Polo Sur
RÍO GRANDE.- Después de casi 60 años de presencia en Tierra del Fuego, Autofarma anunció el cierre de sus sucursales. Y esta vez resulta difícil esconder el problema detrás de explicaciones generales sobre la crisis económica: la propia empresa apuntó directamente contra el Gobierno provincial y reclamó el pago de las prestaciones adeudadas por OSEF y el Ministerio de Salud.
El desenlace constituye otro golpe para el entramado comercial y laboral fueguino y coloca nuevamente bajo cuestionamiento la administración del gobernador Gustavo Melella, especialmente por la situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino.
Autofarma fue terminante al explicar las razones que llevaron a una compañía con casi seis décadas de trayectoria hasta una situación que considera insostenible.
“Autofarma no deja de funcionar por falta de voluntad, de trabajo o de compromiso”.
Según el comunicado empresarial, durante un período prolongado la firma realizó prestaciones que no fueron abonadas, generando un deterioro financiero que terminó comprometiendo la reposición de medicamentos, el pago a droguerías, proveedores, trabajadores y el sostenimiento cotidiano de las sucursales.
El mecanismo descripto por Autofarma resulta contundente: una farmacia necesita recuperar el dinero de los medicamentos y prestaciones entregados para recomponer permanentemente su stock.
Pero cuando los pagos no llegan, esa cadena comienza a quebrarse.
“El dinero que debería destinarse a reponer mercadería y mantener el funcionamiento termina siendo necesario para afrontar obligaciones urgentes con trabajadores, proveedores y demás acreedores”, explicó la empresa.
Es decir, mientras Autofarma continuaba prestando servicios, la acumulación de obligaciones impagas fue consumiendo progresivamente su capital de trabajo.
Hasta que la situación llegó al límite.
La compañía aseguró que intentó encontrar una salida y que recibió una propuesta de OSEF para cancelar parte de la deuda mediante una quita y pagos en cuotas.
La rechazó.
Y explicó públicamente por qué:
“La modalidad de pago ofrecida por OSEF no garantizaba de ninguna manera el pago de los salarios adeudados a los trabajadores y la continuidad de Autofarma y todas sus sucursales”.
El comunicado elimina cualquier ambigüedad respecto de a quién reclama una solución.
“El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de OSEF y el Ministerio de Salud, debe pagar lo que adeuda y hacerlo cuanto antes”, sostuvo la empresa.
La afirmación coloca el conflicto directamente en el terreno político.
Porque detrás del cierre no solamente desaparece una empresa histórica. Hay trabajadores cuyo futuro queda comprometido, proveedores esperando cobrar, droguerías, familias y una cadena económica completa afectada.
Y Autofarma también lo dejó expresado:
“Esa deuda no representa solamente una obligación entre instituciones. Detrás de esos fondos hay trabajadores, familias, proveedores y una cadena de personas y empresas que durante años confiaron en Autofarma”.
La pregunta que ahora debería responder el Gobierno es inevitable: ¿cómo una empresa con casi 60 años de trayectoria terminó llegando a esta situación mientras esperaba cobrar prestaciones realizadas al propio Estado provincial?
El cierre agrega un nuevo capítulo a una discusión que hace tiempo dejó de limitarse a los balances de la obra social.
Cuando una obra social estatal acumula obligaciones con sus prestadores, el problema finalmente se traslada al resto de la economía: farmacias, clínicas, profesionales, proveedores y trabajadores terminan absorbiendo las consecuencias financieras.
En el caso de Autofarma, de acuerdo con la explicación de la propia compañía, la cadena terminó rompiéndose.
Y el contraste político resulta todavía más incómodo para una administración que lleva años hablando de desarrollo, diversificación productiva, inversiones y generación de empleo.
Mientras se multiplican anuncios y proyectos, Tierra del Fuego acaba de ver cómo una empresa que sobrevivió durante casi seis décadas anuncia el cierre en medio de una disputa por dinero que reclama al propio Estado provincial.
Autofarma sostuvo que hizo esfuerzos para mantener abiertas sus sucursales, preservar los puestos laborales y continuar prestando un servicio considerado esencial.
Finalmente no pudo hacerlo.
“Nos duele profundamente por nuestros trabajadores, por nuestros proveedores y por nuestros clientes que nos acompañaron durante generaciones”, expresó la compañía.
Y cerró su comunicado con una frase que adquiere una dimensión mucho mayor frente al escenario actual:
“Gracias por haber sido parte de nuestra historia”.
Después de casi seis décadas, Autofarma baja las persianas mientras reclama que el Estado fueguino pague lo que le debe.
El Gobierno podrá explicar restricciones presupuestarias, caída de ingresos o dificultades financieras. Pero deberá responder una cuestión mucho más concreta: cómo permitió que una empresa histórica llegara hasta el cierre denunciando que no podía sostenerse porque OSEF y el Ministerio de Salud no cumplían con sus obligaciones.
El costo ya no aparece solamente en una cuenta contable.
Se mide en persianas cerradas, medicamentos que dejan de venderse, proveedores que no cobran y puestos de trabajo amenazados.
Y esa factura, tarde o temprano, también exige responsables.
