Polo Sur
El jefe de Gabinete de Melella, Jorge Canals, salió a defender la convocatoria a la reforma constitucional con una serie de afirmaciones que, lejos de despejar dudas, abren más interrogantes que certezas. En un contexto de caída del empleo, cierre de empresas y fuerte deterioro social, el gobierno insiste en avanzar con un proceso que implica un alto costo económico y, sobre todo, una débil legitimidad de origen.
El primer punto a cuestionar es el supuesto “debate sobre qué provincia queremos”. ¿Cuándo se dio ese debate? ¿Dónde? No hubo consultas previas, ni instancias participativas amplias, ni una demanda social visible que reclame una reforma constitucional. La iniciativa surge desde el poder político y se presenta como una necesidad colectiva que, en los hechos, nunca fue expresada por la ciudadanía fueguina en ningún ámbito publico.
Canals con un argumento infantil sostiene que la Constitución “fue escrita cuando no existía Internet”, como argumento para justificar su actualización. Sin embargo, la modernización normativa no requiere exclusivamente una reforma integral de la Carta Magna. Existen herramientas legislativas y políticas públicas que permiten adaptar el funcionamiento del Estado sin necesidad de abrir un proceso constituyente costoso y complejo.
Otro de los ejes planteados es la eliminación de “estructuras que la sociedad cuestiona”. Pero nuevamente aparece la misma pregunta: qué sociedad? qué estructuras? dónde están los reclamos concretos? No se conocen estudios, encuestas, ni indicadores que respalden esa afirmación. Se trata más de una construcción discursiva desesperada y motivada por motivos personales que de una demanda social real.
El intento de instalar temas como Malvinas dentro de la reforma también genera dudas. La cuestión Malvinas ya forma parte del entramado jurídico y político nacional y provincial. Incorporarla como argumento para justificar una reforma integral parece más un recurso simbólico que una necesidad institucional concreta.
Más preocupante aún es la afirmación de que “el momento económico no debe limitar el debate”. En la práctica, implica ignorar la realidad, miles de familias enfrentan pérdida de ingresos, incertidumbre laboral y caída del poder adquisitivo. En ese contexto, destinar más de $8.000 millones a una elección constituyente no es neutral; es una decisión política que establece prioridades claras, que están muy alejadas de las prioridades de los fueguinos.
El argumento de que “la gente decidirá en las urnas” tampoco resuelve el problema de fondo. Votar no equivale a haber debatido. Sin información clara, sin discusión previa y con un proceso forzado desde el poder, la elección puede convertirse más en una formalidad que en una verdadera deliberación democrática.
En los mismos términos en los cuales se aprobó la ley que dio inicio a todo este proceso constitucional, con legisladores que estaban pasando las ultimas horas en sus cargos electivos, con un proyecto enviado por el gobernador a la legislatura que no tuvo el tratamiento y el debate necesario para considerar la relevancia que una reforma constitucional merece. El proyecto se presento en plena sesión ordinaria y fue votado a libro cerrado sin ningún tipo de debate, sin análisis en las comisiones correspondientes.
Como si esto fuera poco, el planteo del gobernador Gustavo Melella en sus redes sociales de que la reforma constitucional apunta a reducir el gasto político carece de sustento cuando se lo contrasta con los hechos de su propia gestión. Durante siete años no solo no se avanzó en ningún proceso de racionalización del Estado, sino que se consolidó una estructura que hoy ronda los 2.000 cargos políticos, muchos de ellos sin funciones claramente identificables. No existe ningún impedimento constitucional que haya bloqueado una reducción del gasto, si la decisión política hubiese existido, el ajuste podría haberse implementado por vía administrativa hace años. Plantear ahora que es necesaria una reforma para hacerlo resulta, en el mejor de los casos, inconsistente y, en el peor, una forma de trasladar a la Constitución responsabilidades que son estrictamente de gestión.
Más grave aún es que el crecimiento del gasto político ya está teniendo consecuencias directas sobre los derechos que el propio gobierno dice querer proteger. Con un déficit fiscal que alcanza el 16,4% y un rojo mensual de $27.000 millones, la provincia enfrenta un deterioro visible en áreas críticas: falta de profesionales e insumos en salud, atraso salarial e infraestructura en educación, crisis en la obra social estatal y dificultades crecientes en el acceso a la vivienda. Es decir, el desorden fiscal generado por decisiones del Ejecutivo ya está afectando servicios esenciales. En ese contexto, avanzar con una reforma costosa bajo el argumento de “no afectar derechos” no solo es contradictorio, sino que evidencia una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad que viven los fueguinos.
La pregunta central sigue sin respuesta: ¿por qué ahora? qué urgencia justifica avanzar con una reforma constitucional en el momento más crítico de la economía fueguina?
Hasta el momento, las respuestas oficiales no logran sostener el peso de esa decisión. Y lo que debería ser un debate profundo sobre el futuro de la provincia corre el riesgo de convertirse en un proceso impuesto, sin consenso y desconectado de las verdaderas prioridades de la sociedad.
Porque antes de discutir qué provincia queremos en 30 años, hay una pregunta más urgente:
qué provincia estamos dejando hoy?
