Polo Sur
El mecanismo dispuesto es tan precario como indignante. Los afiliados deberán concurrir primero a OSEF de calle Perito Moreno, donde realizarán el reclamo inicial. Desde allí serán derivados a la farmacia de OSEF ubicada en la intersección de Alberdi y Libertad, donde solo dos agentes recibirán los pedidos sin computadoras ni acceso al sistema, limitándose a anotar los reclamos en hojas sueltas.
No habrá carga de expedientes, no se iniciarán trámites, no se validará documentación ni se autorizarán prestaciones. Todo quedará acumulado y paralizado hasta que el edificio central vuelva a tener gas y el sistema pueda restablecerse, algo que no tiene fecha cierta y que, según se reconoce internamente, podría extenderse durante meses.
La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que OSEF de calle Perito Moreno no cuenta con planos de gas, requisito indispensable para que la empresa prestataria pueda avanzar con la instalación del medidor. Sin planos, no hay solución inmediata ni horizonte claro.
Mientras tanto, las únicas personas que continúan asistiendo de manera presencial son las plantas políticas. El personal de planta permanente fue enviado a realizar home office y, pese a la criticidad del área de Prestaciones Especiales, no se autorizó la entrega de computadoras para que los trabajadores puedan atender a los afiliados en condiciones mínimas.
La decisión de implementar este esquema fue tomada por Ana Monsalvo, directora general médica de OSEF en Ushuaia, quien ordenó que la atención se realice bajo estas condiciones. La medida cuenta además con el aval de la presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino, Mariana Hruby, quien confirmó que se trata de una definición que depende exclusivamente de la Dirección General Médica.
A este cuadro se suma otro dato alarmante: el inmueble de Alberdi y Libertad, donde funciona la farmacia de OSEF y donde se concentrará la atención improvisada, acumula una deuda de alquiler de muchísimos meses. El propietario del lugar solo exige que la obra social se retire y ya dejó en claro que no tiene intención de renovar el contrato, que vence en marzo, debido al incumplimiento sostenido del Gobierno provincial en los pagos. La posibilidad de un conflicto contractual e incluso un desalojo es concreta, lo que vuelve aún más frágil el esquema dispuesto para atender prestaciones sensibles.
Para este viernes está prevista además una convocatoria abierta a la comunidad, y ante la previsión de reclamos y protestas, se dispuso presencia policial desde este jueves, incluso antes de que comience formalmente la atención con papel y lápiz.
El escenario que se abre es crítico: personas con discapacidad obligadas a peregrinar entre edificios, sin sistema, sin respuestas y sin certezas, mientras OSEF acumula deudas, carece de infraestructura básica y adopta decisiones que profundizan el abandono. En las prestaciones especiales, la obra social dejó de funcionar como tal y pasó a operar, literalmente, fuera del sistema.
