Tras el fallo judicial anulando la convocatoria a Constituyentes Martín Pérez pidió “volver a discutir lo urgente”

La decisión de la Justicia Electoral de declarar nulo el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes generó fuertes repercusiones en el escenario político fueguino. Uno de los primeros dirigentes en pronunciarse fue el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien sostuvo que la provincia “está siendo perjudicada” por mantener una discusión “alejada de lo importante y de la gente”.

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A través de un mensaje difundido durante la mañana de este miércoles, el jefe comunal vinculó el fallo judicial con el rechazo legislativo al veto del gobernador Gustavo Melella, remarcando que el contexto social y económico exige priorizar otras agendas.

“Hay urgencias, hay prioridades y la reforma de la Constitución no es ninguna de las dos”, afirmó Pérez al inicio de su pronunciamiento.

El intendente consideró que la discusión sobre la reforma constitucional terminó desviando la atención de los principales problemas que atraviesa Tierra del Fuego, en medio de una coyuntura marcada por la caída del empleo, el conflicto industrial y el impacto del ajuste económico nacional.

“La decisión de la Justicia Electoral vuelve a poner en evidencia que Tierra del Fuego es perjudicada, es dañada por seguir en una discusión alejada de lo importante, de lo urgente y de la gente”, expresó.

En ese sentido, enumeró una serie de temas que, a su criterio, deberían ocupar el centro del debate político e institucional: “Trabajo, salud, producción, arraigo, desarrollo y futuro”.

Pérez también señaló que el tiempo y los recursos del Estado deben enfocarse en responder a las necesidades concretas de la población fueguina. “El tiempo y la energía de las instituciones de todos los niveles del Estado deben estar puestos en las necesidades de las familias fueguinas y en un proyecto serio para nuestra provincia”, sostuvo.

El fallo de la Justicia Electoral introduce un nuevo capítulo en la controversia política y judicial alrededor de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno provincial, en un escenario donde crecen las tensiones entre oficialismo y oposición respecto de las prioridades de gestión en Tierra del Fuego.