reforma constitucional

El Gobierno provincial apeló el fallo que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes y ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la nulidad del decreto o habilita nuevamente el proceso impulsado por Gustavo Melella. El sorteo definió a Daniel Sacks, Paola Caucich y Sergio Dieguez como los magistrados que intervendrán en una causa con fuerte impacto institucional y político.

La Ley 1529 que habilitaba la reforma parcial de la Constitución Provincial fue oficialmente abrogada y la decisión ya fue formalmente comunicada al Juzgado Electoral. Con la notificación formal del Poder Legislativo, la convocatoria impulsada por el gobernador Gustavo Melella pierde definitivamente el respaldo normativo que le daba origen.

El gobernador acudió a las redes sociales para expresar su fastidio contra la decisión de la Legislatura, el órgano de mayor representación democrática de la provincia, luego de perder por 11 votos contra 3.

La Legislatura de Tierra del Fuego tratará la insistencia parlamentaria sobre tres leyes vetadas por el gobernador Gustavo Melella: la derogación de la convocatoria a elecciones constituyentes, el goteo automático de fondos para municipios y la suspensión de cortes de servicios esenciales durante el invierno, leyes que son fundamentales entendiendo el grave contexto económico que atraviesan las familias fueguinas. 

La Legislatura de Tierra del Fuego tratará la insistencia parlamentaria sobre tres leyes vetadas por el gobernador: la derogación de la convocatoria a elecciones constituyentes, el goteo automático de fondos para municipios y la suspensión de cortes de servicios esenciales durante el invierno, leyes que son fundamentales para los fueguinos entendiendo el grave contexto económico que atraviesan las familias fueguinas. 

Con dos vetos explosivos que algunos sectores denuncian como inconstitucionales, Gustavo Melella decidió avanzar contra la Legislatura y redoblar la tensión con la Justicia en medio de la crisis por la reforma constitucional. El gobernador frenó la derogación del proceso constituyente y bloqueó el goteo automático a municipios, profundizando un conflicto institucional que ya enfrenta al Ejecutivo con jueces, legisladores e intendencias de toda la provincia.

Las declaraciones del jefe de Gabinete Jorge Canals contra la jueza electoral Mariel Zanini encendieron una grave alarma institucional en Tierra del Fuego. En medio de la pelea por la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella, el Ejecutivo salió públicamente a presionar y deslegitimar a una magistrada que interviene en una causa sensible para el poder político. Las advertencias sobre “consecuencias políticas”, los cuestionamientos personales y las acusaciones de “trabar deliberadamente” el proceso ya no pueden interpretarse como simples diferencias jurídicas: representan un peligroso avance sobre la independencia judicial y un ataque directo al sistema republicano de gobierno.

La verdadera razón detrás de la reforma constitucional empieza a quedar al descubierto, habilitar un nuevo esquema jurídico que le permita a Gustavo Melella reiniciar el conteo de mandatos y avanzar hacia el sueño del “Melella eterno”. Bajo la teoría de que una nueva Constitución implica un nuevo orden institucional y jurídico, el oficialismo buscaría abrir la puerta a una reelección indefinida en medio de una provincia atravesada por la crisis económica, el deterioro social y el rechazo creciente a un proyecto cada vez más asociado a la perpetuación en el poder.

El ex gobernador de la provincia, José Estabillo, cuestionó la iniciativa oficial de reforma de la Constitución provincial y planteó que no es una prioridad. Sostuvo que la Constitución permite cambios sin avanzar en una reforma integral. Deslizó que detrás de cada intento de reforma hay intereses personales.

En plena crisis económica y sin un solo reclamo social que la respalde, el gobierno intenta justificar una reforma constitucional que nadie pidió. Con argumentos débiles y sin debate real, la iniciativa avanza desconectada de las prioridades de los fueguinos y en el peor momento para imponer un gasto de mas de 8mil millones.

En medio de una crisis que ya dejó miles de empleos en el camino y con una reforma que costaría más de $8.000 millones, el gobernador Gustavo Melella se niega a realizar cualquier ajuste en un gabinete político que ronda los 2.000 funcionarios. Mientras se le pide esfuerzo a la sociedad, el Estado provincial mantiene intacta su estructura, profundizando la desconexión entre el poder y la realidad que atraviesan los fueguinos, acorralado por la Legislatura que mañana podría dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para la Reforma Constitucional Melella publicaria el decreto en las proximas horas.

En plena crisis económica y con miles de empleos en riesgo, la Legislatura avanzó con un dictamen para frenar la reforma constitucional impulsada por Gustavo Melella, que implicaba un gasto superior a los $8.000 millones de pesos. La decisión abre un fuerte conflicto político y pone en el centro del debate el uso de recursos públicos en uno de los momentos más críticos que atraviesa la provincia.

En un contexto marcado por dificultades cada vez más visibles en áreas sensibles como salud, educación, seguridad y falta de empleo, la presidenta de Somos Fueguinos, Liliana ‘Chispita’ Fadul, cuestionó con dureza el avance de una posible reforma de la Constitución provincial y puso el foco en las prioridades que, a su entender, hoy demanda la provincia.

Según el informe de la consultora Neodelfos, casi el 80% de los fueguinos rechaza la reforma constitucional, mientras que apenas una pequeña minoría la respalda y otro pequeños sector se muestra indiferente. Además, la mayoría considera que no es una prioridad, y exige respuestas urgentes en materia económica y social.

En el marco de la inauguración de la Carpa de la Dignidad, el intendente de Río Grande cuestionó avanzar con la reforma de la Constitución en el actual contexto económico y advirtió que implicaría un “gasto desmedido”.

Ensayando una defensa del proyecto Melella eterno, Federico Sciurano advirtió que no es sencillo frenar la reforma constitucional, pero omite decir que su origen fue un proceso exprés de lo más vergonzoso que se vio en la legislatura provincial, sin debate y con legisladores que contaban sus ultimar horas en la cámara. Para Sciurano la “complejidad” aparece ahora, cuando se intenta evitar un costo de $8.000 millones.

El intendente de Río Grande, Martín Perez, respaldó el proyecto presentado por el legislador Jorge Lechman para derogar la ley 1529. El Intendente advirtió que no es momento para avanzar con la reforma constitucional en Tierra del Fuego.

Se trata de la reforma constitucional que se calcula le costaría a los fueguinos unos 8 mil millones de pesos en medio de la crisis financiera y económica mas grave de las últimas décadas.