ruta terrestre que conecta las ciudades fueguinas y el destino de los recursos nacionales específicamente vinculados con infraestructura vial.

El fiscal de Estado de Tierra del Fuego, Virgilio Martínez de Sucre, intimó al gobernador Gustavo Melella para que presente un informe documentado sobre las autorizaciones, controles y actuaciones realizadas durante la operatoria del petrolero VS Promise en Río Cullen y el puerto de Ushuaia.

Una iniciativa impulsada por profesionales de la salud para recolectar medicamentos destinados a vecinos que atraviesan dificultades económicas quedó en el centro de una fuerte controversia después de que el Gobierno provincial intimara a suspender la actividad. La concejal Guadalupe Zamora, quien había colaborado con su difusión, cuestionó el procedimiento y advirtió sobre la gravedad institucional de impedir una acción solidaria en medio de la crisis que atraviesan numerosas familias fueguinas.

Los profesionales aseguran que el sistema sanitario público atraviesa un escenario de creciente sobrecarga, con servicios que funcionan con una cantidad de médicos muy inferior a la necesaria y un aumento de hasta el 70% en la demanda. Advierten que el esfuerzo de los trabajadores está sosteniendo un sistema cada vez más exigido.

El legislador provincial Juan Matías Lapadula presentó dos pedidos de informes para reconstruir la operatoria del buque tanque VS PROMISE en Tierra del Fuego. Uno está dirigido al interventor nacional del Puerto de Ushuaia y el otro al Poder Ejecutivo Provincial. Los proyectos buscan determinar quién autorizó sus operaciones, qué hidrocarburos transportó, qué empresas contrataron el buque y si fueron evaluadas las vinculaciones empresariales con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en Malvinas.

Las mediciones de Neodelfos muestran que Walter Vuoto y Gustavo Melella aparecen entre los principales nombres que los fueguinos mencionan espontáneamente cuando se les pregunta a quién no votarían. El dato comienza a tener correlato en la propia dirigencia: Damián Löffler descartó cualquier acuerdo con Melella y FORJA, mientras Federico Sciurano afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de una alianza con Vuoto. De cara a 2027, el rechazo podría convertirse en una de las variables centrales para ordenar el escenario electoral.

El veterano de Malvinas y director de Agenda Malvinas, Daniel Guzmán, cuestionó el repudio del Gobierno fueguino por el ingreso del petrolero VS Promise al puerto de Ushuaia. Sostuvo que la Provincia necesariamente debía conocer la operación, debido a que interviene en la certificación del petróleo extraído y transportado para determinar las regalías que le corresponden.

El petrolero VS PROMISE ingresó al Puerto de Ushuaia mientras la terminal permanece intervenida por el Gobierno nacional. La Provincia perdió el control operativo, técnico y administrativo del puerto y las decisiones están actualmente en manos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. El episodio vuelve a encender las alarmas después de la polémica instalación del radar con capacidad militar de capitales británicos en Tolhuin y abre un interrogante todavía más grave: quién permitió el ingreso de un buque británico a la capital de Malvinas?