Polo Sur
Una semana despues, el gobernador Gustavo Melella decidió finalmente acudir a la Justicia para cuestionar la intervención nacional del Puerto de Ushuaia, una reacción que llega muy tarde.
La intervención del Puerto de Ushuaia no fue un rayo en cielo despejado. Desde hace varios meses existían señales claras, advertencias públicas y antecedentes concretos que anticipaban un avance del Gobierno nacional sobre la administración portuaria. El escenario era ampliamente conocido por los funcionarios provinciales y el propio gobernador y su ministro jefe de gabinete Jorge Canals, sin embargo se optó por el supuesto buen dialogo con nacion y la inacción preventiva, y recién reaccionó cuando la intervención ya estaba consumada.
Cabe destacar que la gestión de Jorge Canals al frente de la Jefatura de Gabinete en el presente contexto exhibe fracasos concretos y verificables. A pocas semanas de iniciado el 2026, el Gobierno provincial no logró aprobar una Ley de Presupuesto, dejando a la administración funcionando sin una herramienta básica de planificación y previsibilidad fiscal, en un contexto de crisis que exigiría exactamente lo contrario. A esto se suma otro dato insoslayable: pese a los anuncios del propio Canals sobre un “diálogo fluido” con la Nación, ese vínculo no fue suficiente para evitar la intervención del Puerto de Ushuaia, uno de los activos estratégicos más importantes de la provincia. La ausencia de resultados en ambos frentes —presupuesto y defensa institucional— pone en duda la eficacia real de la gestión política del Jefe de Gabinete, más allá del relato de normalidad que intenta instalarse desde el Ejecutivo.
La toma de control por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación se ejecutó la noche del 20 de enero de 2026, de manera sorpresiva y sin plan operativo conocido. Las autoridades provinciales fueron desplazadas de facto y los recursos comenzaron a ser centralizados en cuentas nacionales. Recién una semana despues de estos gravisimos acontecimientos, con el daño institucional y financiero en marcha, el Gobierno provincial decidió activar la vía judicial.
Este dato no es menor. La defensa de la autonomía y del federalismo no puede ejercerse únicamente en modo reactivo. Cuando una amenaza es concreta, reiterada y conocida, la ausencia de una estrategia anticipatoria también es una forma de responsabilidad política. La judicialización tardía expone una gestión que prefirió minimizar el conflicto, evitar el costo político o apostar al diálogo informal, hasta que la Nación avanzó sin miramientos.
Frente a las alertas impuestas por las autoridades del gobierno nacional, el gobierno provincial podría haberse planteado antes un marco de respuesta institucional firme que evitara los hechos consumados.
La defensa de la autonomía provincial no se agota en un buen planteo judicial posterior. Requiere decisión política, anticipación y coherencia. En este caso, el Gobierno provincial dejó avanzar la situación hasta que el control del Puerto ya estaba en manos nacionales, los fondos comenzaron a salir del circuito provincial y el conflicto se trasladó a los tribunales como última instancia.
La pregunta que queda flotando es inevitable: ¿por qué no se actuó antes? ¿Por qué no se alertó públicamente a la sociedad fueguina cuando las señales de intervención ya eran evidentes? ¿Por qué se esperó a que la Nación avanzara para recién entonces defender, en los papeles, una autonomía que debía haberse protegido en los hechos?
El Puerto de Ushuaia es un activo estratégico, económico y geopolítico clave. Defenderlo no puede ser una reacción de emergencia, sino una política de Estado sostenida en el tiempo y el gobernador gustavo melella demostro no estar a la altura del desafio.
Hoy el Gobierno provincial intenta poner un límite al avance nacional y reivindicar el federalismo con un déficit político evidente: llegó cuando la intervención ya era una realidad. En materia de soberanía y autonomía, reaccionar tarde también tiene costos. Y esos costos, una vez más, los pagan los fueguinos.
