Polo Sur
“A partir de diciembre cortan prestaciones que ya estaban otorgadas, sin explicación alguna”, afirmó Hernández en FM Provincia, y sostuvo que la situación se repite año tras año, aunque este verano alcanzó un nivel crítico. Según explicó, pacientes que venían recibiendo medicación, internaciones o cuidados permanentes dejan de tener cobertura de un día para otro, quedando librados a la urgencia judicial.
El letrado fue categórico al señalar que el sistema está diseñado para forzar a los afiliados a judicializar la salud. “Hoy el amparo se naturalizó. Ya saben que la gente va a tener que ir a la Justicia para que le den un medicamento”, expresó, y remarcó que incluso las órdenes judiciales muchas veces no se cumplen, obligando a pedir multas diarias contra la obra social.
En ese marco, Hernández denunció que el esquema resulta funcional al propio Estado. “Las multas las termina pagando el mismo gobierno con plata de todos los fueguinos. Es un círculo absolutamente calculado”, sostuvo, y agregó que la vuelta judicial ya está incorporada como parte del costo operativo del sistema.
Uno de los pasajes más duros de su exposición estuvo vinculado al impacto directo sobre pacientes oncológicos. “Cuando a una persona con cáncer le cortás un medicamento que necesita para vivir, la estás dejando morir”, afirmó sin rodeos, y aseguró que la mayoría de las consultas recibidas durante la feria corresponden a personas con tratamientos vitales suspendidos sin justificación.
Hernández también cuestionó con dureza las prioridades de la conducción de OSEF y recordó que, en medio de esta crisis sanitaria, se anunció una compra de computadoras por más de 7 millones de pesos. “Mientras hay pacientes sin medicamentos, el vicepresidente sale a decir que gastaron millones en computadoras. Es una provocación”, expresó, y añadió que pocos días después se informó el cierre de la atención presencial, obligando a los afiliados a gestionar todo de manera virtual.
“Primero te cortan la medicación y después te dicen que no hay atención personal porque están en home office. Es una verdadera gastada”, señaló.
Además, el abogado planteó la necesidad urgente de investigar la denominada “ruta de los medicamentos”. “Si el medicamento no se entrega, pero después aparece comprado de manera directa y al doble del precio, alguien se está beneficiando”, advirtió, y reclamó que se identifique a las empresas y funcionarios involucrados en el circuito de compra y provisión.
En ese sentido, pidió formalmente una auditoría externa e independiente sobre OSEF y la creación de una comisión investigadora en la Legislatura provincial. “Con una computadora desde mi casa puedo mostrar fechas, mails, amparos y respuestas. ¿Cómo puede ser que toda una Legislatura no investigue lo que está pasando?”, cuestionó.
Finalmente, Hernández alertó sobre posibles responsabilidades penales. “Si un funcionario no cumple una orden judicial y eso deriva en la muerte de un paciente, hay responsabilidad penal”, afirmó, y concluyó con un fuerte llamado a la acción: “Si el Gobierno y la Legislatura no intervienen ahora, ¿cuándo? Esto ya explotó”.
