El gobierno libertario puso al PAMI en terapia intensiva: deuda récord, recortes y jubilados que pagan el ajuste en silencio

La crisis del PAMI dejó de ser un fantasma técnico para convertirse en una experiencia cotidiana para millones de jubilados. Con una deuda que supera los $500.000 millones, el principal organismo de salud para adultos mayores atraviesa un deterioro que ya se siente en cada consulta postergada, en cada práctica suspendida y en cada bolsillo que debe cubrir lo que el sistema ya no garantiza. El problema se traduce en pacientes que pagan de su propio dinero, reintegros que llegan tarde -y mal- y especialidades que directamente dejan de atender. La cobertura, en los hechos, se achica. Y lo hace en silencio.

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Detrás de ese colapso progresivo hay una ecuación que no cierra. Clínicas, sanatorios y profesionales advierten que el sistema es económicamente inviable si no se actualizan los pagos. La falta de financiamiento genera una reacción en cadena: menos servicios, más restricciones y una atención cada vez más limitada. En algunos centros, la situación ya es crítica: "Solo se está operando de urgencia" y "todo lo programado se patea hacia adelante".

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Mientras tanto, el Gobierno intenta sostener el esquema con parches. Desde el Ministerio de Salud admiten que "no hay un recorte, sino un retraso de fondos", una definición que en la práctica no cambia el resultado: el dinero no llega y el sistema se resiente. Los números oficiales explican parte del problema. Las prestaciones del PAMI registraron una caída del 29,8% interanual en términos reales, mientras que las transferencias del Tesoro se desplomaron un 57,7%. 

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En paralelo, la política de ajuste fiscal se mantiene como prioridad innegociable para la gestión de Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo. El resultado es una tensión evidente: sostener el superávit implica recortar -o demorar- fondos en áreas sensibles como la salud. El impacto no termina en los prestadores privados. En provincias como Córdoba, la crisis ya desbordó hacia el sistema público. 

Sin ir más lejos, intendentes del interior denuncian que deben hacerse cargo de prestaciones que el PAMI dejó de cubrir, con presupuestos que no alcanzan. El caso de la localidad de Luque es paradigmático: "La única clínica que había en la localidad cerró, así que el municipio tuvo que hacerse cargo", explicó el intendente Diego Viano. El costo es brutal: "El año pasado destinamos alrededor del 65% del presupuesto entre salud y acción social".

Ese desplazamiento de la demanda genera un efecto dominó: hospitales saturados, recursos escasos y una red sanitaria que empieza a mostrar signos de agotamiento. Los municipios, como primera línea de respuesta, quedan atrapados entre la urgencia social y la falta de financiamiento. En paralelo, crecen las prácticas informales que evidencian el deterioro del sistema. El cobro de plus -prohibido- se vuelve cada vez más habitual como forma de compensar ingresos, mientras aparecen denuncias por cupos encubiertos que limitan el acceso a consultas y estudios. Tener una orden médica ya no garantiza la atención.

El frente político tampoco ofrece alivio. En Córdoba, intendentes apuntan contra el diputado Gabriel Bornoroni por el manejo del PAMI en la provincia, bajo la órbita de Marcos Patiño Brizuela. Las críticas se intensifican a medida que crecen las deudas y se deterioran las prestaciones, en un contexto atravesado por internas dentro del oficialismo y sospechas sobre el armado del organismo. A nivel nacional, la situación también genera preocupación dentro del propio Gobierno. El ministro de Salud Mario Lugones ya elevó alertas sobre la sostenibilidad del sistema y reclama fondos por el equivalente a mil millones de dólares. 

La respuesta, sin embargo, depende del Ministerio de Economía, donde la lógica fiscal se impone sobre cualquier otra urgencia. En ese contexto, el PAMI funciona al límite: sostenido por transferencias insuficientes, atravesado por deudas acumuladas y con prestadores que advierten sobre posibles cierres y recortes aún mayores. La amenaza es concreta: unas 5.000 instituciones podrían quedar al borde de la quiebra si no se recompone el financiamiento.

Paradójicamente, mientras el sistema cruje, el organismo avanza en cambios internos y auditorías que detectaron irregularidades millonarias en prestaciones médicas. Fraudes, sobrefacturación y prácticas imposibles de justificar muestran que el problema no es solo de falta de fondos, sino también de control. Pero la corrección de esos desvíos, aunque necesaria, no resuelve la urgencia inmediata: garantizar la atención. En el medio de esa disputa -entre ajuste, desfinanciamiento y desorden estructural- quedan los jubilados. Son ellos quienes enfrentan demoras, recortes y costos crecientes en un sistema que debería protegerlos.