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La empresa responsabilizó directamente al Gobierno de Tierra del Fuego, a través de OSEF y el Ministerio de Salud, cuyo maximo responsable es el gobernador Gustavo Melella por una deuda que calificó como determinante para su crisis financiera. Tras casi seis décadas de actividad, Autofarma anunció el cierre de una etapa, con trabajadores, proveedores y familias atrapados en las consecuencias de un sistema que acumuló obligaciones sin pagar.

El Ministerio de Salud confirmó que suspendió hasta diciembre el ingreso de nuevos pacientes a la lista de espera para evaluaciones de Trastorno del Espectro Autista (TEA). La decisión deja a numerosas familias sin siquiera la posibilidad de acceder al sistema público, en una provincia donde el Gobierno continúa incrementando el gasto político mientras las prestaciones más sensibles colapsan.

Los profesionales de la salud nucleados en el Sindicato de Profesionales de la Salud de Tierra del Fuego (SIPROSA) realizarán una jornada de paro el próximo 10 de junio, en reclamo por el incumplimiento de acuerdos salariales firmados con el Gobierno provincial y ante la falta de respuestas concretas a una serie de planteos que vienen realizando desde hace meses.

Mientras el sistema sanitario fueguino atraviesa una crisis cada vez más profunda y el malestar explota dentro de los hospitales públicos, el gobierno de Gustavo Melella continúa negándose a reducir el gasto político de una estructura que ya supera los 2.000 funcionarios y que le costaría a la provincia más de $5.000 millones por mes. En ese contexto de tensión y deterioro, trabajadores del Hospital Regional Ushuaia colgaron un muñeco con el rostro de la ministra Judith Di Giglio acompañado por la frase “Voy a vivir mejor”, transformando el antiguo slogan de campaña oficial en un símbolo de la crisis sanitaria y del creciente rechazo social al manejo del gobierno provincial.

Hace un mes prometieron “normalidad” y continuidad en programas clave de salud. Hoy, con recortes, menos medicamentos y el Plan Remediar en riesgo, la realidad desmiente a los diputados libertarios, no era tranquilidad, era encubrimiento del ajuste.

Con más de 5,5 millones de afiliados afectados, el deterioro del sistema ya no se puede disimular: menos prestaciones, clínicas al límite y municipios desbordados.

La Fiscalía de Estado de la Provincia formalizó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar el desvío de casi mil millones de pesos de la OSEF que tenían una afectación específica por ley. La investigación determinó que la presidencia del organismo utilizó recursos exclusivos para enfermedades de alta complejidad con el fin de cubrir gastos corrientes y deudas generales de la obra social.

La decisión fue comunicada por el Canciller, Pablo Quirno. La medida es un nuevo guiño a la administración de Donald Trump, que retiró a Estados Unidos del organismo en enero de este año.

Ante la falta de acuerdos de compensación con la OSEF, el municipio que conduce Martín Perez absorbió costos por 3.000 millones de pesos para no dejar sin cobertura a los vecinos. La inversión total en la red sanitaria local superó los 10.000 millones durante el último período, en medio de una demanda que se cuadriplicó respecto a los niveles de prepandemia.

El Municipio y la Obra Social del Estado Fueguino firmaron un convenio que establece un plan de pagos para ordenar las contribuciones patronales. El acuerdo se enmarca en el fuerte esfuerzo económico que realiza la ciudad para sostener su red de salud, donde ya se destinaron más de $10.000 millones para fortalecer el sistema sanitario, incluyendo cerca de $3.000 millones utilizados para atender a afiliados de la obra social provincial. Desde el Municipio continúan insistiendo en la necesidad de avanzar en un convenio formal de prestación entre el sistema municipal de salud y OSEF.