Polo Sur
Hace un mes, los escandalosos diputados fueguinos de La Libertad Avanza Miguel Rodriguez y Santiago Pauli salieron a llevar “tranquilidad” a la población. Tras reunirse con el ministro de Salud, aseguraron que programas esenciales como el Plan SUMAR, el Plan Remediar y el calendario de vacunación “continuaban funcionando con total normalidad”. No había cambios. No había recortes. No había motivos para preocuparse.
Hoy, esa declaración no solo quedó desmentida, quedó expuesta como una mentira.
Mientras los diputados hablaban de continuidad, en los hechos avanzaba un proceso de ajuste profundo en el sistema sanitario nacional: reducción en la entrega de medicamentos, incertidumbre sobre la continuidad del Plan Remediar, despidos, cierres de áreas estratégicas y desmantelamiento de capacidades científicas clave .
Los datos son contundentes. Provincias que reciben hasta un 55% menos de tratamientos. Miles de botiquines menos distribuidos. Un programa que garantizaba 79 medicamentos esenciales reducido a una mínima expresión. Y un sistema que empieza a trasladar la responsabilidad a las provincias sin los recursos necesarios para sostenerla.
¿Dónde quedó entonces la “normalidad” que anunciaban?
La respuesta es incómoda: nunca existió.
Los diputados libertarios no fueron engañados. Fueron funcionales. Eligieron repetir un discurso político que buscaba ocultar el ajuste en marcha, mientras puertas adentro ya se discutían recortes, reemplazos de programas y reducción de prestaciones.
Lo más grave no es solo la contradicción, es el daño social que genera.
Porque cuando se miente sobre salud pública, no se está discutiendo ideología. Se está jugando con la vida de las personas. Con jubilados que dependen del acceso a medicamentos. Con familias sin cobertura que encuentran en el sistema público su única respuesta.
El Plan Remediar no es un gasto. Es una red de contención básica, el Plan SUMAR no es un programa más, es acceso a atención para quienes no tienen nada.
Negar su deterioro no es un error político, es una irresponsabilidad.
Mientras el gobierno nacional avanza con su política de ajuste, los representantes que deberían defender a la provincia eligen callar o, peor aún, desinformar. Se transforman en voceros de un relato que no resiste el contraste con la realidad.
Y la realidad es clara: menos medicamentos, menos programas, menos Estado.
En ese contexto, las palabras del 6 de marzo no fueron un mensaje de tranquilidad.
Fueron el inicio de una maniobra para encubrir lo que hoy ya es evidente.
El ajuste en salud existe.
Y quienes lo negaron, hoy quedan expuestos.
