Polo Sur
RÍO GRANDE. Mientras el Gobierno provincial sostiene una estructura política cada vez más costosa y continúa expandiendo el gasto en cargos, funcionarios y áreas administrativas, la realidad del sistema público de salud vuelve a golpear a quienes más necesitan del Estado.
A partir de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud informó que desde julio y hasta diciembre de 2026 permanecerá cerrado el ingreso a la lista de espera para evaluaciones y atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Es decir, durante seis meses, las familias que sospechen que sus hijos presentan indicadores compatibles con el espectro autista ni siquiera podrán ingresar a la lista de espera del sistema público.
La explicación oficial señala que los dispositivos especializados presentan una "demanda sostenida" que impactó en los tiempos de acceso a las prestaciones.
Pero la decisión deja al descubierto una realidad mucho más preocupante: el Estado ya no solo demora la atención, ahora directamente deja de recibir nuevos pacientes.
El propio comunicado oficial admite que quienes ya se encuentran inscriptos deberán esperar aproximadamente seis meses para iniciar la evaluación diagnóstica ADOS-II.
Luego de esa instancia, el ingreso a los dispositivos terapéuticos específicos demanda alrededor de un año adicional.
En otras palabras, un niño que logra ingresar al sistema puede llegar a esperar hasta dieciocho meses para acceder al tratamiento especializado.
Ahora, quienes todavía no ingresaron ni siquiera tendrán esa posibilidad.
El dato resulta especialmente sensible porque en el abordaje del Trastorno del Espectro Autista el tiempo constituye un factor determinante.
Los especialistas coinciden desde hace años en que la detección e intervención tempranas mejoran significativamente las posibilidades de desarrollo, comunicación, aprendizaje e integración social.
Cada mes perdido representa oportunidades que difícilmente puedan recuperarse.
Sin embargo, frente a un problema creciente, la respuesta del Estado provincial no fue ampliar equipos, incorporar profesionales o fortalecer la capacidad operativa.
La respuesta fue cerrar la puerta.
Mientras cientos de familias fueguinas reciben la noticia de que no podrán acceder al sistema público de evaluación, el Gobierno de Gustavo Melella continúa sosteniendo una estructura política que ha sido objeto de reiterados cuestionamientos por su dimensión y costo que el gobernador se niega a tocar o ajustar.
En una provincia atravesada por la crisis económica, la caída del empleo privado y fuertes restricciones presupuestarias, resulta inevitable que aparezca una pregunta incómoda:
¿Cómo puede faltar capacidad para evaluar a niños con sospecha de autismo mientras nunca parecen faltar recursos para sostener el crecimiento del aparato político?
Las prioridades de una gestión se conocen observando dónde decide invertir sus recursos.
Y hoy la imagen resulta difícil de justificar.
Por un lado, familias desesperadas buscando un diagnóstico para sus hijos.
Por el otro, un Estado que reconoce oficialmente que no tiene capacidad para incorporarlos al sistema.
El comunicado intenta presentar la medida como una reorganización administrativa.
Pero cerrar una lista de espera no resuelve el problema.
Simplemente deja de contabilizar a quienes necesitan atención.
El déficit continúa existiendo.
La demanda continúa creciendo.
Y las familias siguen enfrentando exactamente la misma realidad, solo que ahora sin siquiera la posibilidad de ingresar al circuito de atención.
Porque el verdadero problema no es la lista de espera.
El verdadero problema es un sistema que ya no tiene capacidad para responder a una necesidad sanitaria básica.
Y cuando un gobierno llega al punto de cerrar el acceso a prestaciones destinadas a niños con trastornos del neurodesarrollo mientras mantiene intacto su gasto político, la discusión deja de ser técnica.
Pasa a ser profundamente política.
Porque administrar implica elegir prioridades.
Y hoy, lamentablemente, todo indica que los niños con TEA dejaron de ser una de ellas.
