Polo Sur
La renuncia de Adriana Chaperón al frente del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia fue oficializada esta semana mediante el Decreto Provincial 0073/26. El texto administrativo, publicado en el Boletín Oficial, agradece a la funcionaria por “los valiosos servicios prestados a la Provincia” y fija su salida efectiva para el 21 de febrero de 2026. Sin embargo, detrás de la formalidad del decreto y de las palabras protocolares, queda un dato imposible de ocultar: Chaperón deja el cargo con una deuda exigible de más de $6.394 millones con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
No se trata de una acusación política ni de una interpretación periodística. Es un hecho documentado en el Certificado de Deuda N.º 01/2025, emitido por la propia presidenta del OSEF, que detalla obligaciones impagas correspondientes a prestaciones, medicamentos, prótesis y servicios vinculados a programas bajo la órbita del ministerio que condujo Chaperón durante años. La deuda, acumulada entre 2009 y junio de 2025, constituye título ejecutivo, es decir, una obligación formalmente exigible al Estado provincial.
El contraste es brutal. Mientras miles de afiliados sufren falta de turnos, interrupción de tratamientos, recortes en derivaciones y prestadores que suspenden la atención, la funcionaria responsable del área social abandona su cargo sin rendir cuentas, sin explicaciones públicas y sin que exista noticia alguna de acciones concretas para saldar la deuda que ayudó a consolidar. El sistema colapsa, pero la responsabilidad política se diluye.
Lo más grave es que el principal deudor del OSEF no es un privado ni un actor externo: es el propio Estado provincial. El Gobierno que exige eficiencia y orden a la obra social es el mismo que la desfinancia de manera sistemática. Esta deuda no es técnica ni coyuntural. Es el resultado de decisiones políticas, de omisiones presupuestarias y de una gestión que relegó la sustentabilidad del sistema de salud de los trabajadores estatales.
La salida de Chaperón se produce, además, sin sanciones, sin auditorías públicas concluyentes y sin ningún tipo de responsabilidad administrativa visible. El mensaje es claro y peligroso: se puede dejar un área clave con un pasivo multimillonario y retirarse del cargo con un agradecimiento oficial. Esa es la verdadera impunidad.
El gobernador Gustavo Melella firma el decreto de aceptación de la renuncia y acompaña el gesto institucional, pero elude una pregunta central: ¿quién responde por los más de 6 mil millones de pesos que hoy explican buena parte de la crisis sanitaria en la provincia? ¿Quién asume la responsabilidad política por un sistema que se cae mientras los funcionarios se van?
El colapso del OSEF no es un accidente. Es la consecuencia directa de un modelo de gestión que utiliza a la obra social como variable de ajuste y que luego busca responsabilidades en otros actores. La deuda certificada es la prueba escrita de que el Estado fueguino incumplió sus propias obligaciones legales.
Chaperón se va. La deuda queda. Y los trabajadores estatales siguen pagando el costo de un sistema que fue desfinanciado desde adentro. Cuando una funcionaria puede retirarse sin responder por semejante daño, el problema ya no es solo financiero o sanitario: es profundamente político e institucional.
Las declaraciones de Myriam Martínez confirman lo que el Gobierno intenta disimular, el Puerto de Ushuaia fue utilizado como fuente de financiamiento para cubrir el colapso del sistema de salud provincial. Un activo estratégico reducido a una caja, con el aval del propio gobernador Gustavo Melella, hoy escondido tras la crisis.
El presidente acusó al mayor banco de EE.UU. de discriminarlo por sus ideas políticas y aseguró que le dieron un ultimátum para cerrar sus cuentas tras el asalto al Capitolio.
Sucedió luego de la incertidumbre generada por el contexto electoral. Las ventas se encuentran cerca de mínimos de la serie que publica el INDEC.
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