Polo Sur
En un contexto de profunda crisis económica y social en Tierra del Fuego, el gobernador Gustavo Melella confirmó la firma del decreto que convoca a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto, avanzando con una reforma constitucional que nadie le pidió y que implicará un gasto superior a los $8.000 millones.
La decisión del Ejecutivo provincial se produce en uno de los momentos más delicados que atraviesa la provincia, con miles de empleos perdidos, empresas que cierran y una caída sostenida de la actividad industrial. Sin embargo, lejos de priorizar medidas para contener la crisis, el gobierno optó por impulsar un proceso electoral de alto costo que no ofrece respuestas inmediatas a las urgencias de la población.
A través de sus redes sociales, el mandatario defendió la iniciativa señalando que se busca una provincia “donde los derechos no sean promesas” y convocó a la participación ciudadana. Pero en la práctica, el anuncio expone una fuerte contradicción: mientras se le pide esfuerzo a los fueguinos, el Estado se embarca en un gasto millonario difícil de justificar en el actual escenario.
La convocatoria también se da en medio de tensiones políticas con la Legislatura, donde ya se había avanzado con un dictamen para frenar el proceso por considerarlo inoportuno. Aun así, el Ejecutivo decidió acelerar la firma del decreto, profundizando el conflicto institucional y dejando en evidencia la falta de consenso en torno a una reforma de semejante magnitud.
El dato económico es contundente. Más de $8.000 millones destinados a una elección constituyente en una provincia que enfrenta problemas estructurales en empleo, producción y financiamiento. Para muchos sectores, se trata de una decisión desconectada de la realidad que atraviesan miles de familias.
La reforma constitucional podría ser un debate válido en otro contexto. Pero hoy, con una economía golpeada y una sociedad en alerta, la prioridad parece estar lejos de las verdaderas necesidades de la provincia.
Mientras Tierra del Fuego enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente, el gobierno provincial decidió seguir adelante. Y el costo, una vez más, lo pagarán los fueguinos.
