gestion

La estrategia de Gustavo Melella para sostener la reforma constitucional suma otro fuerte obstáculo jurídico: según los propios debates constituyentes y la recopilación desarrollada por el juez Ernesto Nené Löffler en su obra sobre la Constitución fueguina, la ley especial vinculada a la declaración de necesidad de reforma no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Y si la ley que habilita la reforma no admite veto, tampoco podría vetarse la norma que decidió derogarla. El intento oficial de sostener el proceso empieza así a chocar contra límites constitucionales cada vez más difíciles de sortear.

El Gobierno provincial blanqueó la gravedad de la crisis económica: Alejandro Barroso ministro de economía confirmó que los fondos nacionales serán utilizados exclusivamente para cubrir salarios, la Provincia necesita fondos de Nación para pagar gastos corrientes. “Es una aspirina ante una enfermedad más compleja”, lanzó. Además aclaro que las regalías petroleras permanecen comprometidas hasta 2030, en síntesis el ministro reconoció de forma indirecta que el gobierno de Melella tras 7 años de administración irresponsable fundio la provincia.

Hace 41 años nacía una fuerza política construida desde el corazón de Tierra del Fuego, con la convicción de defender la autonomía provincial, la identidad fueguina y el sueño de una provincia con voz propia. El Movimiento Popular Fueguino no solo marcó la historia institucional de la isla: también representó el esfuerzo, la militancia y el compromiso de generaciones de fueguinos que entendieron que el futuro de la provincia debía construirse desde acá, con identidad, arraigo y sentido de pertenencia.

Mientras el sistema sanitario fueguino atraviesa una crisis cada vez más profunda y el malestar explota dentro de los hospitales públicos, el gobierno de Gustavo Melella continúa negándose a reducir el gasto político de una estructura que ya supera los 2.000 funcionarios y que le costaría a la provincia más de $5.000 millones por mes. En ese contexto de tensión y deterioro, trabajadores del Hospital Regional Ushuaia colgaron un muñeco con el rostro de la ministra Judith Di Giglio acompañado por la frase “Voy a vivir mejor”, transformando el antiguo slogan de campaña oficial en un símbolo de la crisis sanitaria y del creciente rechazo social al manejo del gobierno provincial.

Mientras Tierra del Fuego pierde fábricas, empleo y producción, más de USD 268 millones del FAMP —creado para transformar la economía fueguina— permanecen colocados en bonos, letras y fondos financieros del Estado nacional. Lo que debía financiar desarrollo industrial hoy alimenta la lógica de la timba financiera libertaria de Javier Milei y Luis Caputo, dejando a la provincia sin inversiones reales en el momento más crítico de su historia económica.

Mientras miles de familias fueguinas siguen dependiendo de garrafas, enfrentan recortes en subsidios y ahora son empujadas por Melella a endeudarse para acceder al gas, los USD 48 millones que Gustavo Melella prometió reclamarle a Camuzzi Gas del Sur nunca aparecieron. En paralelo, el gobierno provincial mantiene intacta una estructura de cerca de 2.000 funcionarios políticos que le costaría más de $5.000 millones mensuales a los fueguinos, profundizando la sensación de que el ajuste nunca llega al poder, pero sí a los vecinos.

Mientras TotalEnergies proyecta en Magallanes una inversión de más de US$16.300 millones para liderar la transición energética global con hidrógeno y amoníaco verde, en Tierra del Fuego celebra apenas US$50 millones destinados principalmente a optimizar sus propias operaciones extractivas offshore. El contraste deja al descubierto décadas de extractivismo sin industrialización, donde la provincia produce gas, pero el desarrollo, el valor agregado y las grandes inversiones estratégicas siguen ocurriendo del otro lado de la frontera.

El comunicado de FORJA intenta construir una narrativa donde Gustavo Melella aparece como una víctima de las políticas nacionales, pero omite deliberadamente el enorme nivel de responsabilidad política que el propio oficialismo provincial tiene en la crisis institucional, económica y social que atraviesa Tierra del Fuego. responsables de una ofensiva sin precedentes contra la justicia y actores políticos locales, ahora Melella busca desesperadamente ser la victima que nunca fue.